“Dentro de la Universidad se vive violencia sexual y se está minimizando y encubriendo”, dice una de las estudiantes movilizadas de la Universidad Diego Portales (UDP). Sus palabras nacen desde una rabia común entre las mujeres estudiantes que ha llevado a que todas las facultades estén paralizadas, y actualmente siete de diez en toma. 

Esta estudiante teme dar su nombre, así como la gran mayoría de las que están movilizadas, pues ha habido serias advertencias desde la dirección jurídica de la UDP de represalias contra quienes revelen información que están en los sumarios de varias denuncias por abuso, acoso o violencia sexual, y por extensión hacia quienes se observen como líderes de las movilizaciones en respuesta a esos casos. Esa presión -según explican varias de las estudiantes movilizadas- ha llevado que las facultades de Psicología, Medicina y de Economía y Empresas se hayan bajado de la movilización, luego de sufrir amenazas por parte de las autoridades universitarias. 

En concreto las estudiantes denuncian varias violaciones a los protocolos de la Normativa de prevención y sanción de acciones de violencia sexual de la UDP, cometidas especialmente por la dirección jurídica, liderada por Fabrizio Jiménez, en los procesos de investigación. Según las estudiantes, estas faltas han permitido encubrir a acosadores, abusadores y violadores, quienes han podido con ello, mantenerse en sus puestos laborales o tener sanciones muy menores en relación a las faltas y/o delitos cometidos. Por el contrario, con la contravención a la normativa, las víctimas -dicen las estudiantes- han sido expuestas y perjudicadas, al punto que varias han salido del institución y se encuentran aquejadas por fuertes secuelas psicológicas.

Las denuncias también salpican al rector Carlos Peña, pues se le acusa de falta de voluntad política para erradicar la violencia sexual de sus espacios, al mantener bajo su confianza a varias autoridades que han desplegado un patrón de protección a los victimarios, todos varones, en especial por parte de Jiménez, de quien piden su remoción para bajar las movilizaciones, entre otros puntos del petitorio. "El rector Peña ha actuado muy mal frente a esto", dicen varias de las estudiantes.

Jiménez declinó referirse a los elementos de este reportaje, aduciendo que es parte del sumario, y Peña fue contactado insistentemente por e-mail y a través de su secretaria, sin poder contactarlo.

Patrón UDP

Cuando se iniciaron las movilizaciones en la Facultad de Derecho el día 20 de agosto, INTERFERENCIA dio a conocer las irregularidades que había cometido la UDP al exponer a las víctimas que denunciaron por acoso a Francisco Cañas, profesor ayudante de la facultad. También se constató la falta de prolijidad en la investigación y el no cumplimiento de los plazos indicados en la Normativa. 

Cañas había acosado vía Instagram a una veintena de estudiantes, como consta a INTERFERENCIA, que vio varios de los mensajes inapropiados del profesor a sus alumnas, de las cuales cinco decidieron denunciarlo por acoso y una por abuso. La dirección jurídica, tardó en separar al acusado de sus acusadoras, lo que dio tiempo para que este expusiera públicamente a las víctimas, acusándolas de hacer eso por tener malas notas, entre otras acciones, como por ejemplo, el levantar fuertes controversias contra académicas mujeres que habían respaldado a las alumnas. 

Lo de Cañas, era la punta del iceberg.

Tanto las deficientes medidas de separación entre víctimas y victimarios, como el manejo de plazos y de elementos de prueba siempre en favor del acusado, son patrones que se repiten una y otra vez. A continuación algunos de los casos recogidos durante el reporteo en las facultades de Derecho, Salud y Odontología, Arquitectura, Arte y Diseño, aunque las estudiantes afirman que hay más casos para cada una de las diez facultades de la UDP.

En marzo de 2018, Carla -cuyo nombre se ha protegido, por las razones antes expuestas- iniciaba su segundo año de kinesiología en la Universidad Diego Portales. Todos los días llegaba hasta la Facultad de Salud y Odontología (Facsyo) donde se reunía con sus amigos y atendía tranquilamente a clases. En una de esas instancias, ella cuenta que se encontró con a alguien a quien llamaremos Jorge (no es su nombre real, el cual tampoco revelaremos en este reportaje al no haber de momento una sanción en su contra), compañero de carrera y generación, quien la llevó hasta uno de los baños de la facultad y la violó, según denuncia Carla. 

Carla no supo qué hacer y no denunció inmediatamente los hechos. Con el paso de las semanas su rendimiento académico se fue en picada. Lloraba al pensar que tenía que ir a la universidad. Su cuerpo seguía sufriendo las consecuencias de la agresión y acudió a una médico que le recetó un tratamiento y que la instó a denunciar la situación. 

Así fue como un año después de la violación, en marzo de 2019, Carla acudió a la Dirección Jurídica de la UDP y realizó una denuncia acogiéndose a la Normativa de prevención y sanción de acciones de violencia sexual. 

Al momento de presentar la denuncia, Carla integró como prueba el informe médico, entregó un listado de testigos y solicitó como medida de protección no tener que compartir espacios académicos con Jorge. 

