El penalista aseguró que existieron conversaciones por el nombramiento de autoridades en el Poder Judicial y la fiscalía entre Luis Hermosilla y el ministro de la Corte de Apelaciones, Danilo Quezada; el supremo Mario Carroza, la ex fiscal judicial Lya Cabello y la jueza Paula Brito. Además, reveló chats por causas judiciales con distintos fiscales.

El ex titular de Interior denunció ante el fiscal Eugenio Campos –quien indaga el megafraude de Carabineros– la existencia de saldo sin justificar “que no se encuentra en la cuenta contable de la institución”, correspondientes a gratificaciones y gastos en adquisición de terrenos, vehículos y equipos. Con esto, ya serían $45 mil millones en investigación por el Pacogate.

En 2011 José Morales fue alertado de un millonario lavado de activos en Carabineros. Ordenó seis diligencias acotadas y prohibió que se hiciera cualquier otra. El trabajo se lo encargó a la Dipolcar, entonces dirigida por Bruno Villalobos. Los uniformados dijeron que no había irregularidades y el persecutor archivó la causa. Ahora, un formalizado en el caso PacoGate presentará una querella en contra del fiscal.

Eugenio Campos, a cargo del Pacogate, tuvo un sumario en su contra que recomendó que fuera expulsado del Ministerio Público. Pero el ex fiscal nacional Sabas Chahuán sólo lo amonestó.

Los abogados de uno de los mayores (r) formalizados en el PacoGate, recurrieron a esta acción judicial para que se investigue esta millonaria arista que el Ministerio Público se negó a incluir dentro de la causa.

Carabineros ha pagado miles de millones de pesos -muchas veces en exceso e incluso de manera ilegal- a más de un millar de funcionarios y ex funcionarios civiles de la institución. ¿El truco? Una oscura ley de 1988 que homologa sueldos y beneficios entre personal civil y uniformado. Muchos de los favorecidos son familiares de miembros del Alto Mando.