En los comienzos del siglo XX, Bolivia era el principal productor de estaño del mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, contribuyó a la causa aliada vendiendo su mineral a un precio diez veces menor que el bajo precio de siempre. Los salarios obreros se redujeron a la nada, hubo huelga y las ametralladoras escupieron fuego.
Simón Patiño, dueño del negocio, junto a las familias Aramayo y Hochschild, pagaba US$ 50 anuales de impuesto a la renta. En las minas, en tanto, los obreros indígenas morían como moscas con sus pulmones destrozados por el polvo de silicio. En 1952, una revolución nacionalizó el poco estaño que quedaba, pero esas minas y otras, más algunos cultivos básicos, siguieron siendo el principal sustento del país.
La considerable población indígena mascaba hojas de coca como lo habían hecho sus antepasados desde hacía siglos. En 1960, existían 3.030 hectáreas sembradas, las que producían anualmente 3.368 toneladas de hojas de coca, cifra que se mantuvo estable durante toda esa década.
Investigadores bolivianos que han analizado los primeros tiempos del narcotráfico en ese país, coinciden en afirmar que numerosos pilotos estadounidenses dedicados al contrabando entre las costas de Florida y América del Sur, fueron los primeros en tratar de convencer a los grandes agricultores de que el tráfico de cocaína era la fórmula para enriquecerse de manera fácil y rápida.
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Aquellos aventureros sugirieron a los hacendados interesados que, para tener éxito, debían contar con el apoyo de los militares y así garantizar la seguridad de los cocales y el tráfico expedito de las avionetas por los cielos altiplánicos rumbo a Colombia, Brasil y Venezuela.
Uno de los contactados para impulsar la alianza fue el general de Aviación René Barrientos, quien dio un golpe de Estado en 1964 y más tarde, en 1966, fue elegido presidente. Su primera iniciativa fue inflamar el patriotismo y alentar la antigua aspiración de recuperar el litoral perdido en la Guerra del Pacífico. Anunció que un barco boliviano navegaría por los mares bajo los colores rojo, amarillo y verde del emblema patrio, símbolo del pronto retorno a las riberas del Pacífico.
Barrientos creó la empresa estatal Transmarítima Boliviana y puso al frente de ella a un amigo personal: el ciudadano alemán nacionalizado boliviano Klaus Altmann, falsa identidad que ocultaba al criminal de guerra nazi Klaus Barbie, quien asumió también como asesor del Departamento IV del Ejército, encargado de contrainsurgencia.
En América Latina soplaban vientos de revolución. Cuba, China y Vietnam inspiraban a miles de jóvenes para tomar las armas en busca de cambios sociales más profundos. La Agencia Central de Inteligencia norteamericana, CIA, contactó a Barbie casi al mismo tiempo que Ernesto “Che” Guevara ingresaba a Bolivia, a comienzos de 1967, con la intención de crear un foco guerrillero en las selvas de Ñancahuazú. El Che no logró sus propósitos, pero concentró todos los esfuerzos de Washington y de sus aliados en el continente para impedir que iniciativas similares cundieran en Bolivia o en otros países de la región. En los años siguientes, los regímenes militares y la Doctrina de Seguridad Nacional inundaron América del Sur.
Las bases de la industria
En abril de 1969, Barrientos murió al estrellarse su helicóptero en un extraño accidente, y tras una sucesión de gobiernos que vanamente intentaron mantenerse en el poder, llegó al Palacio Quemado, en 1971, el coronel Hugo Banzer, un descendiente de alemanes que mantenía estrechos vínculos con oscuros personajes de Estados Unidos, Brasil, Argentina y Paraguay. En los meses siguientes se nombró general y, con la entusiasta colaboración de Klaus Barbie, empezó a organizar grupos paramilitares que protegieran la puesta en marcha de la naciente industria cocalera.
Los grandes hacendados de Santa Cruz de la Sierra y del Beni, abandonaron los recursos forestales, el petróleo y el azúcar, y optaron por las plantaciones de coca, alentados por el explosivo incremento de los precios de la cocaína en Estados Unidos.
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A fines de 1975 se crearon varias comisiones secretas para organizar la producción y el tráfico de cocaína, desde la disponibilidad de tierras hasta la instalación de laboratorios y las rutas de comercialización hacia las naciones del norte. La superficie de coca sembrada ya se había duplicado, y la producción de hojas triplicado con respecto a 1965.