Sin embargo, el exámen médico fue desestimado pues no se había realizado inmediatamente después de la violación, algo que suele no ser así, dado lo traumático de la experiencia. Tampoco citaron a unas de las testigos claves a declarar. Mientras que la medida de protección que se le otorgó a Carla fue darle la opción de cambiarse de las secciones que compartía con Jorge (y no al revés) y tener asistencia libre en las cátedras únicas (y no al revés). 

Jorge se enteró de que Carla lo denunciaría ante la universidad, y el mismo día, y a la misma hora, acudió a Dirección Jurídica a denunciarla a ella por acoso y negó completamente la violación. Como pruebas -cuenta Carla- presentó una serie de conversaciones por Whatsapp sacadas de contexto, en las que Carla lo encaraba y le exigía explicaciones por la agresión. 

Fabricio Jiménez acogió las dos denuncias y desde ese momento se jugó al empate. Se dio inicio a la investigación y los encargados nunca pidieron revisar el registro de las cámaras del día en que ocurrió la violación, lo que se considera una prueba clave. 

Otra de las irregularidades en el proceso fue que la denuncia de acoso que realizó el victimario no era de carácter sexual, que es lo que regula la Normativa en relación a esto. 

Al igual que en otras ocasiones, Jiménez no cumplió con los plazos establecidos en la Normativa y no le notificó a Carla que extendió el plazo de investigación, puesto que Jorge seguía presentando pruebas en contra de ella.

En junio, la Dirección Jurídica entregó la resolución, que estableció que ni la violación ni el acoso habían podido ser comprobados. Por lo tanto, la UDP decidió no sancionar a ninguno de los dos. 

“La forma en que la universidad trata estos temas es denigrante y humillante hacia las víctimas. Tener que seguir viéndole la cara a tu abusador todos los días y tener que mantenerte en pie es humillante. Es como si vivieras en el siglo XV y fueras a denunciar que tu marido te golpeó y te preguntaran '¿qué hiciste para que te pegara?', dice Carla.

Durante todo este tiempo, Carla ha tenido que mantener silencio, lo que ha sido para ella un tormento. Otra de las reglas de la Normativa es el acuerdo de confidencialidad para todos los involucrados, que si no se cumple queda sujeto a sanción. A pesar de que su proceso ya se encuentra cerrado dentro de la universidad, aún así teme hablar.

Carla finalmente desistió de acudir a tribunales en el caso, en parte, por el desgaste emocional vivido en el proceso de la UDP.

Una vez es casualidad...

Una de las amigas de Carla, también de kinesiología, denunció a otro compañero por acoso sexual en dependencias de la UDP. Como muchas otras estudiantes, invocó la Normativa y dio su testimonio ante Fabrizio Jiménez. Este decidió desestimar la denuncia puesto que las agresiones habían ocurrido “fuera ámbito de aplicación”. Casi dos meses después, se le notificó de la resolución al acusado, contraviniendo -nuevamente- los plazos establecidos en la Normativa. 

La única medida que tomó la UDP fue darle la opción de tener asistencia libre en los ramos que compartía con él (y no al revés). Ante esto, la estudiente decidió judicializar el caso y presentar una querella criminal en contra de su compañero, además de funarlo en redes sociales, sin exponer su identidad. 

En contrapartida, él la denunció invocando el Manual de Convivencia -otro documento normativo de la UDP- y ella fue sancionada con una amonestación escrita por el Tribunal de Honor de la Universidad, por haber roto el acuerdo de confidencialidad -de un proceso que ya se encontraba cerrado- y por haber dañado la honra de su compañero de carrera.

Según esta estudiante, lo único que le interesaba a Jiménez y a la decana interina de Facsyo, era la funa y el daño público que se había generado en contra de su agresor.

El impacto de la revictimización y de recibir una sanción por buscar alguna forma de justicia le generaron una serie de secuelas psicológicas. Entre los desórdenes que se le diagnosticaron están estrés postraumático, ansiedad generalizada, ansiedad social, depresión y distorsión corporal, según cuenta la estudiante.

Según Carla, “para la universidad es más grave una funa que una violación”. Y es por esto que se siente tan comprometida con la actual movilización. “Nosotras estamos luchando por todas. Yo sé que no voy a obtener nada de esto. Se me dijo que mi caso ya fue, que nunca voy a tener justicia. Pero igual estoy luchando, porque no quiero que más compañeras pasen por lo mismo que tuve que pasar yo”, dice.

Dos veces es coincidencia...

Las situaciones ocurridas en Derecho o Salud y Odontología no son los únicos casos donde la UDP no cumplió a cabalidad con su propia Normativa. Esto fue lo que impulsó a las estudiantes de toda la universidad a tomarse sus facultades y exigir justicia. 

En la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño (Faad) vienen arrastrando más de un caso que contraviene la Normativa de prevención y sanción de acciones de violencia sexual. En este espacio los protagonistas son funcionarios y académicos, acusados de acoso y abuso sexual y laboral. 

