El monto corresponde a la Asignación de Complemento de Jornada, una especie de sobresueldo legal acordado por el Senado en 1994, el cual abulta los ingresos de funcionarios de esta corporación. En 2020 el beneficio fue rebajado, lo que desató la molestia de los funcionarios quienes iniciaron acciones judiciales para revertir la medida. En el mismo periodo, se gastó $1.028 millones en seguros para senadores y funcionarios, y $105 millones por traslados entre la capital y Valparaíso.

Más de $5.300 millones recibieron 71 funcionarios del Senado al retirarse entre 2015 y 2020, pagos que corresponden a leyes de incentivo al retiro y 'premios al desempeño'. Quince de ellos recibieron montos que superan los $100 millones, siendo el más alto de $171 millones. Entre los beneficiados se encuentran el ex Secretario del Senado, Mario Labbé y también el ex Prosecretario y Tesorero de la corporación, José Luis Alliende, retirados en 2019. 

Un grupo de abogados que trabaja hace 30 años en las comisiones legislativas -y que ganan más de 8 millones de pesos neto al mes- demandó al secretario del Senado por aplicar un descuento a una asignación salarial. Detrás de esta acción hay una soterrada pugna entre el antiguo y el nuevo régimen en ese poder del Estado. Varios senadores de la ex Concertación se inclinan hacia el primero.  

Este ex oficial, acusado de cometer abusos y operaciones de escuchas ilegales a autoridades, policías y en el caso Spiniak; es hoy un operativo especial de la Agencia Nacional de Inteligencia.

El conflicto entre los fiscales Arias y Moya es sólo la punta del iceberg de un profundo quiebre en el Ministerio Público, que se originó con la llegada a la fiscalía nacional de Jorge Abbott. Era el hombre que la Nueva Mayoría impuso a fines de 2015 para tratar de enterrar los escándalos de financiamiento de la política.