En 2011, en medio de las protestas estudiantiles y sociales, una de las polémicas que se levantó fue la probable venta de la Universidad Central a Inversiones Norte Sur, universidad privada sin fines de lucro. En varios reportajes un alto porcentaje de la casa de estudios sería traspasado a esta sociedad, transacción que finalmente los estudiantes y académicos pudieron impedir.

Sin embargo, este proceso sí tuvo consecuencias para estudiantes y docentes. Una de ellas fue lo que vivió Christian Troncoso, ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (FEUCEN).

Tras la frustrada venta de la universidad, el sistema de organización interno de la institución se mantuvo, con eje en que los “dueños” de la universidad son los mismos docentes. El organismo máximo de decisiones es la asamblea general de la universidad, compuesta por dos representantes de los docentes de cada facultad, además del presidente del Sindicato de Trabajadores, el presidente de la FEUCEN y el presidente de la Asociación de Académicos. La Asamblea elige a quienes compondrán la junta directiva,-entre sus miembros-, la que toma decisiones de políticas generales de la universidad. Según el reglamento interno , los miembros de la junta directiva son elegidos cada cinco años, con posibilidad de ser reelectos. Este modelo de universidad es único en Chile.

“Pero lo prometido en 2011 en la UCEN nunca llegó”, afirma una ex docente en conversación con INTERFERENCIA, quien solicitó resguardar su identidad.

En 2015, el presidente de la Federación de estudiantes, Christian Troncoso, denunció al Mineduc una serie de irregularidades de la Universidad Central. Entre los principales puntos del documento que se presentó al ministerio,- detallado en un reportaje de la Radio de la U. de Chile-, están la autocontratación de los miembros de la junta para asesorías millonarias a la misma junta directiva; la contratación de parte de la junta de asesorías realizadas por miembros de la asamblea; la existencia de sociedades comerciales relacionadas a la Universidad,- Centro de Servicios de la Universidad Central de Chile S.A; Lemuc LTDA; Central Servicios S.A; e Inversiones UCEN LTDA-; y, la destitución ilegal del ex rector, Rafael Rosell.

Tras esta acusación, pasaron dos años para que el Mineduc respondiera. En su respuesta, el ministerio solo entrega “recomendaciones”, principalmente enfocadas en solicitar a la universidad para que respete sus propios estatutos.

En ese lapsus de tiempo, Troncoso afirma que sufrió persecución por parte de la junta directiva. Tras dejar la carrera por unos meses, a fines de 2017 intentó volver a estudiar para terminar su carrera de ingeniería civil, a través de lo que se conoce como “exámenes de suficiencia”. Aún realizando estos exámenes, la universidad le negó la vuelta a clases.

Sin razón aparente para negarle el retorno, Troncoso interpuso un recurso de protección, que ganó. En el intertanto perdió las becas que lo ayudaban a financiar sus estudios.

En 2018, llegó a un acuerdo con la universidad para reintegrarse a sus clases. “Uno de los directivos me dijo que él pensaba que yo intentaba llegar al poder en la UCEN con esta estrategia”, afirma Troncoso. Finalmente terminó sus estudios a fines de 2018.

“Yo creo que hay persecución a quienes piensan distinto que la junta directiva, que tiene una gestión autoritaria. Persiguen a quien tiene una visión crítica de la educación mercantil. Por otro lado, no quieren perder su plata. Hay personas que en la UCEN tienen una bolsa de trabajo, algunos ligados a partidos como el PPD, radicales y también masones”, comenta Troncoso.

Tras manifestaciones en la facultad de Derecho en 2019, también 7 estudiantes fueron suspendidos de clases, según una nota de un estudiante de la univeridad para el sitio Izquierda Diario.

La actual junta directiva está compuesta por Ricardo Napadensky, como presidente; Rita Coya,;María Teresa Del Río Albornoz; Samuel Fernández, ex embajador en diversos países, abogado y ex secretario de Pablo Neruda en Francia; Sergio Henríquez, ex Ministro de Vivienda y Urbanismo (1997-2000), cercano a la Democracia Cristiana; y Juan Francisco Ortún, periodista.