“Manda a tu compañera más bonita a plotear [trabajar con planos], porque así les cobran menos”, es una de las frases que solía decir el ex coordinador administrativo de la Faad,  Egidio Gatica, a los estudiantes varones. Este funcionario trabajó durante casi 30 años en el plantel y en 2018 recibió tres denuncias acogidas a la Normativa. Dos de estas vinieron desde estudiantes y fueron por acoso y abuso. La tercera fue por acoso en contra de una funcionaria, la que también impulsó una denuncia ante la Dirección del Trabajo.

Aquí la historia de esta última: A mediados de junio de 2018, una de las funcionarias que sufría constantemente acoso por parte de Gatica, decidió denunciarlo ante la Dirección Jurídica donde solicitó como medida de protección la separación física entre ambos.

Egidio Gatica fue notificado de la medida, pero simplemente hizo oídos sordos de esta. Día a día se paseaba por la oficina de la funcionaria y de sus colegas que la apoyaron como testigos. Por esto, durante las primeras semanas de julio, la afectada envió un correo solicitando nuevamente que se cumpliera la separación física. 

Al día siguiente recibió la respuesta de Jiménez, quien le informó que Gatica sería reubicado en otra facultad. Esta decisión fue apoyada por las otras autoridades de la Facultad como el decano, Mathias Klotz.

Simultáneamente, la Dirección del Trabajo realizaba las diligencias para investigar las acusaciones en contra de Gatica. La ley que tipifica y sanciona el acoso sexual en el ámbito laboral establece que las empresas empleadoras tienen como plazo máximo de investigación 30 días. Mientras que el artículo 18 de la Normativa establece que “el proceso de investigación no podrá extenderse más allá de 20 días hábiles” y en casos excepcionales se puede ampliar el plazo por diez hábiles más.

Ninguno de los dos plazos se cumplieron y recién en agosto la Dirección Jurídica finalizó la investigación. Así, a mediados de septiembre la Dirección del Trabajo declaró que la UDP había caído en el incumplimiento de las normas, ya que no solo no se habían respetado los plazos, sino que tampoco se había protegido a la víctima, según documentación que INTERFERENCIA tuvo a la vista. 

Dos días después, el 14 de septiembre, Mónica Torres, entonces funcionaria de la Faad y testigo en la denuncia de su colega, se encontró de frente con Egidio Gatica. Este le anunció que eventualmente ella sería despedida. Sin embargo, Gatica ya no era oficialmente funcionario de la UDP, puesto que entre los últimas días de agosto y los primeros días de septiembre, había presentado su renuncia.  

Meses después, el 25 de enero del presente año, Torres fue efectivamente desvinculada por “necesidades de la empresa”. Ella no firmó el finiquito y presentó una denuncia ante la Dirección del Trabajo por “despido injustificado como represalia de haber sido testigo en un caso de acoso sexual”. 

Mónica Torres lleva meses en este proceso. Asegura que las alumnas no están protegidas por la UDP, que es misógina en todos sus ámbitos. También afirma que su desvinculación fue una forma de amedrentamiento para otras mujeres que quisieran participar como testigo en denuncias por acoso o abuso sexual. Además afirma que Gatica no ha sido el único caso en que se ha protegido a algún académico varón de acusaciones de esta naturaleza.

En el caso de Gatica, pese a que renunció, fue indeminizado como si hubiese sido despedido, y tuvo un acto público de agradecimiento en la Faad, según afirma Torres.

Más veces es tendencia: el caso de Juan Palazuelos

Juan Palazuelos es al día de hoy profesor y secretario académico de la Escuela de Diseño de la UDP. No tiene muy buena fama entre los estudiantes. Se comenta que es descuidado con sus clases, que es mal docente y un tanto mal genio, también se dice que es poderoso en el plantel. En susurros también se comentan sobre las denuncias por abuso de poder y por acoso sexual en su contra.

Este 2019 Palazuelos recibió una segunda denuncia. Luego de siete años, Paula -nombre que protege la identidad real de la víctima- se dirigió como tantas otras mujeres de la UDP a la Dirección Jurídica y denunció a Palazuelos por “abuso de poder, acoso académico y hostigamiento prolongado”. Entregó su testimonio -en el cual cuenta entre otras cosas que la abordó de manera inapropiada en un auto, solicitándole besos y tocándole una pierna- y pruebas. 

Pero Fabricio Jiménez decidió no realizar la investigación apelando al artículo 15 de la Normativa, que establece que “la Universidad sólo iniciará una investigación cuando las denuncias hagan referencia a situaciones ocurridas durante los últimos 24 meses, contado desde que el ofendido o víctima estuvo en condiciones de interponer la denuncia por violencia sexual sin perjuicio propio”. 

Paula, que se cambió de carrera luego del episodio, apeló a la resolución dictada por Jiménez. Por Normativa, el plazo de revisión máxima es de diez días hábiles. Sin embargo, una vez más Dirección Jurídica tardó más de lo estipulado y dos semanas después de vencido el plazo se volvió a ratificar la resolución inicial.

Los argumentos fueron que la acusación de acoso había prescrito y que no habían nuevas pruebas. Además, indicaba que el docente en cuestión no la había contactado desde el año 2013, mientras que entre las pruebas presentadas por ella demostraban que la última vez que Palazuelos le escribió mediante una red social fue en 2017.