La paralización de Isla Santa María logró en pocos días romper el aislamiento que durante años han denunciado sus habitantes. La suspensión de gran parte de las actividades en el territorio insular, habitado por cerca de dos mil personas, puso en la agenda pública las concesiones mineras y los proyectos eólicos que avanzan sin que la comunidad disponga de información suficiente sobre sus alcances.

La movilización comenzó tras conocerse la existencia de ocho concesiones de exploración minera solicitadas por Madesal SpA, que abarcan alrededor de 1.900 hectáreas, una superficie equivalente a más de la mitad de la isla. Los lotes -denominados Maravilla 2 a Maravilla 9- se encuentran principalmente en el sector de Puerto Norte, según los antecedentes publicados por el Servicio Nacional de Geología y Minería. 

En entrevista con OLCA, Samuel Veloso, vocero de la comunidad movilizada, explicó que las primeras alertas surgieron mediante rumores y publicaciones en redes sociales. La información comenzó a tomar forma a partir del trabajo del Observatorio Golfo de Arauco, espacio integrado por profesionales y habitantes que realizan seguimiento a los proyectos impulsados en la zona.

“Cuando nos enteramos de que existían concesiones para exploración minera comenzó la preocupación y se levantaron las alertas. Decidimos reunirnos y presentar toda la información a la comunidad”, señaló.

Las 17 directivas activas de la isla constituyeron una mesa de trabajo en la que participan sindicatos de pescadores, armadores, recolectores de algas y organizaciones sociales. Después de informar a los habitantes, la comunidad resolvió iniciar un paro indefinido hasta obtener respuestas de las autoridades y el retiro de las concesiones.

Nicole Friz, concejala de Arauco e integrante del Observatorio Golfo de Arauco, sostuvo que la movilización ya consiguió uno de sus primeros objetivos, que es obligar a las instituciones y a los medios de comunicación a mirar hacia la isla.

Sin embargo, advirtió que hasta ahora no existe una respuesta institucional concreta frente a las demandas. “La paralización puso el conflicto en la discusión pública, pero todavía no hay un pronunciamiento que responda a la preocupación de la comunidad”.

Una isla que exige protección territorial

La demanda inmediata es que Madesal desista de las concesiones de exploración y permita avanzar hacia un mecanismo de protección para toda la isla. La comunidad teme que estas solicitudes abran el camino a una futura explotación minera y faciliten la llegada de otras empresas.

“Lo que está peleando Isla Santa María es que dejen libre esta tierra (de proyectos extractivos), donde por años la gente ha hecho patria. Esta isla ha estado abandonada por su propio municipio y por los partidos políticos. Aquí vienen, prometen y después la gente sigue enfrentando los mismos problemas”, acusó Veloso.

La inquietud aumenta debido a la escasez de agua que afecta al territorio. Samuel Veloso relató que el abastecimiento depende de punteras que permiten extraer y acumular agua, la cual posteriormente es clorada y distribuida entre los habitantes. Una eventual intervención minera es vista como una amenaza para una fuente ya limitada. “Aquí existe una crisis hídrica. No se pueden entregar terrenos ni factibilidades de agua. Por eso, lo primero que quiere la gente es defender la tierra”.

De acuerdo con Veloso, cerca del 97% de los habitantes depende directa o indirectamente del mar, la ganadería y los cultivos. La defensa territorial, por lo tanto, está vinculada con la continuidad de las actividades que sostienen la economía y la vida cotidiana de la isla.

Cinco proyectos eólicos sobre zonas de pesca

A las concesiones mineras se suman cinco proyectos eólicos proyectados alrededor de Isla Santa María y en el Golfo de Arauco. Tres de ellos contemplarían estructuras flotantes detrás de la isla, en sectores utilizados para la navegación, la pesca y la extracción de recursos bentónicos.

Aunque estas iniciativas se encuentran en etapas iniciales, las organizaciones cuestionan la falta de información y planificación territorial. También alertan que las áreas ocupadas por las instalaciones podrían quedar restringidas para las embarcaciones y las faenas pesqueras. “Ya no estamos hablando de un solo proyecto, sino de cinco megaproyectos alrededor de la isla. Se perdería un área muy importante para navegar y realizar actividades de pesca”.

En torno a la isla existen tres áreas de manejo administradas por una cooperativa local, donde se extraen locos, navajuelas y otros recursos. Estas actividades representan además de una fuente laboral conocimientos transmitidos entre generaciones.

“Son recursos que nuestros padres nos enseñaron a trabajar y esa cultura se ha mantenido hasta el día de hoy”, explicó el dirigente.

Nicole Friz advirtió que la intervención del espacio marítimo afectaría también las actividades náuticas y el turismo, dimensiones que aún no han sido consideradas. 

La isla mantiene una relación económica y cultural con el mar que permite a sus habitantes alternar entre distintas labores según el clima, las temporadas y la disponibilidad de recursos. “Un día las personas pueden trabajar en la pesca y, si el mar está malo, recurren a una actividad más cercana a la orilla. Es una forma de vida que se ha sostenido durante generaciones y que hoy está en riesgo”.

La concejala alertó que la consecuencia podría ser el desplazamiento de habitantes hacia el continente. “Se podría producir la migración de un pueblo que vive y depende de su ecosistema natural. Las personas tendrían que abandonar la isla sin tener certeza de encontrar trabajo en el continente”.