Troncoso no es el único que piensa así. Dos docentes que conversaron con INTERFERENCIA, fueron despedidos tras pertenecer a la Asociación de Académicos y como integrantes de la asamblea general, representando a los profesores.

Una de ellas fue dirigente desde año 2012 y en su demanda afirma que mientras más preguntas hacía sobre los gastos de la junta, más incómoda se volvió para estos directores. Tras dar una entrevista sobre el lucro en la educación a la periodista María Olivia Mönckeberg, se volvió foco de críticas de los directivos. Fue acusada de plagio, sin que esta acusación llegara a comprobarse, ni condujera a alguna sanción. Su demanda finalizó un acuerdo conciliatorio.

“Casi inmediatamente después de lanzado el libro antedicho, fui acusada de “plagio”, a través de una revista de circulación masiva y nacional. El decano de entonces usó esa publicación para apartarme de mis tareas académicas, frente a lo cual solicito entrevista con el Presidente de la Junta Directiva de la Universidad Central de Chile, don Ricardo Napadensky, a fin de abordar este hecho. En la ocasión, el señor Napadensky reconoce su malestar por la entrevista otorgada a la periodista Mönckeberg. Por su parte, situación similar me hizo saber el Director de Comunicaciones de la Universidad Central de Chile, don Sergio Escobar, quien me solicita que ese tipo de entrevistas ‘no se vuelva a repetir’”, consigna su demanda.

Tiempo después, se le rebajó el sueldo y las horas de docencia, sin justificación; se le interrogó por una presunta responsabilidad de una toma de estudiantes, estando ella con licencia; y finalmente se le despidió, junto a su pareja, docente también de la universidad, tras citarlos a una reunión que se suponía que iba a tratar temas académicos.

En su demanda, que interpuso junto a su pareja, detalla que su desvinculación se relaciona con sus labores gremiales como representante de los académicos y sus cuestionamientos al trabajo de la junta directiva. Da como ejemplo que todos aquellos profesores que han sido representantes de la asociación de académicos han sido perseguidos y desvinculados de la universidad central. De hecho, ese cargo de representante de los académicos en la asamblea general sigue vacante, tras el despido de la última persona que lo ocupó. 

Hay abierta otra demanda, de una docente que también perteneció a la asociación de académicos. En ella, señala cómo se le negaba la palabra en las reuniones de la asamblea general, donde ella pasaba por minutos con el brazo arriba para poder hablar. También se le negó, por años, el detalle de los salarios de los integrantes de la junta directiva.

Tras perder el fuero, por ser dirigente también del sindicato de la universidad, fue despedida también este año.

Otro ex docente de la UCEN, quien solicitó mantener su identidad en resguardo, también fue despedido por las mismas razones. Aunque la razón oficial fue “necesidades de la empresa”, él afirma que también se le persiguió.

“Esta junta directiva se adueñó de la universidad. Tiene un poder que ninguna junta directiva tiene en ninguna otra universidad, incluso sacaron al rector Rosell”, opina.

El académico solicitó en variadas ocasiones el detalle de los salarios y gastos de la junta directiva, sin obtener respuesta. Tampoco le entregaron copia de las actas de la asamblea ni de la junta. Pronto se volvió incómodo, “por hacer muchas preguntas”.

A este profesor se le acusó de ser “un docente que le hacía mal a los estudiantes”. Otro académico disidente de la junta directiva, que componía la asamblea general, finalmente también fue acusado de “subirle la voz” a una colega y desvinculado.

“Hay una persecusión a cualquier posición disidente de cualquiera que esté en el grupo colegiado de más alta jerarquía, que es la asamblea general”, afirma.

Otra docente, quien hasta hace unos meses pertenecía a la UCEN, afirma que teme que su nombre aparezca en este reportaje por la red de influencias que ostentan los directivos. 

“La masonería es fuerte en la UCEN, tienen redes por todos lados, en todas las universidades, y amedrentan  a los profesores con que no van a encontrar trabajo en otras universidades si se niegan a aceptar las decisiones de la junta directiva de la Universidad Central”, comenta la docente.

