El Ministerio de Hacienda tiene sobre la mesa un ambicioso plan de ajuste fiscal que esta semana dejó de ser solo rumor para convertirse en el tema más caliente de la política chilena. Según antecedentes filtrados desde la Dirección de Presupuestos (Dipres), la propuesta del ministro Jorge Quiroz contempla recortes en cerca de 260 programas, con una rebaja estimada del 15% hacia 2027. 

El objetivo: llegar a los US$6.000 millones de ajuste que José Antonio Kast había comprometido durante la campaña presidencial. 

Hasta ahí, todo dentro de lo anunciado. El problema está en el listado de programas incluidos.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) encabeza la lista con la mayor reducción proyectada: $906 mil millones menos. Le siguen las pensiones del sistema de reparto con $321 mil millones, el Transporte Público Metropolitano con $178 mil millones, el Crédito con Aval del Estado (CAE) con $134 mil millones, y el Subsidio Familiar con $101 mil millones. También aparecen la gratuidad en educación superior, jardines infantiles y salas cuna, el Bono Invierno y programas habitacionales, entre muchos otros. 

Ante la tormenta, el ministro Quiroz salió a desmentir cualquier amenaza a las ayudas sociales. Sus palabras fueron tajantes: "no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto." El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue en la misma línea, aunque con un matiz relevante: aclaró que sí se podrían interrumpir beneficios en casos donde se detecten personas que no cumplan los requisitos. 

El detalle resulta difícil de conciliar con lo que Kast prometió en campaña: que los beneficios sociales quedarían intocados.

La primera señal concreta llegó el martes, cuando se conoció una circular firmada por el propio Quiroz que instruía recortes en el Ministerio de Desarrollo Social, con el programa de ajuar para recién nacidos a la cabeza. Aunque la ministra vocera Mara Sedini salió a explicar que la medida respondía simplemente a una menor demanda por la caída en la natalidad, —argumentando que se producen 10.000 ajuares mensuales contra una demanda de 7.800 en 2025—, la imagen de recortar canastillas para bebés encendió una polémica que el Gobierno no logró apagar en el día.

Ante la tormenta, el ministro Quiroz salió a desmentir cualquier amenaza a las ayudas sociales. Sus palabras fueron tajantes: "no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Ninguno, en absoluto." El ministro del Trabajo, Tomás Rau, fue en la misma línea, aunque con un matiz relevante: aclaró que sí se podrían interrumpir beneficios en casos donde se detecten personas que no cumplan los requisitos. 

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que Quiroz evitó explicar directamente por qué la PGU apareció en los documentos de Dipres. Cuando fue presionado por la prensa, el ministro respondió que el objetivo es buscar eficiencia y prevenir lo que llamó "fraude social o mal gasto". Su argumento central fue que las revisiones buscan detectar a quienes reciben beneficios sin cumplir los requisitos legales: "podría haber gente que obtuvo eso y que no debería obtenerlo al tenor de la ley", sostuvo. 

En otras palabras, no negó que la PGU esté bajo revisión, sino que matizó quiénes podrían verse afectados. Una distinción que la oposición consideró insuficiente y que deja abierta la pregunta de cuántos beneficiarios podrían quedar fuera bajo ese criterio.

La oposición, mientras tanto, no se convenció. El exministro de Hacienda Mario Marcel planteó la pregunta que muchos se hacen: si existe una ley que garantiza la PGU con un valor determinado, resulta difícil entender cómo podría reducirse en un 15%. Desde el Frente Amplio, diputados se presentaron en Hacienda a pedir transparencia sobre todos los decretos de modificación presupuestaria firmados en 2026, advirtiendo que lo conocido hasta ahora es solo la punta del iceberg de al menos 24 decretos, de los cuales solo dos han sido conocidos públicamente. La DC acusó un desmantelamiento del Estado protector y el PS exigió directamente la salida de Quiroz.

También es relevante que la Contraloría ya se pronunció sobre el uso que ha hecho el Gobierno del concepto de "Estado quebrado" para justificar el ajuste, señalando que esa expresión no cumplió con los estándares institucionales, lo que añade otro flanco de cuestionamientos al relato oficial. 

Lo que queda claro es que el Gobierno de Kast enfrenta su primera gran crisis de credibilidad. El ajuste fiscal que prometió sin tocar beneficios sociales choca frontalmente con los documentos que circulan desde su propia Hacienda. Ahora le corresponde explicar la diferencia.