“No tengo resentimiento”, asegura. “Me siento orgullosa de haber hecho las cosas bien”. Le significó el fin de su carrera en el Ejército, pero aun así Beatriz Hidalgo, ex fiscal militar de Punta Arenas, no se arrepiente de haber investigado e intentado procesar al entonces teniente coronel Rafael Villarroel Opazo –hijo de Rafael Villarroel Carmona, vicecomandante del Ejército durante la dictadura– por malversación de caudales públicos. Su resolución inicial, presentada en diciembre de 2013 y donde entregaba la evidencia pertinente, fue revocada por la Corte Marcial, con el voto en contra del único ministro civil de la sala.  

Hoy, a poco más de cinco años de que la apartaran de la fiscalía militar de Punta Arenas, el tiempo le da la razón: desde el 25 de mayo de este año, el coronel en retiro Rafael Villarroel Opazo se encuentra privado de libertad en dependencias militares, en la misma ciudad, por la venta irregular de 23 tanques militares para ser destinados a chatarra, según informa el diario La Prensa Austral. El fiscal militar Carlos Muñoz Letelier estableció en su resolución que los tanques fueron cortados y retirados como chatarra por la empresa Tracomex cuando se encontraban siendo utilizados para instrucción como polígono de tiro.

Antes de ser detenido en el Regimiento Pudeto, Rafael Villarroel, según indica en su página de LinkedIn, se desempeñaba como gerente del hotel Patagonia Camp Hotel, cargo que ejerce desde febrero de 2016. Villarroel permaneció en las filas del ejército, de acuerdo con la información que él mismo comparte, hasta diciembre de 2015.

A pesar de ver truncada su carrera militar a causa del caso, Hidalgo asegura que la experiencia terminó por ser una positiva. En el proceso de investigación, la entonces fiscal militar conoció al detective de la Policía de Investigaciones (PDI) Abel Lizama, encargado de efectuar las diligencias indagatorias del caso. Tiempo después, Lizama –quien en 1995 fue uno de los efectivos que logró el arresto del ex jefe de la DINA Manuel Contreras– terminaría siendo su marido, con quien vive ahora junto a sus hijos en La Serena.

Para Villarroel Opazo, en tanto, el futuro no resultó tan auspicioso, a pesar de que tiempo después de que la Corte Marcial revocara la resolución donde se lo procesaba por fraude al fisco se lo premiara con un ascenso de teniente coronel a coronel.

El coronel (R) Villarroel Opazo obtuvo su último ascenso militar el 1 de enero de 2015. Aún así, el hijo del último vicecomandante del Ejército de Pinochet fue denunciado por el Capitán (R) de Ejército Rafael Harvey como parte de un grupo de cuatro militares que fueron ascendidos mientras se encontraban procesados por fraude al fisco, en un informe que presentó a través de un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago el 23 de noviembre de 2018.

Cabe destacar que Rafael no es el único miembro de la familia Villarroel Opazo inmerso en polémicas durante los últimos años. Su hermano, el coronel (R) Germán Villarroel, fue llamado a retiro en octubre del 2018, luego de que en su calidad de director de la Escuela Militar permitiera la realización de un homenaje a Miguel Krassnoff Martchenko, ex militar chileno condenado a 642 años de cárcel por reiteradas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

En entrevista exclusiva con INTERFERENCIA, Beatriz Hidalgo junto a su marido, el ya retirado detective Abel Lizama, conversaron acerca de las pruebas, los dolores de cabeza y las consecuencias que trajo consigo investigar por malversación de caudales públicos a uno de los altos mandos del Ejército en Punta Arenas.

Tanques abandonados y corrupción

Hidalgo ingresó al Ejército el año 2001. “Postulé como cualquier cristiano, luego de ver un aviso en El Mercurio”, explica. Pasaron más de once años antes de que, en palabras de ella, “comenzara el martirio”.

Luego de trabajar por dos años como secretaria del juzgado militar de Punta Arenas, Beatriz pasó a ser fiscal militar en la ciudad. Ahí se encontró con una denuncia por la venta de tanques Sherman M-51 del año 1981 como chatarra, los cuales servían en ese entonces como blancos en el polígono de tiro del ejército. “La causa no había tenido demasiado movimiento, sólo un par de testimonios y alguna diligencia, pero nada importante”, asegura.

Dio orden a la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI para que hicieran algunas diligencias. El jefe de la unidad, el detective Abel Lizama, fue el encargado de llevar el caso desde la policía.

Al momento del inicio de la investigación, el caso ya causaba cierto revuelo luego de que se publicara un reportaje en Chilevisión donde desde el mismo ejército acusaban al segundo comandante del lugar, el teniente coronel Rafael Villarroel, de haber vendido los tanques como chatarra de forma irregular.

“Al principio la gente no hablaba y yo creía que era porque habían amenazas”. Sin embargo, Villarroel ya no se encontraba en la ciudad, puesto que había sido trasladado a Santiago. A medida que Lizama conducía la investigación y llevaba a cabo las diligencias de Hidalgo, testigos comenzaron a hablar.

