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Sábado, 20 de julio de 2019
Conflictos de persecutores

El sumario olvidado en contra del fiscal que investiga a Emiliano Arias

Maximiliano Alarcón G.
Camila Higuera

Eugenio Campos, a cargo del Pacogate, tuvo un sumario en su contra que recomendó que fuera expulsado del Ministerio Público. Pero el ex fiscal nacional Sabas Chahuán sólo lo amonestó.

El Ministerio Público está en un estado de caos debido a las denuncias cruzadas entre sus representantes, en particular, entre los persecutores de Rancagua, Sergio Moya y Emiliano Arias, conflicto que tiene además como protagonista a un enemigo político de este último, el fiscal nacional, Jorge Abbott.

La investigación penal en contra de Arias está a cargo de su par Eugenio Campos, fiscal regional de Magallanes, quien también lleva adelante la investigación del fraude en Carabineros conocida como Pacogate. En 2017 el diario El Pingüino perfilaba a este persecutor como el “fiscal de hierro”, destacando su “rectitud”. Pero dicho homenaje omitía un antecedente clave en su carrera: un sumario de 2009 aplicado contra él en la propia Fiscalía por haber escondido antecedentes que descartaban la participación de un abogado a quien Campos vinculó en una red de narcotráfico.

Los medios magallánicos lo llamaron el “Caso Drogas”, que ocurrió en 2008, caso en el que se acusó a dos personas de transportar sustancias ilegales desde Argentina. La investigación de Campos incluyó también al abogado Marcos Ibacache, quien había sido su colega en la Fiscalía Militar de Punta Arenas. El actual persecutor del Pacogate vinculó a Ibacache porque en las escuchas telefónicas de los imputados por tráfico, figuraba el abogado. Campos no consideró que las personas eran clientes del jurista.

El contenido de esta carpeta ocultada por el fiscal era sustancial para la causa, y además tenía una serie de escuchas telefónicas que exculpaban a Ibacache.

Según el sumario, al cual accedió INTERFERENCIA, realizado por el ex fiscal de Talca, Iván Vidal –quien también fue sumariado en 2016 por otro caso–,Campos se apoderó de la investigación eximiéndose de controles externos, manteniendo una “carpeta apócrifa o paralela, que no se encontraba foliada y que no tuvo el carácter de pública para los demás intervinientes”.

El contenido de esta carpeta ocultada por el fiscal era sustancial para la causa, y además tenía una serie de escuchas telefónicas que exculpaban a Ibacache. Sin embargo, estas se quedaron en el escritorio de Campos y no las presentó en la fiscalía local de Puntas Arenas ni a los defensores del abogado hasta tres días después de cerrada la investigación, cuando ya no podían ser incorporadas al juicio como medio de prueba.

INTERFERENCIA contactó a Ibacache, quien recordó los acontecimientos de hace una década:

“Fui formalizado en 2008 por un supuesto delito de tráfico de drogas, porque el fiscal Eugenio Campos entendió con los medios de prueba que tenía a la vista que yo le daba información a un cliente mío que estaba formalizado por un delito de contrabando. Pero a él yo lo asesoraba con un contrato de por medio, quedando establecida una relación de abogado-cliente, pero Campos insistía en que yo le daba información. Pero las interceptaciones telefónicas que me hicieron determinaban que yo no había participado en los hechos. Pasó que esos antecedentes nunca llegaron a la carpeta, sino que fueron encontrados después en un sumario que hizo el Ministerio Público en el escritorio del fiscal Campos”, dijo.

Ibacache relató a nuestro medio que se sintió perseguido y que la investigación era sesgada: “Yo no entendía por qué me pedían incluso la prisión preventiva, lo que un juez de Garantía rechazó. Se entiende que un grado de persecución había”, agregó.

Debido a que Campos no presentó los antecedentes a los defensores de Ibacache, este fue sobreseído definitivamente el 13 de enero del 2009, momento en que el Ministerio Público fue condenado a asumir el pago de las costas del juicio.

El fiscal que sumarió a Campos sugirió la remoción de sus funciones como fiscal de Punta Arenas por “negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones e incumpliento grave de sus obligaciones, deberes y prohibiciones.” Sin embargo, la única medida que tomó la Fiscalía Nacional, a cargo de Sabas Chahuán en esa época, en contra de Campos fue una censura por escrito, y el fiscal siguió en sus funciones normalmente. Posteriormente, en 2015, fue nombrado como fiscal regional de Magallanes y la Antártica por el mismo Chahuán.

Nuestro medio contactó al fiscal Campos, pero no obtuvo respuesta.

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