A principios de febrero Matías Pérez, presidente de Gasco, hizo noticia sin haberlo querido. Al expulsar de los bordes del lago Ranco a un grupo de mujeres que descansaban en los lindes de su propiedad, abrió un viejo debate acerca del carácter público de las costas de las playas de mares, lagos y ríos.

Frente al escándalo del video en que Pérez maltrata a las veraneantes, el 14 de febrero el gobierno promulgó una modificación al artículo número 13 de la Ley 1.939, correspondiente a la normativa de adquisición, administración y disposición que aplica a los bienes nacionales. Esta modificación permite la sanción con una multa que va desde las 10 a las 100 UTM (490.000 y 4.900.000 pesos aproximada y respectivamente) a los ocupantes de terrenos que tengan bloqueado el libre acceso a las riberas de playas, lagos o ríos.

A cinco días de que entrara en vigencia la llamada “Ley Playas Abiertas”, la ministra subrogante de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, llegó junto a carabineros a un fundo ubicado en las orillas de la playa Mónaco en Pichilemu. Con un napoleón cortaron los candados que bloqueaban el libre acceso a la ribera de la playa y luego le cursaron un parte a los dueños.

Bravo festejó en Twitter y difundió fotos de ella a la orilla del mar con tres candados, una bandera chilena y el puño en alto. Luego declaró “está contento el mar porque hemos logrado por primera vez acceder a un bien nacional de uso público”.

Sin embargo, para Mónica Sánchez, vicepresidenta del Partido Socialista  la modificación del artículo no cambia radicalmente la situación de los accesos bloqueadas hacia las riberas a lo largo de Chile. Esto, pues las multas aplican solo "una vez fijadas las vías de acceso", siendo que el problema es justamente que las playas privadas de Chile lo son porque es muy difícil fijar esas vías de acceso. 

Según Sánchez, las intendencias no pueden hacerlo por mero concurso de su autoridad y requieren de la colaboración de los dueños de los terrenos colindantes para crear caminos y servidumbres, quienes pueden objetar las rutas propuestas por la autoridad al momento de fijarlas o posteriormente ante tribunales.

¿De qué forma la modificación a la ley 1.939 cambia la situación del acceso a las riberas bloqueadas por privados?

Hay falta de voluntad política por hacer un cambio sustancial. Solo se hizo una modificación a la ley incorporando un inciso en el artículo 13. Esta fue la gran modificación que hicieron. Lo que mantiene impedimentos o condicionantes para que la autoridad pueda liberar esos terrenos que están retenidos por privados y dejar los accesos libres a los ciudadanos.

La ley establece la condición de que el acceso libre solo está destinado para fines turísticos y de pesca. Pero además pone algunas condicionantes para que el intendente de la región que corresponda pueda iniciar el procedimiento de liberar esos terrenos.

Cuando Alejandra Bravo, la ministra subrogante de Bienes Nacionales, abrió los portones de acceso a un fundo en Pichilemu ¿Cumplió con el curso regular que estipula la ley?

Aparentemente no, porque la ley establece que el intendente debe contactarse con los propietarios o tenedores del terreno y debe solicitar a Bienes Nacionales que proponga una ruta. En caso de que los privados no se encuentren de acuerdo con la ruta establecida pueden acudir a un tribunal ordinario de justicia.

Si eso lo hizo, yo no encontré noticia de ello. Además, creo que esto fue una acción mediática y publicitaria. Aquí no hicieron efectivo lo que había entrado en vigencia hace menos de una semana.

Después de la dictadura, en 1996, también se intentó garantizar el libre acceso a las playas, ríos y lagos pero el proyecto de entonces no prosperó, porque fue declarado inconstitucional tras un requerimiento del que participaron personas como Andrés Allamand, Baldo Prokurica, Alberto Cardemil, Alberto Espina, entre otros

Eso fue el Decreto Supremo N° 1 del Ministerio de Bienes Nacionales, fechado en enero de 1996. Sin embargo, fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional, tras un requerimiento presentado por 12 senadores y 34 de diputados de la derecha. Parte de los parlamentarios que presentaron el requerimiento aún se mantienen en ejercicio.

El fondo del asunto fue preservar la propiedad privada. Porque se entendió que había un derecho adquirido por parte de estos privados en torno a los terrenos. Ese fue el principio rector de todas las acciones que emprendieron los parlamentarios de la época y algunos forman parte del actual gobierno.

Luego de la situación que involucró a Matías Pérez en el Lago Ranco el tem alcanzó un interés nacional ¿La modificación al artículo 13 nació desde iniciativas de grupos o colectivos que se organizaron para tener libre acceso a las riberas?

La verdad es que no tengo conocimiento de si hay algún movimiento que haya persistido. Los hubo durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuando el ministro de Bienes Nacionales, Víctor Osorio, hizo una acción de esta naturaleza por la vía de la fuerza.  Esto fue a propósito de denuncias y movimientos que se realizaron en esa época.

El tema reflotó mediáticamente, a través de redes sociales, no por por el gobierno. Fue una presión que nació en redes sociales luego de lo ocurrido en el Lago Ranco.

Además, si tú ves la fecha de publicación de la modificación al artículo 13, fue el 14 de febrero. Por lo tanto, es un proyecto de ley que pasó sin mayores modificación, y que fue aprobado de manera unánime sin ningún tipo de dificultad. Hay que considerar que febrero es un periodo muerto en el Congreso.

Tras el escándalo que involucró al ministro Felipe Ward por ceder terrenos del Parque Nacional Patagonia a la minera Equus Mining, la acción realizada por la ministra subrogante y la modificación a la ley fueron presentadas como un logro del Ministerio de Bienes Nacionales ¿Cree que la acción fue para mejorar la evaluación del ministerio?

Sin duda alguna. Y lo presentan como logro porque finalmente esta iniciativa pasó sin oposición. El lujo está en cómo fue la gestión del proyecto. Eso es solo en términos de forma, porque en términos de fondo este proyecto no viene a solucionar el problema de tener o no acceso libre y gratuito a playas, ríos y lagos.

Estas tienen que ser reconocidas por lo que son. Bienes nacionales, bien de uso y propiedad de todos los chilenos. No son propiedad privada. Eso es lo que está de fondo aquí.

No es más que eso. Por eso digo que es una farsa con ribetes mediáticos. Utilizado como distractor para enviar el mensaje de que el gobierno se ha hecho cargo del sentir de los ciudadanos y que han resuelto el problema. Pero el problema de la disputa de un bien nacional o bien público aún no está resuelto.