Inicialmente, los bolivianos intentaron ellos mismos introducir la cocaína al mercado norteamericano, pero carecían de experiencia en el tráfico y en la distribución, optando por trabajar con los colombianos y establecer una asociación que se consolidaría en las décadas siguientes.
Al promediar 1977, las presiones estadounidenses para el retorno de la democracia en Bolivia obligaron a Banzer y a sus aliados a convocar a elecciones. La situación política y social era cada vez más explosiva y los gobiernos se sucedieron sin lograr los apoyos necesarios para estabilizarse en el poder.
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El 1° de noviembre de 1979, el coronel Alberto Natusch Busch, ex ministro de Banzer, dio un nuevo golpe de Estado, pero el Congreso Nacional resistió la asonada y el oficial retornó con sus tropas a los cuarteles, luego de conseguir que asumiera al frente del gobierno la presidenta de la Cámara de Diputados, Lidia Gueiler.
La presidenta interina convocó a elecciones para el 29 de junio de 1980. Tres semanas antes, su primo, el general Luis García Meza, la urgió a nombre de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas para que suspendiera los comicios. En los primeros días de junio, el vocero de la Casa Blanca, Hodding Carter, había dicho en Washington que ‘‘en Bolivia se está gestando un golpe de Estado para impedir las elecciones porque los militares temen que un presidente civil ponga al descubierto el gigantesco tráfico de cocaína al que muchos de ellos están directamente vinculados’’.
Las elecciones se realizaron el 29 de junio y el 11 de julio se anunciaron los resultados provisionales que dieron como estrecho ganador a Hernán Siles Suazo. No obstante, la escasa diferencia obligaba al Parlamento a decidir quién ocuparía la casa de gobierno. El 17 de julio de 1980, un cruento golpe de Estado abortó el retorno a la democracia y la Junta de Comandantes nombró al general Luis García Meza como el enésimo presidente de facto del país. Nueve días después el embajador de Estados Unidos abandonó el país y las relaciones diplomáticas con la Casa Blanca quedaron rotas. Los barones del narcotráfico habían llegado al poder.
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Amigos, primos y hermanos
El general García Meza era amigo íntimo del principal productor de cocaína de Bolivia, el empresario Roberto Suárez Gómez, de 41 años, originario de la región del Beni, descendiente directo de Nicolás Suárez, conocido en Europa como uno de los pioneros de la industrialización de la goma, y quien encabezaba una entidad conocida como “La Cooperación”, la que cobijaba a los principales capos del narcotráfico.
García Meza fue convencido de dar un golpe de Estado en una reunión que se celebró en Santa Cruz, en la casa de Sonia Atala, donde los grandes traficantes ofrecieron un financiamiento de cuatro millones de dólares. En esa cita participaron José Paz, prominente figura de la mafia; Edwin Gasser, dueño del mayor ingenio azucarero del país, dirigente de la Liga Anticomunista Mundial (WALC); y, Pedro Bleyer, presidente de la Cámara Industrial de Santa Cruz.
Una de las condiciones para financiar el golpe fue la designación del coronel Arce Gómez, primo hermano de Roberto Suárez, como ministro del Interior, quien les había propuesto proteger la impunidad de sus operaciones a cambio de un pago quincenal de 75 mil dólares por grupo, además de un impuesto de 40 dólares por tambor de hoja de coca vendido a los traficantes por los campesinos de las zonas productoras.
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Arce también dispuso la prohibición de venta directa de coca de los campesinos a los traficantes con lo que el Ministerio del Interior pasó a ser intermediario obligatorio. Por ese tiempo, la tonelada métrica de hoja de coca acondicionada en barriles se vendía a tres mil dólares.
Años después se sabría que aquella asonada recibió el apoyo logístico de la CIA -pese a la oposición de la DEA- y de los militares argentinos que deseaban completar el mapa de las fronteras ideológicas en América del Sur.
Un mes antes del golpe había llegado a Santa Cruz de la Sierra, el neofascista italiano Stefano delle Chiae para coordinar junto a Barbie a los grupos paramilitares que durante la semana que siguió al levantamiento de García Meza sumieron a Bolivia en un baño de sangre, persiguiendo, torturando y asesinando a cientos de opositores.
