Si bien el concepto 'permisología' ha calado en la discusión pública, siendo utilizado por políticos y autoridades de Gobierno, al punto que el ministro de Economía, Nicolás Grau (CS), participará de un seminario titulado Permisología este jueves en la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, el concepto es resistido desde sectores expertos y académicos. 

Revise: 'Permisología' y 'tramitología', la jerga empresarial que penetró las reuniones de Marcel por el Pacto Fiscal

Interferencia consultó con Ezio Costa, abogado, académico y ambientalista, su percepción sobre el término 'permisología', sus alcances y consecuencias. 

A juicio de Costa, también director ejecutivo de FIMA, "es un concepto que se usa de manera propagandística por quienes creen que la inversión privada debería superponerse a los intereses públicos [...] En cualquier país civilizado existe una serie de procedimientos que se tienen que cumplir para poder asegurar que las actividades tanto públicas como privadas cumplan con ciertos estándares que permitan proteger el interés común y eso es lo que hacen los permisos, las autorizaciones y las concesiones".

"Generalmente no son los procedimientos ambientales los que toman más tiempo, pues en general el Servicio de Evaluación Ambiental cumple con los tiempos de evaluación de los proyectos que están en la ley. Si uno revisa los retrasos son producto de las propias empresas que presentan proyectos deficientes y que al ser notadas por el Estado, deben arreglarlos y se toman mucho tiempo en arreglarlos", dice Costa.  

En ese sentido, Costa agrega que "efectivamente existen ciertos procedimientos administrativos en Chile con tiempos y requisitos más allá de lo razonable en términos del bien jurídico que están protegiendo y en ese sentido siempre es positivo que se revisen esos procedimientos".

Pero advierte que "esto no tiene que ver solamente con los procedimientos para las grandes empresas, sino que tiene que ver con los procedimientos para las personas [...] si nos importa que el Estado sea más eficiente, ojalá que la primera preocupación sea que esa eficiencia sea a favor de los ciudadanos comunes y corrientes".

En adición, Costa apunta a que la demora principalmente no radica en el sector público, sino que en la propia responsabilidad de los privados. "Generalmente no son los procedimientos ambientales los que toman más tiempo, pues en general el Servicio de Evaluación Ambiental cumple con los tiempos de evaluación de los proyectos que están en la ley. Si uno revisa los retrasos son producto de las propias empresas que presentan proyectos deficientes y que al ser notadas por el Estado, deben arreglarlos y se toman mucho tiempo en arreglarlos", dice. 

El académico también reconoce que existen demoras en procedimientos fuera del terreno medioambiental, como las concesiones marítimas entregadas por la Armada a través de Directemar. 

"Cuando el discurso intenta poner los permisos ambientales como los problemáticos, lo que hace es distorsionar su propio discurso —porque los tiempos no son el problema— para poner en agenda la disminución de la protección en cuestiones medio ambientales y se facilite con eso la inversión. La postura que desde el mundo ambiental hemos tenido hace mucho tiempo es que existen espacios de mejora para ambas cosas a la vez", precisa. 

"Si hoy día los permisos no se tramitan en las fechas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, es única y exclusivamente porque los titulares de los proyectos los presentan de forma errónea. Luego, los directores de obra le dicen al solicitante los errores y en algo que puede tener un plazo de dos a tres meses, se demoran cinco o seis meses por incompetencia técnica del sector privado que no tiene buenos profesionales para solicitar los permisos", indica Herman.

Por otra parte, Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, indicó a Interferencia sobre el concepto que "esta palabreja es utilizada por todos aquellos inversionistas que no les agrada ceñirse a los marcos regulatorios que tienen los sectores económicos en donde se desenvuelven y es hasta penoso que el Gobierno la valide".

Herman, columnista habitual en distintos medios de prensa, coincide con Costa en que las demoras generalmente vienen desde el sector privado.

"Si hoy día los permisos no se tramitan en las fechas establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, es única y exclusivamente porque los titulares de los proyectos los presentan de forma errónea. Luego, los directores de obra le dicen al solicitante los errores y en algo que puede tener un plazo de dos a tres meses, se demoran cinco o seis meses por incompetencia técnica del sector privado que no tiene buenos profesionales para solicitar los permisos", indica Herman desde una perspectiva urbanística. 

Asimismo, Herman afirma que bajo el paraguas de la permisología se han acelerado los permisos de algunos proyectos. "A mí me dio vergüenza ajena, la modificación que se busca hacer a la ley de Urbanismo y Construcciones para que el Ministerio de Vivienda, presionado por los poderes fácticos de la construcción, obligue a los directores de obras de los diferentes municipios a acelerar la entrega de permisos de edificación, incluso cobrando multas. Si eso prospera, espero que no sea así, los permisos se entregarán a la diabla. Vamos a tener mayor cantidad de permisos truchos".