Este lunes, el presidente Kast respondió a las críticas que recibió en los últimos días por sus controvertidas declaraciones respecto al “retorno” de la investigación financiada con recursos públicos en las universidades (“A veces 100 millones, 500 millones, para una investigación que termina en un libro precioso, empastado, en la biblioteca. ¿Cuántos trabajos generó? Ninguno”), interpretadas de forma transversal como una crítica a la investigación científica y a su eventual utilidad. En su respuesta, y lejos de hacer un análisis meditado, el presidente criticó el “tono” y enrostró las críticas a la oposición, pese a que estas han provenido —en el caso de esta controversia, al menos— de diversos expertos, académicos y organizaciones.

La polémica puede abordarse en múltiples niveles. El más básico se refiere a la precisión factual de sus cifras: en Chile, difícilmente un científico recibe 500 o 100 millones de pesos para su trabajo (al menos mediante proyectos individuales), e incluso muchos no reciben apoyo alguno, como queda de manifiesto en las bajas tasas de adjudicación de los principales concursos públicos. Pero más allá de las cifras, hay dos dimensiones que explican el rechazo tan transversal que han recibido las declaraciones del presidente Kast. Primero, la pretensión de que el objetivo de la investigación científica sea “producir trabajos”. Independientemente de la relevancia del conocimiento científico para el desarrollo económico, el objetivo primario de la ciencia es generar conocimiento ampliado y mejorado sobre nuestro mundo y nuestro lugar en él. Si queremos generar empleo y crecimiento económico, hay otros ministerios e instrumentos de política pública más eficaces. Lo que verdaderamente distingue a la investigación científica es su capacidad de generar conocimiento confiable y verificable, que tiene múltiples usos, desde informar mejores políticas públicas y un debate político más informado hasta, por qué no, mejorar nuestras capacidades productivas. Pero cuando limitamos la investigación a lo que algunos consideran útil o pertinente, nos damos un tiro en los pies, pues el conocimiento prospera solo en un ambiente de respeto irrestricto a la libertad de investigación.

En segundo lugar, el problema más evidente es que se intenta ahorrar recursos públicos mediante recortes a una actividad que ya vive de migajas. Es bueno poner el problema en perspectiva: Chile invierte muy poco en I+D, apenas el 0,4% del PIB (vaivenes más o menos, el monto oscila en torno a esa cifra desde hace más de una década), lo que equivale a poco menos de 120 dólares per cápita, muy por debajo de los casi 300 dólares per cápita que invierten países con un nivel de ingreso similar al nuestro. Es decir, nuestro nivel de gasto en I+D debería ser dos o tres veces mayor que el actual. Es esto, una subinversión crónica en I+D y no un despilfarro grotesco, lo que ahora se intenta recortar. Además, está el problema de la cobertura: por ejemplo, el programa FONDECYT deja sin financiamiento a muchas postulaciones muy bien evaluadas.

En su respuesta de este lunes, el presidente también anunció que a “los buenos científicos los vamos a respaldar con mucha más fuerza, con más recursos si se utiliza todo bien”. ¿Cómo planea medir qué es un “buen científico”? En Chile, la mayoría de los investigadores se desempeña en la academia, que abarca una variedad de instituciones con distintas trayectorias, recursos de apoyo, infraestructura y masa crítica. Es muy difícil medir técnica e imparcialmente la calidad de los científicos, al menos sin considerar sus respectivos contextos institucionales y culturales en los que se desempeñan. Cabe recordar que, pese a todo, los científicos chilenos cuentan con una productividad científica muy superior a la que nos corresponde dado nuestro exiguo gasto en I+D, lo que nos permite cuestionar la premisa de un supuesto “mal uso” de los recursos.

Desde luego, todo gobierno tiene el derecho, incluso la responsabilidad, de revisar el gasto público y la eficiencia de los programas gubernamentales. Esto no está —o no debería estar— en entredicho. Lo que sí es cuestionable es justificar el apoyo a la investigación científica con la misma lógica con la que se evaluaría la construcción de una obra pública o un subsidio al empleo.

Más allá de algunos matices, la comunidad científica actúa justificadamente al mostrar su indignación, y el tono es absolutamente adecuado, ante la crítica más fuerte que ha recibido la ciencia chilena en años recientes y frente a lo que se puede interpretar como una débil conducción de la institucionalidad pública en este ámbito, como quedó de manifiesto con la renuncia de Rafael Araos, subsecretario del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, tras lo que parece ser una evidente diferencia de estilos con la ministra Ximena Lincolao, y que ilustra el errático rumbo de la cartera.

En definitiva, las preocupaciones planteadas por diversos investigadores, una treintena de sociedades científicas, e incluso por la propia Academia Chilena de Ciencias son razonables y ameritan ser atendidas. El buen uso de los recursos públicos es una aspiración legítima de cualquier gobierno, pero imponer austeridad a una investigación científica de por sí pobremente financiada no es ahorro: es empobrecerse.

Pablo Astudillo Besnier es Doctor en Ciencias Biológicas, académico Universidad Autónoma de Chile, y autor de “La Ciencia Liberada”.