La falta de control interno de las instituciones castrenses y policiales es la otra cara de su autonomía corporativa. Esta está dada por las normas constitucionales y la ley orgánica que las regula, limitando severamente el control civil -especialmente del Ministerio de Defensa- sobre aquellos procesos que dicen relación directamente con las normas propias de una democracia consolidada. Esta situación que deja a cada órgano de la defensa y policía librado a su propia dinámica interna no ha sido enfrentada conjuntamente por las fuerzas políticas responsables de la dirección del Estado, tanto por el Ejecutivo como desde el Congreso.

La ministra Rutherford encausó el jueves a cinco generales (r ) del Ejército por malversación de caudales públicos. Entre ellos, John Griffiths, quien ya había sido procesado en 2018 en otra arista del caso, y es jefe de estudios de AthenaLab, centro de estudios del empresario Nicolás Ibáñez dedicado a materias de seguridad, defensa y relaciones internacionales.

En 2013 Beatriz Hidalgo procesó al teniente coronel Rafael Villarroel Opazo (en la foto) -hijo del ex vicecomandante Rafael Villarroel Carmona– por la venta irregular de tanques como chatarra en Punta Arenas. La Corte Marcial revocó su resolución y poco después fue llamada a retiro. Pero desde mayo Villarroel se encuentra privado de libertad a la espera de una sentencia.