El 5 de agosto de 2021, a las 17.30 horas, Henry Comber, presidente de Casinos Enjoy, Nicolás Imschenetzky, presidente de Casinos Marina del Sol, y Teodoro Ribera, entonces asesor de la Asociación Chilena de Casinos de Juegos, se reunieron vía videoconferencia durante una hora con Vivien Villagrán, la superintendenta de Casinos y Juegos.

Según consta en el registro de la Ley de Lobby, en esa reunión “los representantes de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (…) expresaron su preocupación respecto del proceso de otorgamiento o renovación de permisos de operación que se reinició en mayo de este año, en consideración a la situación sanitaria del país, e indicaron que realizarán una presentación ante la SCJ para dejar sin efecto la resolución que declaró abierto el proceso de otorgamiento de permisos de operación y la que aprobó las bases técnicas en julio de 2020 (…) Asimismo indicaron una serie de ajustes que deberían realizarse a la Ley de Casinos para hacerse cargo de la realidad actual de la industria”.

Dos semanas después, el 19 de agosto, los mismos tres representantes de la industria de juegos, se reunieron de manera presencial en el 12° piso de Teatinos 120 con el entonces subsecretario de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera, Alejandro Weber. Esa subsecretaría es la repartición jerárquica superior, entre otros organismos, de la Superintendencia de Casinos y Juegos. En el registro de Infolobby esta reunión se describe de manera más escueta: “Saludo protocolar (y) análisis de la actual situación de los casinos de juegos”.

“A mí me contrató [la Asociación Chilena de Casinos de Juegos] para hacer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, pero les sugerí agotar antes el diálogo con las autoridades pertinentes, y a ello corresponden esas dos audiencias”, afirmó Ribera a nuestro medio.

La participación del ex ministro de Justicia y ex canciller de Sebastián Piñera, en su primer y segundo gobierno, respectivamente, en defender intereses de la industria de casinos durante 2021 (cuando Piñera estaba en el gobierno) era hasta hoy desconocida.

“A mí me contrató [la Asociación Chilena de Casinos de Juegos] para hacer un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, pero les sugerí agotar antes el diálogo con las autoridades pertinentes, y a ello corresponden las dos audiencias que ustedes mencionan”, afirmó Ribera a nuestro medio al ser contactado respecto de este tema.

En esos momentos, durante el primer semestre de 2021, la industria venía saliendo de la dura crisis provocada por la pandemia del Covid-19, que los había obligado a mantener sus locales cerrados durante muchos meses y después operar con aforos reducidos. Al mismo tiempo coincidía con el inicio del período en que se tenían que volver a licitar las licencias entregadas años antes. La industria presionó a las autoridades, incluyendo requerimientos ante la justicia, para postergar las renovaciones de permisos, alegando, entre otras cosas, que sus inversiones iniciales habían sido cuantiosas y que las autoridades deberían tomar eso en consideración.

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Según fuentes conocedoras de esta industria se trataba de un “voladero de luces”, ya que los actores del rubro siempre supieron que los permisos de operación iban a durar 15 años y después se vendría el proceso de renovación en el que, por ley, podían competir otros actores.

Ante la negativa de las autoridades de otorgar privilegios especiales a esta industria, el gremio decidió impugnar la política de la SCJ ante el Tribunal Constitucional. Y para ello contrataron a Ribera, quien incorporó a su equipo a Enrique Navarro, abogado experto en materia constitucional.

Pero antes de irse con todo en contra de las autoridades, ambos abogados habrían recomendado iniciar un diálogo con éstas. “A mí me contrataron para ir al Tribunal Constitucional, pero sugerí agotar antes las conversaciones con las autoridades respectivas”, afirmó Teodoro Ribera a nuestro medio. “Me costó armar esas reuniones, porque los jefes de casinos no querían”, aseguró.

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Ribera y Navarro elaboraron el escrito que se iba a presentar ante el Tribunal Constitucional en julio de 2021, antes de las reuniones con las autoridades, pero la presentación finalmente nunca se hizo.

Según cercanos a Teodoro Ribera -quien fue diputado por RN entre 1990 y 1998, y durante más de una década rector de la Universidad Autónoma de Chile- su paso de asesor y lobbista para esta industria le dejó un sabor amargo. “Es una industria ruda”, afirma una de estas personas.