Subsecretaria del Interior
La imposición de una tecnología aún en desarrollo y sin una legislación propia, como el reconocimiento facial, marcará el comienzo del fútbol chileno en 2024. La experiencia internacional apunta a riesgos para las libertades individuales, robo de datos biométricos irremplazables e incluso su uso con fines políticos.
A la salida del subsecretario Rodrigo Ubilla el lunes, se sumaron ayer las del intendente de la Araucanía, Jorge Atton, y la de Bruno Baranda como presidente del directorio de TVN, según informa El Mercurio. Con anterioridad ya había renunciado el jefe de la Dirección de Presupuestos. ¿Se desgrana el choclo?
En su breve historial periodístico, INTERFERENCIA ha dedicado especiales esfuerzos en fiscalizar la labor del poderoso subsecretario del Interior. En esta serie re-publicamos los artículos más importantes de su participación en el caso Catrillanca, la adquisición de tierras mapuche sin serlo, y el juicio que le lleva la familia Painequir para su devolución, con serios episodios de intimidación. Historias que ayudan a comprender la caída de Rodrigo Ubilla.
Aunque aseguró en abril que en el caso de la compra irregular de tierras en una comunidad mapuche de Pucón actuaría como cualquier ciudadano, lo cierto es que un funcionario público de esa repartición está amedrentando a la familia demandante, generando la sospecha de que está utilizando fondos públicos para su defensa privada.
El subsecretario del Interior debe presentarse en el Juzgado de Letras de Pucón para entregar su versión sobre la irregular compra de hectáreas al interior de una comunidad mapuche, hecho que intentó evitar a través de un recurso judicial.
La comunidad mapuche en la que el subsecretario del Interior posee parcelas de veraneo está en pie de guerra, iniciando las primeras acciones legales, al igual que el consejo de la Conadi que exige la salida del funcionario de La Moneda. Ubilla, en tanto, sigue de vacaciones en Escocia y no se ha vuelto a pronunciar.
En 2009 el actual subsecretario del Interior compró dos terrenos al interior de una comunidad mapuche por 10 millones de pesos, donde actualmente tiene una residencia en la punta de una colina. El problema es que nunca debió comprar dicha propiedad, pues contraviene la Ley Indígena de 1993.