El italiano había estado radicado en Buenos Aires, oculto bajo la falsa identidad de Vincenzo Modugno, luego de haber trabajado varios años para la policía secreta del general Augusto Pinochet, la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA, que dirigía el coronel Manuel Contreras. En la capital trasandina había establecido relaciones con militares argentinos y bolivianos quienes lo convencieron para viajar a la nación altiplánica donde, le aseguraron, se estaban concentrando las fuerzas que impedirían la extensión del comunismo hacia el resto del continente.
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En Santa Cruz, mientras, ya estaba instalada una organización semi secreta que se hacía llamar “Los novios de la muerte” y que dirigía Joachim Fiebelkorn, un alemán, ex miembro de la legión extranjera española, que procedía de Paraguay, donde había dado muerte a un ex oficial de la SS nazi. El grupo lo integraban, además, una variopinta muestra de la ultraderecha internacional: Herbert Kopplin, ex SS, experto en armas cortas; Hans Jurgen, perito en explosivos; Manfred Kuhlman, mercenario procedente de Rhodesia; Kay Gevinaer, chileno alemán, técnico en electrónica; y, Hans Stellfeld, instructor militar, veterano de la Gestapo, entre otros “especialistas” en guerra sucia.
Un dulce para la CIA
“Los novios de la muerte” trabajaban para Roberto Suárez en la protección de los cargamentos de drogas que salían hacia el norte y cuidaban que los colombianos no se arrancaran sin pagar. Muchos lugareños los conocían como “Las Águilas Negras”, pues las 30 avionetas de Suárez tenían dibujadas en sus alas imágenes de esas aves depredadoras.
Los mercenarios pasaban gran parte de su tiempo en el restaurante “Bavaria”, bebiendo en compañía de prostitutas llegadas de Alemania y de los países vecinos, mirando películas pornográficas junto a oficiales de las tropas locales y escuchando marchas nazis y franquistas que les recordaban las pasadas épocas de esplendor. Todo ello pagado por los padrinos del narcotráfico.
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Delle Chiaie estuvo en esa ciudad con ellos, pero se instaló finalmente en La Paz, requerido como asesor por el Servicio Especial de Seguridad (SES) que dirigía Barbie y que dependía del ministro Arce Gómez. Con el italiano estaba otra pequeña jauría de “lobos grises”: el francés Jean Lecler, un torturador de la Legión Extranjera; los neofascistas Pierluigi Pagliai, Sandro Saccucci y Carmine Palladito; el mercenario africano Olivier Danet; los argentinos Alberto Vilanova, Carlos Martínez y Roberto Correa; y el ex carabinero italiano, vinculado a la mafia, Marco Marino Diodato.
En los meses que siguieron al golpe, García Meza y Arce Gómez convirtieron a Bolivia en el portaviones de la cocaína. Miles de campesinos fueron obligados a extender sus cultivos de coca para abastecer las necesidades de “La Cooperación”. Los que se negaron a someterse a sus designios, fueron diezmados sin piedad.
Cuando estas actividades escandalizaron a la DEA y al Congreso de Estados Unidos, los narcotraficantes encontraron el modo de neutralizarlos y entregaron a la CIA una fábrica clandestina de cocaína en la zona de Huanchaca, en la selva de El Beni, cuya explotación le serviría para financiar sus operaciones encubiertas en América Central.
En esa tarea, la CIA se vinculó estrechamente a un emprendedor traficante: Jorge Rocas, más conocido como “Techo de Paja”, quien trataba de expandir e intensificar la producción de pasta base, construir laboratorios propios, y anular el poderío de su tío, Roberto Suárez..
Una de las primeras medidas tomadas por el coronel Arce Gómez fue incluir a los paramilitares en las planillas de pago del Ministerio del Interior. Después reunió a los jefes de las cinco principales familias del narcotráfico y les ofreció completa libertad a cambio del pago quincenal de US$ 75.000 a cada una. Paralelamente, estableció un “impuesto” de 40 dólares por cada tambor de hoja de coca vendido a los traficantes por los productores y siguió con el control total de las transacciones desde el mismo Ministerio, que se transformó en un intermediario obligatorio.
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Los grupos de Fiebelkorn y Delle Chiaie dirigieron a cerca de 800 paramilitares bolivianos y extranjeros que se transformaron en la guardia pretoriana del “régimen de los cocadólares” y que no trepidaron en utilizar el terror para imponer sus condiciones.