Hasta el momento, no hay una escala de remuneraciones publicada en la web de la Universidad Central. Tampoco son públicos los salarios de la junta directiva. INTERFERENCIA consultó a la universidad sobre estas acusaciones de persecución a los docentes, sobre los salarios y una escala de remuneraciones a la UCEN, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.

Casi un centenar de denuncias laborales

La Universidad Central acumula varias demandas en tribunales laborales, no todas vinculadas a la vulneración del derecho a la libre expresión o persecución, pero sí a tutelas laborales, es decir, el reconocimiento del vínculo laboral tras un despido. En el Primer Juzgado Laboral de Santiago son 34 las denuncias en su contra, desde el año 2010 hasta el 2020.Mientras que en el Segundo Juzgado Laboral de Santiago son 56 las demandas interpuestas.

Entre las demandas interpuestas el último año solamente, se repite lo señalado por la fuentes que conversaron con INTERFERENCIA. La mayoría son de docentes desvinculados y se repite el patrón de ir quitando funciones al docente, presión psicológica, acoso laboral y actitudes de desprecio a las trabajadoras, que en muchos casos las demandas tipifican como misógenas. 

En una demanda presentada el 22 de mayo de este año, el profesor despedido describe actos discriminatorios, por ser extranjero, y los compara con la disposición distinta que tenía el  Director Magíster Dirección de Proyectos Informáticos con su esposa, que había sido contratada en el mismo lugar.

En otra demanda presentada el 8 de abril de este año, una ex funcionaria relata el acoso laboral que sufrió, que incluyen cambios de escritorios de manera sorpresiva por su jefe directo, no enviarle correos ni citarla a reuniones, principalmente por parte del decano de la Facultad de Educación y Ciencias sociales. Según relata la demanda, los actos del decano “obedecen sin duda alguna a sus tendencias machistas y misóginas (e incluso homofóbicas), las que si bien no lo inhabilitan para generarse su propio sustento, es claro que le inhabilitan de trabajar como una autoridad universitaria”.

En otra demanda de un docente, interpuesta en febrero de este año, éste asegura haber sido “forzado, amenazado, amedrentado y compelido por mi anterior empleador a firmar una supuesta renuncia voluntaria”, tras una acusación de abuso sexual a una menor, según una funcionaria de la universidad.

Otra demanda, de enero de este año, es por la desvinculación de un secretario de Facultad, que había accedido al cargo tras concurso público y que tras el cambio de director de la carrera, es despedido y dos días después es reemplazado por otro funcionario, sin concurso público.

En otro proceso, que finalizó, la demanda señala que un profesor de la escuela de Ciencias políticas fue desvinculado “por necesidades de la empresa” tras deteriorarse la relación con el decano, tras negarse el docente a contratar a su pareja. “Como lo que me solicitaba el Decano, excedía sus atribuciones e iba en contra de toda rectitud que debemos tener como docentes, es que, en esa oportunidad le señalé al decano que su petición era improcedente, a lo cual me responde, ofuscado, que él era el decano y que finalmente era una orden no una petición. Como yo insistí en no acatar la orden o sugerencia, me envía un correo electrónico insistiendo en la contratación de su pareja”, señala la demanda.

A esto se sumó una acusación por acoso sexual que el demandado dice nunca haber conocido en detalle y, por ende, no haber podido defenderse de ella.

Otra docente, que presenta su demanda el 6 de abril de este año, aduce que aunque la universidad justificó su desvinculación por necesidades de la empresa, ésta se debía en realidad a discriminación y persecusión por su participación en el sindicato. 

“Mi despido se produce en razón de mi participación sindical, en un acto de evidente discriminación, cuestión que se verifica al constatar que la facultad de educación y ciencias sociales, al terminar el año académico 2019 (específicamente el 29 de enero de 2020), despidió a un total de 9 docentes, de los cuales todos formaban parte del sindicato”, consigna esa demanda.