“Creo que hay que regular la prensa, los medios de prensa. O sea, no puede en este país seguir ocurriendo lo mismo. No puede ser que cuando una persona llega a un momento tan trascendente, importante de su vida, que es la culminación, sea objeto de gestiones de esta clase, con un ensañamiento, con una virulencia despiadada. Eso no puede seguir ocurriendo. Hoy me pasó a mí. Me pregunto, ¿si no fuera mujer habría sido igual? No sé, permítanme decirles que no habría sido igual. No puede volver a ocurrir que cuando una persona se destaca tengan que atacarla”.

Con esas palabras Dobra Lusic, jueza de la Corte de Apelaciones de Santiago, criticó la serie de cuestionamientos planteados por la prensa -incluido INTERFERENCIA, cuya indagación mostró una serie de compras irregulares de bienes inmuebles por parte de la magistrada en beneficio de su hermano Dinko- los que fue a responder ante la comisión de Legislación, Constitución y Justicia del Senado, en la víspera de su nominación como jueza de la Corte Suprema, para lo cual requiere de 2/3 del Senado.

Sin embargo, el problema que se evidenció en la sala, no fue la labor de la prensa, ni siquiera la falta de criterio de Lusic respecto del valor democrático que desempeñan los periodistas al indagar el poder, sino la falta de rigor en la inquisición por parte de los propios senadores, tanto al plantear los cuestionamientos a la candidata, como en contrapreguntar.

Por ejemplo, el senador Andrés Allamand se refirió a la querella por falsificación de instrumento público y estafa contra Dobra Lusic y dos de sus hermanos, la cual fue aceptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

"Quiero darle la oportunidad de que usted pueda referirse, a una querella, no me consta que se haya presentado [consta de acuerdo a lo publicado por este periódico], dirigida, al parecer, por estafa y por falsificación de instrumento público, que había sido dirigida en contra suya y en contra de sus hermanos", dijo Allamand.

Ante el antecedente, Lusic dijo: "Tampoco se si es efectivo [lo es], pero es una infamia que se produce cinco años después de suscritas las escrituras públicamente y a días de esta audiencia. Señor senador, de qué estamos hablando, qué es lo que hay detrás. Cómo vamos a demorar cinco años en saber de la existencia de escrituras públicas de compraventa [...] Es un asunto familiar, y como un asunto familiar, es mi familia la que va a reaccionar. Yo no quiero referirme a las situaciones personales, pero saben lo que les voy a contar. Saben que esta señora [Taimi Silva, su ex cuñada y la querellante], es una doctora, una médico, mi hermano se enamoró de ella en Cuba, la sacó en balsa, la trajo a Chile, se casó con ella, trajo a su mamá, trajo a su papá, trajo a su cuñada y al marido de la cuñada, les construyó una casa, les dio casa y comida, y le pagó los cursos para que pudiera revalidar su título de médico [...] convalidó el título y ¡antes de los meses, señores senadores y se fue de la casa! Y dejó a mi hermano, solo, y comprometido, con patrimonio que habíamos intervenido todos, la familia. Esos son los antecedentes que es bueno que conozcan [...] Los hechos son graves, y son un infundio, y lo demostraremos". 

Ni tras la intervención ni durante esta hubo contrapregunta alguna, ni de Allamand, ni de ningún otro senador, como pudo ser, por ejemplo, respecto el mecanismo parecido al testaferraje implícito en las operaciones de su hermano -tanto en relación a su ex esposa como respecto de sus hermanas Dobra y Yelica- o que Silva asegura haber llegado a Chile con US $ 100.000 producto de la venta de sus inmiebles en Cuba, sin haber sido una refugiada. 

Y no solo fue así solo con esta materia ni solo respecto de ese senador en particular. Toda la sesión fue así de blanda, con cada cuestionamiento puesto por la prensa (no hubo aportes de parlamentarios), evidenciando que para los sendores el acuerdo político es más relevante que el deber de fiscalizar la idoneidad de quién será un juez supremo.

Otro estándar

En Estados Unidos es muy distinto. Tanto la labor de la prensa como la del Senado (y en especial esta instancia) incluyen un análisis riguroso de cada candidato a la Suprema, que va desde su carrera profesional a sus opiniones sobre cualquiera sea el tema, en una investigación y escrutinio intenso, en especial en la víspera de la nominación.

Por ejemplo, Elena Kagan, también mujer y actual jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, nominada por Barack Obama, fue cuestionada al momento de su postulación a la Suprema por no haberse manifestado claramente en torno a la discriminación contra soldados homosexuales cuando ejercía como decana de la facultad de derecho en la Universidad de Harvard. Con una carrera intachable, Kagan fue sujeto de críticas por “no haber tomado una posición más dura frente al tema”.

La primera latina en llegar a la Corte Suprema tampoco vivió su proceso de selección exenta de polémica. Sonia Sotomayor fue duramente criticada durante su camino a la máxima corte de los Estados Unidos al ser nominada también bajo la administración de Obama en 2010. Fue tildada de racista al comentar que esperaría mejores conclusiones a partir de la experiencia de una mujer latina que de un hombre blanco que no ha vivido esa vida. Incluso, sus comentarios sobre gastronomía portoriqueña fueron objeto de críticas y comentarios en prensa y redes sociales antes de ser designada en la Suprema. Aunque, sobre su historial como jueza no hubo reproches.

Ninguna de estas mujeres, acusó machismo por ser inquiridas en la víspera de sus nominaciones.