Durante los primeros días de noviembre de 2019 -en pleno estallido social- INTERFERENCIA reveló varios antecedentes de espionaje policial a partir de la filtración de Anonymous de más de 10.000 archivos de inteligencia de Carabineros. Algo que fue conocido como PacoLeaks.

En uno de los artículos de la cobertura, este periódico informó que habían sido considerados "blancos de interés" varios asistentes a la conmemoración del Día Internacional del Detenido Desaparecido del 30 de agosto de 2019 en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, entre los que se encuentra la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Faride Zeran, además de la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro; la entonces presidenta de la Fech, Emilia Schneider, bisnieta del general René Schneider, entre otras.

Pocas horas después de la revelación, estas víctimas de espionaje se querellaron por los hechos, contra el ministro del Interior de la época, Gonzalo Blumel (Evópoli) y el general director de Carabineros de entonces, Mario Rozas.

El día 12 de abril recién pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el fallo en primera instancia, que exime de responsabilidad penal a Blumel y Rozas, por considerar que no tenían responsabilidad en los hechos.

En tanto ayer, 11 de abril, las afectadas señalaron lo siguiente en un comunicado: "Como víctimas rechazamos este fallo y seguimos pensando que aquí hay una responsabilidad política y también penal de quienes tienen en el caso del Ministerio del Interior el mando de Carabineros y Carabineros tiene jerarquía respecto a las actividades de inteligencia de Carabineros".

En el mismo comunicado, se expresa que "nos parece inconcebible que se pretenda justificar y darle legalidad a este espionaje basado en la Ley 19.974 “Sobre el Sistema de Inteligencia del Estado y crea la Agencia Nacional de Inteligencia”.

Las víctimas solicitarán la reapertura del caso, dado que la Corte de Apelaciones señaló que “en esta investigación se decretó la falta de participación, pero no se ha dicho que el ilícito que se imputa no exista”.

"Para nosotros lo más significativo es establecer que aquí existió un delito que tiene que ser investigado y sancionado", sostiene el comunicado.