La reciente resolución del Tribunal Ambiental de Antofagasta no sólo anuló la última decisión del Comité de Ministros que pretendía ponerle fin al proyecto minero Dominga, sino que ratificó que éste cumple con los actuales estándares ambientales.  Así, es probable que el gobierno de Boric tenga que darle luz verde al proyecto que lleva más de 10 años de tramitación.

El abogado experto en Regulación y Doctor en Derecho, señala a Interferencia sobre la empresa controlada por la familia Délano que "esta no es una judicialización que impulsaron las comunidades que están en contra. Este es un proyecto que ha sido rechazado ya dos veces y son ellos los que han creado este espacio de discusión infinita". 

La prevención de incendios y la restauración de ecosistemas es uno de los pendientes en los que Chile no ha avanzado.

Desde la perspectiva medio ambiental y desde lo urbanístico, Ezio Costa y Patricio Herman, respectivamente, discuten el concepto que ha colonizado el habla en los ministerios de Hacienda y Economía. Ambas voces coinciden en que la mayor parte de los retrasos son principalmente porque los privados no cumplen con los requerimientos técnicos solicitados. 

Interferencia conversó con el director de la ONG Fima, luego de que el Comité liderado por la ministra Maisa Rojas aprobara el proyecto de Anglo American, a pesar de que el SEA lo había rechazado un año atrás. “El sistema se diseñó para que estén los ministros de Estado tomando esta decisión y no puede haber nada más político que eso”, mencionó.

La ex candidata a gobernadora por la Región Metropolitana cree que es importante que el gobierno de Gabriel Boric pueda detener proyectos de fuerte impacto ecológico, como Dominga y Alto Maipo, y que dé urgencia a un proyecto de ley de glaciares. Joignant agrega que es relevante que las próximas autoridades de Medio Ambiente salgan de la sociedad civil y de organizaciones socio ambientales. 

Sanciones penales a quienes ocasionen un daño ambiental, un rol protagónico a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en la persecución de estos delitos y responsabilidad penal de las personas jurídicas, fueron los puntos estrella del proyecto de ley. Sin embargo, el texto de la ley no cumple lo prometido por las autoridades y lo engorroso de los procedimientos podría anular las sanciones.