Reagan se ruboriza
En febrero de 1981, dos semanas después de la asunción del republicano Ronald Reagan en la presidencia de Estados Unidos, el Departamento de Estado puso tres condiciones para restablecer relaciones diplomáticas con Bolivia: un programa de democratización del país, el recambio de los ministros vinculados al narcotráfico y el control efectivo de la mafia de la droga. En agosto, García Meza fue reemplazado por una junta militar que integraron los generales Celso Torrelio, Waldo Bernal y Oscar Pammo.
Pese al aparente arreglo diplomático, en Estados Unidos, en Europa y en diversos países latinoamericanos se inició una activa campaña de prensa para revelar lo que estaba ocurriendo en Bolivia, comprometiendo a la mayoría de los altos mandos de las fuerzas armadas del país.
“Traficando personalmente o proporcionando protección a los traficantes, algunos oficiales han recibido millones de dólares”, informó The New York Times en su portada del 31 de agosto. Según el diario, los datos habían sido proporcionados por fuentes diplomáticas y por agentes antinarcóticos, pero más tarde se supo que las fuentes tenían domicilio en la Casa Blanca.
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Los acusados eran los generales Hugo Banzer Suárez, ex presidente de la República; Luis García Meza; Waldo Bernal, comandante en jefe de la Aviación; Oscar Pammo, comandante de la Armada; Hugo Echeverría, delegado ante la Junta Interamericana de Defensa; y, los coroneles Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior; Ariel Coca, ex ministro de Educación; Faustino Rico Toro, director de la Escuela Militar; Norberto Salomón, agregado militar en Venezuela; Arturo Doria Molina, comandante del regimiento Tarapacá; Alberto Gribosky, comandante del regimiento Ingavi; y, Rolando Canido, el ministro del Interior vigente.
La elaboración y embarque de la cocaína en Bolivia estaba concentrada en Santa Cruz de la Sierra, en la frontera con Brasil, y en total operaban cuatro grandes grupos organizados: tres dedicados a la producción y exportación ilegal y un cuarto que “quitaba” droga para luego exportarla, cobrando además protección a las otras tres bandas. El grupo más antiguo era dirigido por el general Hugo Banzer, y su zona de operaciones estaba localizada en las pequeñas poblaciones de San Javier y Río Grande. Sólo en 1980 había facturado 480 millones de dólares por la venta de 20 mil kilos de clorhidrato de cocaína con una pureza del 99 por ciento.
El segundo grupo era dirigido por el coronel Arce Gómez y operaba en Okinawa, Monte Verde y Perseverancia. Su producción de 1980 había alcanzado a los 30 mil kilos de cocaína y sus ingresos llegado a los 640 millones de dólares.
Un tercer grupo lo encabezaba el general Waldo Bernal y sus centros operativos estaban en Yapacani, Puerto Virrarroel y Montero.
La organización más poderosa era la del general García Meza, el único que no tenía producción propia. Su método de trabajo consistía en confiscar la droga a los pequeños traficantes independientes y proteger a las otras organizaciones asegurándoles impunidad a cambio de subidas cantidades de dólares.
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Otro de los grandes traficantes de drogas era el comandante en jefe de la Aviación, general Waldo Bernal, que había recibido pagos de hasta 100 mil dólares por cada avión cargado de coca que salía hacia el exterior desde los aeropuertos bolivianos. Sólo en el aeropuerto de San Cruz, ciudad de 300 mil habitantes, operaban 25 compañías aéreas con un total de más de 160 aviones de distinto tipo.
En 1985, los observadores internacionales coincidían en que el problema de la droga en Bolivia se resumía en tres razones principales: el poder de los fuertemente armados narcotraficantes y de sus aliados, entre ellos algunos importantes empresarios bolivianos; el carácter altamente organizado de los productores campesinos de coca y su determinación de defender el derecho a cultivar coca; y, finalmente, la necesidad de obtener “cocadólares” para mantener a flote la economía boliviana.
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De las 3.030 hectáreas de coca sembradas en 1960 en Bolivia, en 1986 se había pasado a 59 mil; y de 3.368 toneladas de coca originadas en 1960, a una producción superior a las 132 mil. La enorme mayoría de los bolivianos, sin embargo, seguían sumidos en la más dura de las pobrezas.
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Comentarios
Magnifico articolo
Me encantas lo que escribe.
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