“No queremos más zonas de sacrificio, no queremos proyectos que destruyan nuestro Chile y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico: No a Dominga”, fueron las palabras de un Gabriel Boric recién electo presidente el 19 de diciembre de 2021. Sin embargo, es probable que el mandatario esté más cerca de la frase 'sí a Dominga' que la pronunciada hace poco más de tres años.
Y es que el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta podría echar por tierra las pretensiones del Gobierno de sepultar el proyecto minero Dominga y establecerse con ello como un "gobierno ecológico".
"En consecuencia, no se retrotrae el procedimiento administrativo, sino que declara nula solo la resolución indicada, así como el Acuerdo N° 1/2023, debiendo el Comité de Ministros dictar una nueva resolución que se pronuncie respecto de las reclamaciones deducidas en contra de la RCA N° 161/2021, en conformidad con lo establecido en la parte considerativa de este fallo", versa en su resolución el documento de 248 páginas.
La reclamación deducida por Pedro Ducci Cornu en representación de Andes Iron SpA presentó argumentos respecto a pronunciamientos que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. En particular, una correspondiente a agosto de 2021 en que la secretaria de Estado señaló a Radio Infinita que: “Tenemos que lograr que el desarrollo del país no siga destruyendo nuestra naturaleza".
Asimismo, el tribunal indica que el nuevo dictamen deberá dictarse "con una integración de ministros que no se encuentren afectos a situaciones que comprometan su imparcialidad y probidad administrativa".
Esto, pues la reclamación deducida por Pedro Ducci Cornu en representación de Andes Iron SpA presentó argumentos respecto a pronunciamientos que la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas. En particular, una correspondiente a agosto de 2021 en que la secretaria de Estado señaló a Radio Infinita que: “Tenemos que lograr que el desarrollo del país no siga destruyendo nuestra naturaleza".
Otra de enero de 2023: "La institucionalidad ambiental tiene un ente técnico, el SEA, pero también una parte política, el Comité de Ministros y las Coeva".
Por otra parte, el fallo del tribunal también indica que dicho dictamen debe realizarse en un plazo de 15 días el que se cumpliría el 24 de diciembre.
Tarea compleja, considerando la envergadura del fallo y también el tiempo que el tribunal tomó para su determinación, pues la causa fue vista el 20 de diciembre de 2023 y el 9 de diciembre de 2024 se comunicó su decisión.
En adición, el tribunal ordena entre sus puntos que la nueva resolución debe considerar que "se presentaron antecedentes suficientes y se evaluaron correctamente los impactos asociados a las emisiones de MPS, a los recursos hídricos, a las AMERB, al medio marino, al valor turístico y al efecto sinérgico entre los proyectos Dominga y Puerto Cruz Grande".
Desde otra perspectiva, Ezio Costa, director ejecutivo de ONG Fima y máster en Regulación, en entrevista con Interferencia se refirió al punto sobre el carácter político del Comité de Ministros. "Son instancias técnico políticas. Eso está diseñado así. Luego, por una cuestión comunicacional, todos intentan enfatizar un punto u otro, pero cuando uno mira una resolución del Comité de Ministros como la de Dominga o como cualquier otra, es una resolución que tiene un carácter técnico", manifestó Costa.
Ezio Costa, máster en Regulación y director de la ONG Fima, explica que las veces que el Comité de Ministros ha rechazado proyectos son bastante pocas y que cuando ha sucedido el argumento tiene un doble rasero, pues "cuando se aprueban los proyectos está todo bien, pero al rechazarlos, es una cuestión política".
Y agregó que "se creó esa institución precisamente para darle una visión política a la aprobación o rechazo de proyectos. Eso ha significado que se aprueben decenas de proyectos que no deberían aprobarse, pero los gobiernos los aprueban porque quieren esa inversión, ven un valor en la inversión y no en la protección del medio ambiente".
Además, explica que las veces que el Comité de Ministros ha rechazado proyectos son bastante pocas y que cuando ha sucedido el argumento tiene un doble rasero, pues "cuando se aprueban los proyectos está todo bien, pero al rechazarlos, es una cuestión política".
Con todo, Interferencia advirtió en enero de 2023 que esta situación era probable considerando el fallo del Tribunal Ambiental de Antofagasta del 2021 en el que se indicaba que "el proyecto es avalado por un cúmulo de antecedentes completos que permiten su evaluación y eventual aprobación, con o sin nuevas exigencias".
Interferencia manifestó en ese entonces que el Comité de Ministros, pensado originalmente como un órgano político-técnico para dirimir proyectos con potenciales mega impactos medioambientales, fue mutando hacia un órgano más político que técnico. Ello no debería extrañar considerando que sus seis miembros son nombrados directamente por el o la Presidenta de la República. Dicha posición quedó constatada en el fallo del tribunal.
Por otra parte, una declaración conjunta con alrededor de 25 organizaciones firmantes declara rechazar categóricamente el fallo del tribunal que consideran de suma gravedad.
"En cuanto a la supuesta infracción a los principios de imparcialidad y confianza legítima, declaramos que el Comité de Ministros integró en su decisión los aportes ciudadanos y técnicos, en línea con los principios de transparencia y participación", afirma el comunicado.
"El Comité de Ministros en el ejercicio de su rol técnico, identificó falencias técnicas en la Evaluación Ambiental presentada por Andes Iron, que evidenciaban las amenazas que significan al modo de vida de las comunidades locales, a su relación armónica y ancestral con el Medio Ambiente y la amenaza al desarrollo de las actividades económicas sustentables que se han mantenido por generaciones, lo que deja en evidencia que el Primer Tribunal Ambiental no consideró los riesgos ambientales y sociales que el Megaproyecto Minero Portuario Dominga representa", agregan.
En el documento, también se indica que a juicio de las organizaciones el tribunal se excedió en sus atribuciones y facultades, algo que es compartido por Costa, quien además señaló a Interferencia que presentarán un recurso de casación.
Comentarios
Añadir nuevo comentario