El pasado 18 de enero el Tribunal de Garantía de Concepción condenó al periodista y entonces director de Resumen, Felipe Soto Cortés, por el delito de injurias graves a 61 días de reclusión, pena conmutada a libertad condicional por un año, y al pago de una multa de $680.000 pesos. 

Lo anterior a partir de una querella presentada contra Soto por el director de la Unidad de Pesca y Acuicultura en la Región del Bío Bío, Rodrigo Daroch, tras la publicación de un artículo el 5 de julio de 2022, con información de la Contraloría General de la República, en la que se señaló que el funcionario público estaría recibiendo un sobresueldo en contratos paralelos. 

Soto apeló a la sentencia a través de un recurso de nulidad en la Corte Suprema, el que debe ser revisado en los próximos días.

En medio, la noticia generó una ola de reacciones tanto a nivel local como en el extranjero, con diversas organizaciones criticando la decisión del tribunal y solidarizando con este periódico online afincado en Concepción, como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) y el Colegio de Periodistas. 

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Reporteros sin Fronteras (RSF), el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) y el Colegio de Periodistas criticaron la decisión del tribunal que condenó al periodista de Resumen.

INTERFERENCIA se contactó con Felipe Valenzuela, actual director de Resumen, quien asumió el cargo tras la situación judicial de Cortés Soto, para conocer las impresiones del periódico sobre la sentencia y las reacciones que ha generado a nivel nacional e internacional. 

Consultado por cómo afectó en la interna al medio, Valenzuela reconoció que “entendemos que este es un fallo que constituye un golpe para el medio, sin dudas”. Según Valenzuela, “Resumen es un medio independiente, que tiene un equipo relativamente pequeño y cuya buena parte de sus esfuerzos se ha destinado justamente a enfrentar esta situación judicial”. 

El periodista expresó que “quiero dejar absolutamente claro que este es un fallo que no sólo enciende alertas en nuestro medio, sino en todos los medios periodísticos chilenos. Lo anterior, básicamente porque el contenido del artículo que fue cuestionado y que motivó la querella de Rodrigo Daroch, es una pieza periodística que informa respecto a datos divulgados en un informe de Contraloría. Y lo que hace esta querella es finalmente castigar una interpretación que se hace sobre esta información, en ningún caso alterándola"

Al respecto, Valenzuela agrega que hay una circunstancia muy concreta en la normativa chilena que hay que atender; "la ley que regula el ejercicio periodístico establece que toda persona aludida en una publicación y que esté disconforme con su contenido tiene derecho a réplica. Y en este caso, el titular de esta querella no ejerció este derecho, sino que de inmediato pasó a querellarse contra el medio. Entonces es una situación sumamente peligrosa para el ejercicio periodístico en Chile en su conjunto”. 

En esa línea, Valenzuela recordó que hay una serie de recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de un fallo de 2022, “donde se le dice al Estado de Chile que la normativa jurídica chilena tiene castigos que son inapropiados para el ejercicio periodístico en el país”. 

“A mi juicio, hay un antecedente muy relevante que consignó el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) en donde informa que las acciones judiciales contra periodistas en Chile han aumentado ostensiblemente en estos últimos años. Lo que uno podría interpretar al respecto es que sencillamente esto podría constituir una respuesta ante la fiscalización que el periodismo está ejerciendo”

Consultado por el contexto general de las acciones judiciales contra periodistas en el país, el actual director del periódico digital manifestó que “a mi juicio, hay un antecedente muy relevante que consignó el Observatorio del Derecho a la Comunicación (ODC) en donde informa que las acciones judiciales contra periodistas en Chile han aumentado ostensiblemente en estos últimos años. Lo que uno podría interpretar al respecto es que sencillamente esto podría constituir una respuesta ante la fiscalización que el periodismo está ejerciendo sobre las autoridades públicas y a quienes están en puestos de toma de decisiones”. 

Al respecto, el periodista apuntó que “para nadie constituye un antecedente nuevo que muchos de los casos de corrupción o de malversación de fondos públicos hayan sido en primera instancia revelados por el ejercicio periodístico en al menos las últimas dos décadas. Y a partir de ahí se han generado acciones judiciales que han tenido distintos alcances. Entonces, la labor periodística, investigativa e informativa, se ha constituido en un elemento central en este país. En ese sentido, como uno podría interpretar este aumento de acciones judiciales contra periodistas tiene absoluta relación con ese contexto”.

Ante la consulta sobre las expectativas para la apelación en la Corte Suprema y la escalada de acciones legales en contra de la prensa en Chile, Valenzuela sostuvo que “estamos esperando el fallo de la Corte Suprema. Esa fue la instancia donde se apeló y creemos que va a respaldar el ejercicio periodístico y el derecho a la información. A nuestro juicio, esto establece un precedente para el mundo del periodismo para que pueda observar con mayor atención este tipo de circunstancias. Esto porque hoy le afectó a Resumen, le puede estar afectando a periodistas en particular, pero en realidad es el ejercicio periodístico en general el que está siendo trastocado por este tipo de circunstancias”. 

“Lo anterior porque probablemente existan muy pocos antecedentes para establecer situaciones de censura, pero si este tipo de acciones judiciales escala y se vuelven generalizadas, pueden constituirse en mecanismos de inhibición para poder informar, ante lo que estaríamos enfrentando una situación de autocensura sumamente riesgosa para cualquier democracia”, aseveró.