“Además nos llegaron fotos de los tanques arriba de camiones”, explica Beatriz. Con testimonios y pruebas en mano, la fiscal militar decidió tomar declaración a su principal sospechoso. “Nunca me aceptaron que Villarroel viajara a Punta Arenas para interrogarlo, por lo que todo tenía que ser por exhorto”, lo que implica que Hidalgo tenía que solicitar las indagatorias a un fiscal en Santiago para que le tomara la declaración. “Una persona que no domina el tema no sabe bien que preguntar, al menos no también como el fiscal a cargo”, comenta.

La fiscal Hidalgo decidió viajar a Santiago, donde nuevamente tuvo que realizar las consultas vía exhorto. “Se lo entregaron a Paola Jofré, a quién le expliqué cuáles eran las preguntas a realizar”, recuerda, mas sus consultas no fueron hechas. “Me dice ‘no, ustedes dos tienen que desaparecer de acá porque nosotros no vamos a hacer estas preguntas’”.

Las instrucciones, según recuerda, venían del auditor general del Ejército. “Jofré nos indicó que habían instrucciones de Waldo Martínez para conducir la interrogación ya que aquí se va a interrogar a futuros comandantes en jefe del ejército”, agrega.

La fiscal volvió a Punta Arenas, donde la esperaba el informe realizado por la PDI acerca de la venta de tanques.

¿Dónde están los millones?

“A través de los barcos donde se embarcaron los camiones que llevaban los tanques logramos calcular los kilos de chatarra que se sacaron, los cuales valorizamos en torno a 50 y 60 millones”, explica Abel. Hidalgo lo interrumpe y aclara un punto, para ella, clave: “No eran chatarra, eran tanques que ocupaban para práctica de tiro” y que, por tanto, servían de un propósito para el Ejército.

La fiscal le entregó el informe a su jefe directo en la división de Punta Arenas, el general Leandro Martínez Menanteau –hermano del ahora Comandante en Jefe del Ejército, General Ricardo Martínez– quien, según recuerda Beatriz, le prestó toda su ayuda. “Cuando le conté sobre mis dificultades para interrogarlo en Santiago, Martínez me respondió ‘entonces Villarroel tiene que venir acá a entregar declaración’”.

“Yo lo interrogo un día y, cuando empiezo a redactar el acto de procesamiento, Martínez me llama para decirme que no puedo procesarlo”, relata. La razón detrás de esto era que Villarroel entonces pasaba por un mal momento económico y se encontraba en vísperas de viajar en comisión a Estados Unidos, “entonces tiene que ganarse su viático”.

“¿Qué voy a hacer yo? Se supone que es una institución jerarquizada, por lo que no pude procesarlo”. Le indicaron que podría hacerlo a la vuelta, cuando Villarroel regresara de su viaje.

Es en este punto cuando, intempestivamente, destinan a Hidalgo a Temuco sin consultar nada. El 26 de diciembre debía viajar a la región de La Araucanía, mas un reportaje publicado por La Segunda frenó, de forma tan inoportuna, como su designación, el viaje a Temuco.  

La historia tras los negocios chatarreros con los viejos tanques del Ejército, publicado el 21 de diciembre, daba cuenta de las “insólitas transacciones realizadas en el Regimiento de Caballería Blindada de Puerto Natales”. El artículo comenzaba relatando la escena en que uno de los uniformados del regimiento notó que algo había ocurrido con los tanques.

"Una mañana de agosto de 2009, el capitán José Kuschnir Cáceres, comandante de un pelotón en el Regimiento Nº 5 Lanceros de Puerto Natales, partió al sector de ejercicios para realizar prácticas con los Leopard 1V. Miró a través del visor buscando el blanco al cual dispararle y no encontró nada. Partió en moto a ver qué sucedía y sólo había una rampla cargada con trozos de tanques y troncos de madera. Ya no estaba el carro M 51 que por años habían usado como objetivo".

El reportaje retrasó su destinación y le permitió a Hidalgo procesar a Villarroel por fraude al fisco y malversación de caudales públicos, sin embargo, la resolución no sirvió de nada. La Corte Marcial revocó la resolución y, al poco tiempo después, Beatriz fue destinada a Santiago.

“Lo único que pudimos acreditar fue el pago de 1 millón por los tanques”, explica Abel Lizama. “Logramos establecer que el Ejército había perdido alrededor de 50 y 60 millones, pero no conseguimos que se nos autorizara a investigar las cuentas corrientes”, agrega. Cuando llegó el turno de que Lizama lo investigara, éste junto a su equipó lograron que Villarroel, según cuenta, reconociera irregularidades en la venta de los tanques, además de participar en otro ilícito relacionado a la venta de áridos en terrenos del ejército.

“Cuando discuto en la declaración con él y termina reconociendo, en alguna medida, las acusaciones, se le cae la cara. Nunca había visto a un teniente coronel vestido de guerra que se pusiera a llorar”, confidencia Lizama.

Aún así, Hidalgo fue sacada del caso y, posteriormente, llamada a retiro.