Con votos en contra de su propio partido, Yasna Provoste dejó caer la última bandera que le quedaba para capitalizar ante las presidenciales: ordenar al sector opositor en apoyo al retiro. La abanderada tampoco consiguió evitar que Sebastián Piñera triunfara en su afán de mantener a los militares en La Araucanía y Bío Bío.

Si es que sus colegas se ponen detrás suyo, la senadora DC podrá sacar provecho de la caída de Sichel y -eventualmente- ponerse en carrera. De lo contrario, Yasna Provoste habrá desperdiciado tal vez su única chance para salir de la intrascendencia.

Esta semana fue noticia otra muestra más de la impunidad del financiamiento ilegal de la política, cuando la Fiscalía decidió no perseverar la investigación contra 34 políticos investigados. Como quedan algunas semanas para la inscripción de candidaturas presidenciales y parlamentarias, la pregunta que ronda en el ambiente es ¿con quién aparecerán en la foto los involucrados en los múltiples casos de financiamiento irregular?

Corresponde a gastos de vehículos, traslación, alimentación, alojamiento y locomoción de senadores y personal de apoyo por ‘trabajo parlamentario’ en terreno durante el año pasado, marcado por las reuniones telemáticas. Quienes más gastaron fueron la senadora Adriana Muñoz, Juan Antonio Coloma y Jorge Pizarro, los cuales superan montos por $8 millones. Entre 2015 y 2020, se le pagó $1.888 millones a los senadores por estos gastos.

Los senadores opositores están disgustados con el anuncio respecto del 6% adicional de cotización, puesto que esperaban que fuera destinado al ahorro colectivo. Creen que el mandatario evade el cambio profundo a la administración de los fondos previsionales, pero también estiman que esto no impedirá que el debate se dé en la constituyente.

A inicios de los años 90, las AFP utilizaron los recursos de millones de trabajadores para facilitar la expansión del grupo Enersis y la creación de un monopolio en la industria eléctrica. En la operación participaron también las familias Piñera y Luksic, generándose un poder financiero capaz de revertir una sentencia del máximo tribunal de la república que casi les aguó la fiesta.

Los dirigentes que amenazan con paralizar el transporte son cercanos al oficialismo, pero no cuentan con el apoyo de las dos principales agrupaciones del sector. Ello ha llevado a muchos a sospechar que se podría tratar de una movida del gobierno para avanzar en su propia agenda legislativa.

La sensación en la víspera de la acusación constitucional es que el ex ministro tendrá que ser quién pague políticamente por las graves, masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la rebelión social. Sin embargo, llegar a los 22 votos que se necesitan para aprobar el libelo no parece tarea sencilla, pese a que la oposición cuenta con 24 senadores. De hecho ya hay dos que han hecho cosas favorables a Chadwick; su amigo José Miguel Insulza (PS) y Jorge Pizarro (con militancia DC suspendida). También hay razones para pensar que Sebastián Piñera no lo ha abandonado.