La declaración de César Neira indicó que el Ejército estuvo al menos cuatro meses en los alrededores del despacho de Romy Rutherford en 2019, cuando ella investigaba a la institución castrense. El objetivo, según Neira, era “identificar e informar quienes eran las personas que ingresaban al edificio, para establecer o descartar si estaban vinculados al caso de desfalco denominado ‘Milicogate’ y si estas personas se encontraban en el listado de nombre que nosotros manejábamos”.

El alto tribunal rechazó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado que buscaba mantener a la jueza en el caso por otros seis meses. El CDE argumentaba que aún quedaban 67 órdenes de investigar pendientes, pero el tribunal desestimó la petición. El 4 de septiembre deberá dejar su cargo en el caso por fraude donde ha encausado a 68 uniformados.

De no mediar su renuncia, Ricardo Martínez habría sido el único comandante en jefe activo inculpado en el Milicogate y eventualmente detenido en esa condición. El general tuvo que renunciar a días del cambio de mando de la Comandancia en Jefe del Ejército, y a horas de declarar como imputado ante la ministra Romy Rutherford.

Según oficio de fiscalía del año 2018, la investigación realizada demuestra que se desviaron ilegalmente los dineros hacia los afectados por el fraude del FAM. Esto ocurrió entre los años 2008 y 2016, lo cual involucra a los tres comandantes en jefe de ese período: Juan Miguel Fuente-Alba, Humberto Oviedo  y Óscar Izurieta, cuyo caso ya se conocía.