El pasado viernes Interferencia reveló que Carabineros pagó por el soporte de 300 cámaras corporales compradas en el gobierno de Piñera "fuera del marco legal y reglamentario”. La entidad explica que esto se realizó "por aspectos de costos y cumplimiento de expectativas institucionales".

El contrato por la adquisición de 300 cámaras durante el gobierno de Piñera -licitación que el tribunal de contrataciones declaró como “ilegal”– venció en mayo de 2021.  Sin embargo, Carabineros siguió pagando a la multinacional por el servicio de soporte, algo que está “fuera del marco legal y reglamentario” según resoluciones emitidas por la propia institución policial.

El software utilizado para las cámaras adquiridas por la ex subsecretaria permitía el reenvío intrazable de evidencia a terceros. “¿No entienden que no puedo cuestionar al gobierno o me quitan recursos?”, habría dicho un teniente coronel ante la denuncia de los funcionarios. 

El general subdirector de Carabineros, Diego Olate, evadió reiteradas veces preguntas de diputados de la Comisión de Derechos Humanos sobre la justificación para no interrogar al ex teniente coronel Claudio Crespo, a pesar de ser el funcionario que más disparó en el lugar y a la hora en que cegaron a Gustavo Gatica. Consultado sobre los antecedentes de violencia del efectivo, Olate lo describió como “intachable”.

Con esta derrota que sufrió el intendente metropolitano, Felipe Guevara, no queda en carpeta del gobierno regional ninguno de los proyectos vinculados con Santiago Smart City, que buscaba coordinar cámaras de seguridad municipales, de Carabineros y drones.

Pese a que el presidente enfocó su habitual cadena nacional en el combate a la delincuencia en contexto de coronavirus, las nuevas cámaras de registro de Carabineros son una orden de compra que data del 29 de enero; ad portas de un marzo que se anunciaba de protesta.

Según fuentes del gobierno regional metropolitano, la Intendencia habría retirado su propio proyecto de la consideración de los consejeros regionales, lo que se formalizaría en las próximas horas mediante un oficio. Esto, con el propósito de hacerle cambios sustantivos a una iniciativa que se enfoca fuertemente en seguridad y que cuesta 7.000 millones de pesos en tres años. 

Con un costo operacional anual de $ 597 millones, el centro llamado Santiago Ciudad Inteligente -conocido como Panóptico- pretende mejorar el flujo de datos en transporte y medioambiente. Pero el foco está en seguridad y monitoreo de "incivilidades" con cámaras públicas y privadas, Waze y Sosafe, arroja dudas sobre su utilización, en un país en el que todavía late el estallido social iniciado el 18 de octubre.

En diez años Ingeniería Solem S.A. ha recibido órdenes de compra directas por más de $1.200 millones, pese a que existen más proveedores, y una de las funciones contratadas puede hacerse usando dispositivos Simccar disponibles por la policía desde 2015.