En el corazón del gobierno de José Antonio Kast se libra una batalla silenciosa que ha redefinido el mapa del poder. Mientras la mega reforma enfrenta un escenario incierto en el Senado, la figura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se ha visto eclipsada por la irrupción estratégica del biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado. Lo que partió como un duelo de estilos se ha convertido en una disputa abierta por el centro de gravedad del gabinete. 

Alvarado fue celebrado en el oficialismo por reconfigurar las fuerzas dentro del gabinete, mientras que Quiroz enfrenta una lluvia de críticas por su intransigencia legislativa. En una entrevista en Canal 13, el biministro no sólo exhibió su rol coordinador, sino que marcó distancia y desautorizó posturas clave del ministro de Hacienda, siendo enfático en que "los proyectos avanzan de acuerdo a la viabilidad política que tienen" y que no tenía "ningún problema en que se alargue el tiempo de discusión si efectivamente hay ánimo y disposición de acuerdo". Quiroz, en cambio, había insistido en despachar la reforma en junio. 

Las dificultades del titular de Hacienda no son solo de estilo. Esta semana enfrenta asedio en tres frentes: reparos por probidad pública vinculados a omisiones familiares, la falta de votos que consideraba seguros en la Cámara Alta, y el desplazamiento de su autoridad ante Alvarado. No transparentó en su declaración de intereses que su hermano es socio de una firma de arquitectura que podría beneficiarse de la Ley de Reconstrucción, tal como informó El Mostrador, lo que el diputado Daniel Manouchehri (PS) calificó como una falta de probidad sumamente grave. 

En ese contexto, el gobierno recibió esta semana un golpe desde dentro del propio oficialismo. El Partido Nacional Libertario y el Partido Republicano anunciaron una acusación constitucional contra el ex ministro de Hacienda Nicolás Grau, basándose en la denuncia del propio Quiroz, quien señaló que el gobierno anterior ocultó en su informe financiero una deuda de más de US$10.000 millones para el período 2026-2030. La decisión se tomó sin coordinación con el resto de la coalición. 

La reacción de Chile Vamos fue de malestar apenas disimulado. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), advirtió que "todo esto enrarece el ambiente político en los momentos que se requiere con urgencia sumar, no restar", y señaló además que se le estaba abriendo la puerta a la izquierda para presentar futuras acusaciones constitucionales contra ministros del propio gobierno de Kast. La bancada UDI calificó de "impropio y prepotente" el intento de presionar a otros partidos mediante advertencias sobre costos electorales. 

Los impulsores de la acusación se mostraron imperturbables. El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó que el contexto legislativo sea un impedimento y aseguró que "siempre es un buen timing para hacer justicia". Pero el efecto en la oposición fue el opuesto al buscado. El senador Fidel Espinoza (PS) advirtió que la acusación "nos va a hacer perder el tiempo largas semanas" y que "por lo tanto también afecta lo que el Gobierno más quiere sacar adelante hoy, que es su megaproyecto". 

El escenario en el Senado ya era exigente antes de este episodio. El Gobierno opera con un empate técnico entre oficialismo y oposición, sin el PDG —decisivo en la Cámara— y con la DC que ya anunció su rechazo. La estrategia de Alvarado y García Ruminot había sido seducir al Socialismo Democrático para una aprobación con más votos de los estrictamente necesarios, buscando darle legitimidad política al proyecto emblema del Ejecutivo.