Un conflicto que abarca todo el golfo

Los impactos de los proyectos no quedarían circunscritos a Isla Santa María. El Golfo de Arauco funciona como un espacio ecológico y productivo compartido por pescadores, buzos, recolectores y armadores de distintas comunas.

Friz menciona especialmente a caleta Tubul, una de las localidades con mayor actividad bentónica del país y vinculada a la extracción navaja (diquibe - macha), navajuela (huepo - machuelo) y taquilla (almeja). La eventual alteración de las zonas de reproducción y desplazamiento de las especies podría afectar los bancos naturales de moluscos y los empleos vinculados a su extracción.

“De concretarse, estos proyectos serían altamente dañinos no solamente para Isla Santa María y la comuna de Coronel, sino también para caletas como Tubul, donde existe una gran cantidad de empleo asociado a los recursos bentónicos”, precisó.

Según la concejala, la pesca artesanal también ha recibido a trabajadores que perdieron o dejaron sus empleos en otros sectores productivos, particularmente en las industrias forestal y salmonera. Algunos trabajan actualmente como buzos mariscadores y otros como tripulantes encargados de resguardar la seguridad de quienes se sumergen. “Hoy esas personas están trabajando en el Golfo de Arauco. Si una nueva industria ocupa estas zonas, también pone en riesgo esos empleos”.

La desconfianza tiene antecedentes. Nicole Friz recordó que entre 2018 y 2019 se intentó ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental una serie de proyectos para la instalación de centros de cultivo de salmones en el golfo y alrededor de Isla Santa María. La coordinación entre las caletas fue decisiva para oponerse a esas iniciativas, que finalmente no fueron calificadas ambientalmente.

La presencia histórica de la industria forestal también forma parte de la experiencia de las comunidades. Pescadores de distintos sectores atribuyen al emisario industrial existente en el golfo cambios en el fondo marino y la acumulación de fango en algunas zonas de trabajo.

“Las personas se movilizan hoy con más fuerza porque ya han visto lo que ocurre cuando las empresas intervienen las actividades económicas propias del territorio. Una indemnización no recupera una fuente de trabajo ni garantiza el futuro de las familias”, planteó.

Acelerar inversiones sin planificación territorial

La movilización ocurre en momentos en que el gobierno de José Antonio Kast impulsa una agenda destinada a reducir los tiempos de tramitación de proyectos y acelerar las inversiones. El propio mandatario ha anunciado el compromiso de disminuir en más de un 30% los plazos asociados a permisos ambientales.

Para Lucio Cuenca, director de OLCA, “lo que ocurre en Isla Santa María se enmarca en una gran oleada de intereses mineros y energéticos que avanzan sobre múltiples territorios del país, muchas veces sin planificación territorial y sin considerar las formas de vida de las comunidades. La agenda para acelerar inversiones busca facilitar este avance, reduciendo las posibilidades de participación y defensa de quienes viven y cuidan esos territorios”.

Esta orientación se profundiza con la denominada Megareforma impulsada por Kast, que busca reducir regulaciones y ampliar las garantías para las grandes inversiones, trasladando nuevamente sus costos sociales y ambientales a los territorios.

Desde la perspectiva de las organizaciones del Golfo de Arauco, priorizar la rapidez de las inversiones sin una planificación territorial vinculante ni una participación temprana aumenta el riesgo de que las decisiones se adopten cuando los proyectos ya están diseñados y las comunidades solo pueden reaccionar frente a ellos.

La falta de respuestas ha profundizado la desconfianza. Dirigentes de Puerto Norte y Puerto Sur de la isla viajaron al continente para solicitar antecedentes al Gobierno Regional, pero, según Veloso, les respondieron que las autoridades no conocían el tema y necesitaban tiempo para informarse.

“Cuando ese mensaje llegó a la isla aumentó la molestia. La gente ya no cree en las autoridades políticas ni municipales. Todo esto fue gatillando el paro y la decisión de aumentar la presión hasta que vengan a la isla”, relató el vocero. 

“Somos un solo territorio productivo”

La movilización comienza a extenderse hacia otras localidades del borde costero. Organizaciones de Isla Santa María han sostenido conversaciones con sindicatos, armadores y gremios pesqueros de Arauco, Coronel, Lota y otros puntos del golfo.

Parte del respaldo proviene de pescadores y armadores nacidos en la isla que actualmente trabajan en el continente. Ellos han difundido la información y comprometido apoyo a las acciones de la comunidad.

Desde el Observatorio Golfo de Arauco también se han desarrollado reuniones con organizaciones dedicadas tanto a la pesca pelágica, especialmente sardina y anchoveta, como a la extracción de recursos bentónicos. 

Fritz afirmó que ambos sectores rechazan los proyectos. “Tenemos que seguir construyendo esta unidad y dejar de definirnos como los de Arauco, los de Coronel o los de cada comuna. Tenemos que reconocernos como Golfo de Arauco, como un solo territorio productivo”.

Samuel Veloso coincide en que la paralización podría abrir una movilización más amplia frente a la expansión de proyectos energéticos y extractivos sobre la costa del Biobío. “Hemos recibido mucho apoyo del borde costero. Quizás nosotros vamos a ser el fósforo que encienda la llama para luchar todos unidos contra estos parques”.

El paro continúa y pone en cuestión el modelo de desarrollo extractivista que se intenta imponer sobre Isla Santa María y el Golfo de Arauco, sin considerar a las comunidades que viven, trabajan y cuidan estos territorios.