El 3 de marzo de 2020 -poco antes de que el estallido social declinara debido a la pandemia- Carabineros detuvo a un gran número de personas en las cercanías de Plaza Dignidad. El número de detenidos osciló entre 30 y 60 según distintas versiones, y fue aclamado por la policía y algunos medios como el gran triunfo de un cambio de estrategia de Carabineros, los cuales aseguraron que los detenidos eran supuestamente de la primera línea.
Lo cierto es que aún a estas alturas no se consigue probar delito alguno contra los detenidos en esa ocasión, en un proceso que ya excede el año y medio de duración por la denominada ley antibarricadas, y en el cual se mantuvo a varios de los imputados en prisión preventiva durante meses.
El pasado miércoles 20 de octubre se realizó la audiencia de preparación del juicio oral en lo penal en el 7° Juzgado de Garantía, para 16 de los imputados -que concurrieron a través de zoom- los cuales decidieron llegar al juicio oral en atención a que se encuentran convencidos de su inocencia.
La audiencia, encabezada por el magistrado Jaime Fuica Martínez, se extendió por más de tres horas y contó con la participación del Ministerio Público como contraparte de los 16 imputados, pero también con el Ministerio del Interior, el cual figura como querellante en el procedimiento.
Sin embargo, el resultado de la audiencia no trajo buenas noticias precisamente para Interior.
Prácticamente toda la prueba que presentó la cartera encabezada por Rodrigo Delgado -aunque al inicio del procedimiento el ministro era Gonzalo Blumel- fue rechazada por el tribunal, de manera que no será tomada en cuenta en el juicio oral que tendrá lugar en los próximos meses contra estos imputados.
Interior había presentado como prueba contra los imputados 30 elementos de 'prueba documental' y una adicional como 'prueba material'. De los 30 documentos que Interior presentó como prueba, 26 de ellos eran meros recortes de prensa que incluían noticias sobre desórdenes públicos durante el estallido social.
Los recortes de diario que Interior pretendía presentar como prueba, pero que fueron rechazadas por el tribunal, corresponden a artículos de El Mercurio (12), La Tercera (7), La Cuarta (5) y Las Últimas Noticias (2), todos diarios pertenecientes a El Mercurio S,A. o Copesa.
Para peor, ninguna de esas noticias corresponde ni al día ni al lugar en que fueron detenidos los imputados el 3 de marzo de 2020. (Revisar el acta en el que se detalla la prueba presentada por Interior desde la página 22 del siguiente documento).
Además de esos 26 recortes de prensa, el Ministerio del Interior presentó como prueba tres resoluciones de Corte de Apelaciones que versaban sobre casos distintos al de los detenidos, las que también fueron rechazadas por el tribunal. Para completar las 30 pruebas documentales, Interior incluyó también el decreto N°472 del 18 de octubre de 2019, con el cual el gobierno decretó el estado de emergencia debido a las protestas para toda la Región Metropolitana. El 7° Juzgado de Garantía solo accedió a mantener esta última prueba, rechazando toda la demás.
Además de esto, el Ministerio del Interior presentó como 'prueba material' un DVD que contiene un video en el que Galería Cima registró lo sucedido en Plaza Dignidad el día 3 de marzo de 2020. Sin embargo, como es de público conocimiento, esos registros audiovisuales solo apuntan al sector de la Plaza, y no a la calle Ramón Corbalán -a unas cuadras de Baquedano- donde ocurrieron las detenciones.
Los recortes de diario que Interior pretendía presentar como prueba, pero que fueron rechazadas por el tribunal, corresponden a artículos de El Mercurio (12), La Tercera (7), La Cuarta (5) y Las Últimas Noticias (2), todos diarios pertenecientes a El Mercurio S,A. o Copesa.
"Estamos hablando del artículo correspondiente a la ley antibarricadas. Ninguno de ellos está procesado por una molotov, por saquear o destruir. Y sin embargo después los grandes medios publican estas detenciones relacionadas con ese tipo de actos. Ninguna de estas personas está formalizada por alguna cosa distinta que simplemente participar de una protesta".
El acta de la audiencia deja constancia de esto de la siguiente manera:
“La defensa pública solicita excluir toda la prueba ofrecida, adhieren todas las defensas particulares, por manifiesta impertinencia de la prueba documental y material ofrecida por la querellante [Ministerio del Interior]. El querellante se opone a la exclusión total de su prueba ofrecida. El tribunal resuelve excluir toda la prueba ofrecida por el querellante, manteniendo únicamente el documento N° 30 de los puntos de prueba documental. El tribunal resuelve excluir la prueba material ofrecida por la querellante por impertinencia”.
Algunos de los titulares de las notas utilizadas como prueba por Interior son los siguientes:
elmercurio1.jpg
elmercurio2.jpg
latercera.jpg
lacuarta.jpg
De esta forma, el tribunal accedió a considerar de manera exclusiva la prueba presentada por el Ministerio Público, la que incluye múltiples videos de cámaras corporales de Carabineros, videos registrados por drones y también una multitud de testigos. Se trata de 38 para ser exactos, una cantidad muy alta -excesiva en opinión de algunos abogados- en comparación con otras causas por delitos de cuantía similar. Todos los testigos son funcionarios de Carabineros.
“En algún momento, el sistema en general operó para encerrar a personas que en otras circunstancias jamás hubieran estado presas ni se hubieran enfrentado a un proceso de ya casi dos años. Ministerio Público, el Gobierno, incluso los jueces, que se prestaron para decretar estas prisiones preventivas”.
En conversación con INTERFERENCIA, uno de los abogados de la defensa, Nicolás Pavez, señaló que “esto una demostración de que Interior y el Gobierno pretenden convertir esta causa en una especie de juicio político del estallido. Lo ven como un caballito de batalla para criminalizar la protesta. Esa prueba que buscaba el agravante de la conmoción pública no era prueba de calidad y no tenía relación con el caso. Había recortes de octubre de 2019, de noviembre, y los detenidos son de marzo de 2020”.
Si bien los 16 imputados se encuentran en este momento sin prisión preventiva, varios de ellos estuvieron durante semanas y meses en esa condición. “Pienso que esta gente está siendo objeto de una persecución penal que no corresponde. Aquí estamos hablando del artículo correspondiente a la ley antibarricadas. Ninguno de ellos está procesado por una molotov, por saquear o destruir. Y sin embargo después los grandes medios publican estas detenciones relacionadas con ese tipo de actos. Ninguna de estas personas está formalizada por alguna cosa distinta que simplemente participar de una protesta”, señaló Pavez
“Hablamos de penas de entre 61 a 540 días. Cuando una persona arriesga una pena inferior a 3 años, jamás pasaría un día preso en un contexto normal. Todos ellos deberían ser beneficiarios de libertad inmediata. Y aquí llevamos ya casi dos años en esto”, señaló el abogado, el cual además piensa que “en algún momento, el sistema en general operó para encerrar a personas que en otras circunstancias jamás hubieran estado presas ni se hubieran enfrentado a un proceso de ya casi dos años. Ministerio Público, el Gobierno, incluso los jueces, que se prestaron para decretar estas prisiones preventivas”.
“El sistema chileno se caracteriza precisamente porque ante delitos chicos y con irreprochable conducta anterior, como la mayoría de estos casos, tiene salidas muy rápidas. Y aquí tendremos un proceso que con la cantidad de testigos que presenta Fiscalía, probablemente pasemos de los dos años, con los costos que eso significa, para el Estado y para todas estas personas”, cerró Pavez.
Comentarios
que verguenza las pruebas que
Realmente todo es increíble,
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