El proyecto de ley denominado “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, impulsado por los grupos empresariales chilenos y las empresas transnacionales que sostienen al gobierno de José Kast, constituye un verdadero “traje hecho a la medida” para beneficiar los intereses de la megaindustria productora y exportadora de salmónidos con base en aguas chilenas.

En el ámbito de la acuicultura, esta iniciativa busca debilitar y reducir los ya precarios estándares ambientales y sanitarios existentes, con el objetivo de facilitar y acelerar el proyecto de expansión productiva y territorial de los monocultivos industriales de salmónidos en las regiones de la Patagonia chilena para el período 2026-2040.

Este proyecto fue negociado entre las patronales salmoneras, la transversal casta política y el actual presidente José Kast durante la Cumbre del Salmón, realizada el 22 de julio de 2025 y organizada por SalmónChile A.G. en el Teatro del Lago de Frutillar, región de Los Lagos. El objetivo declarado es duplicar la producción actual para alcanzar los 2 millones de toneladas anuales de salmónidos a partir de 2040 en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Un proyecto de ley hecho a la carta para el empresariado salmonero

Los artículos negociados entre la clase política transversal y el empresariado salmonero, en esta primera etapa del proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social”, proponen una serie de medidas desregulatorias en favor de la billonaria industria salmonera transnacional que opera en Chile, segundo productor mundial después de Noruega.

Relocalización de concesiones sin evaluación ambiental

La iniciativa elimina la obligación de someter a evaluación ambiental a los centros de salmonicultura industrial que busquen relocalizar —es decir, reubicar— sus concesiones. El no ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) permitiría a las compañías desplazar sus balsas-jaulas hacia nuevos y prístinos ecosistemas costeros sin que se evalúen previamente los potenciales impactos sanitarios y ambientales específicos de dichas relocalizaciones.

Este artículo tampoco aborda los numerosos procesos sancionatorios existentes por causales de sobreproducción ilegal y elusión ambiental, como ocurre en el caso de la empresa salmonera Australis.

La medida permitiría que las 416 concesiones salmoneras que actualmente operan al interior de parques y reservas nacionales de la Patagonia chilena puedan “blanquear” a perpetuidad esta devastadora actividad industrial mediante relocalizaciones selectivas. Asimismo, posibilitaría que aquellas concesiones actualmente en trámite ante el Estado para producir miles de toneladas de salmónidos al interior de zonas de alto valor ecológico, como la Reserva Nacional Kawésqar, queden protegidas legalmente.

Este artículo distorsiona la naturaleza misma de los permisos ambientales, cuyo objetivo es evaluar previamente los impactos sobre el sitio específico donde la industria pretende operar.

De este modo, se busca que el Estado facilite el traslado de concesiones hacia zonas que aún mantienen condiciones sanitarias y ambientales prístinas, eliminando la obligatoriedad de someter estas modificaciones al SEIA.

Cabe señalar que varios centros de producción intensiva de salmones y truchas operan desde hace años sin permisos ambientales, debido a que fueron constituidos antes de la entrada en vigor del SEIA en 1997.

Esta maniobra entre el empresariado y la alta burocracia estatal permitiría que las grandes compañías salmoneras, en el proceso de reubicación de sus concesiones, “blanqueen” de manera express operaciones irregulares y sobreproducciones fuera de la ley, sin evaluación ambiental efectiva y sin que la sociedad civil, la comunidad científica ni los organismos fiscalizadores puedan dimensionar los reales impactos sobre los frágiles ecosistemas marinos y la biodiversidad costera.

Blanqueo de concesiones inactivas

La propuesta también elimina la caducidad —es decir, la pérdida— de aquellas concesiones salmoneras entregadas por el Estado que permanecen durante años sin actividad productiva. Esto constituye un nuevo mecanismo de “blanqueo” para cientos de centros de cultivo que no han operado por razones especulativas o que simplemente funcionan como “activos hipotecados” frente a bancos e inversionistas.

Bajo una lógica neoliberal, se propone reemplazar la caducidad de las concesiones por no uso mediante el pago de patentes incrementadas, de mayor costo, como forma de “castigar el desuso”, evitando cuidadosamente aplicar la pérdida de la concesión por incumplimiento de la legislación vigente.

Debilitamiento del sistema sancionatorio del Estado

El proyecto establece reducir de dos años a seis meses los plazos para invalidar autorizaciones sectoriales en el sistema acuícola frente a situaciones de ilegalidad cometidas durante los procedimientos administrativos.

De manera complementaria, también se reducen los estándares de monitoreo ambiental para los centros de cultivo intensivo de salmónidos, disminuyendo las variables que deberán ser medidas y fiscalizadas por el Estado.

Esta flexibilización podría legitimar irregularidades previas y reducir significativamente los estándares ambientales mediante la disminución de las exigencias de monitoreo y la reducción de los plazos para invalidar permisos viciados.

Externalización de informes ambientales

La iniciativa contempla además externalizar a entidades privadas la elaboración de informes sobre la existencia de bancos naturales —concentraciones densas de organismos marinos, especialmente recursos bentónicos como mariscos y algas—, requisito básico para la entrega de concesiones salmoneras.

La agilización de los Informes Ambientales (INFA) y de los estudios sobre bancos naturales apunta a reducir los tiempos de tramitación administrativa y fortalecer la llamada “certeza jurídica” en favor del empresariado salmonero.

El actual proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social” encubre y profundiza el avance de la megaindustria salmonera sobre los territorios de la Patagonia chilena, poniendo en riesgo su biodiversidad marino-costera, vulnerando los derechos de las comunidades locales y amenazando a los pueblos originarios mediante el intento de debilitar o eliminar la denominada Ley Lafkenche y los Espacios Marino-Costeros de Pueblos Originarios.

Es hora de que la ciudadanía organizada, las comunidades costeras, los pueblos originarios y la comunidad científica independiente hagan oír su voz y se articulen junto a los consumidores de los mercados de destino para enfrentar el tsunami ecocida que representan las políticas proempresariales del gobierno autoritario de José Kast.