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Viernes, 15 de enero de 2021
¿Modernización de la inteligencia?

Alveal Antonucci, el ex Dipolcar que pasó de las escuchas ilegales a agente de la ANI

Laura Landaeta

Este ex oficial, acusado de cometer abusos y operaciones de escuchas ilegales a autoridades, policías y en el caso Spiniak; es hoy un operativo especial de la Agencia Nacional de Inteligencia.

Uno de los carabineros más cuestionados de los últimos años, el ex jefe de la Dipolcar, mayor (r) Gonzalo Alveal Antonucci, hoy es parte fundamental del grupo de Operaciones Especiales de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI. Una especie de Edgard Hoover chileno, según lo han calificado redes internas de la policía ya que, al igual que el director del FBI que sobrevivió a ocho presidencias de Estados Unidos, Alveal ha sabido reinventarse y no perecer en el intento. ¿Cómo? “A punta de información clasificada”, dicen sus detractores.

Alveal Antonucci en el pasado estuvo involucrado en el caso de las escuchas ilegales ocurridas en 2010 y tuvo un rol fundamental en la obstrucción de información durante el caso de pedofilia asociado al empresario Claudio Spiniak, según han relatado sus denunciantes. Uno de ellos incluso lo acusó de torturas.

Sin embargo, este ex oficial había estado fuera del radar de la opinión pública tras el escándalo que terminó por obligarlo a solicitar su retiro anticipado de Carabineros, cuando se desempeñaba como jefe de asuntos internos de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) en 2013.

Estos escándalos hoy cobran nueva vida tras la solicitud del ex suboficial Esteban Infante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para investigar nuevamente al ex mayor, pues considera que “la justicia chilena no cumplió su deber y dejó impune a Alveal pese a los hechos graves que se le imputaban y que fueron comprobados”.

“Estamos preparando una presentación en relación a la información que hemos recibido de que se encuentra activo luego de que fue amparado por la sala de la corte que falló en favor de él, teniendo argumentos para fallar en su contra. Es por ello que no deja de llamar la atención que un personaje tan cuestionado esté operativo y más aún si está en un comando especial. Debería estar detenido por sus acciones”, señala Infante.

“Yo aún creo en la justicia que ha sido tan esquiva para mí y mi subalterno, pero a pesar del manto de encubrimiento , igual hubo una justicia social, y personal ya que yo llegue a ser contratado y reconocido como profesor de Carabineros, y la historia reconoció que Villalobos y su gente de Inteligencia, eran unos pillos que solo causaron daño a nuestra institución, sin dejar de mencionar el caso huracán en donde también realizaron implantación de prueba falsa en mis conversaciones. Espero que en la Corte Interamericana de DDHH, podamos encontrar Justicia”., asegura.

Dentro de la ANI, los encargados de operaciones especiales son personas de alto nivel estratégico, quienes “diseñan tácticas específicas de infiltramiento y de control de situaciones críticas”. Así relata las funciones de Alveal una fuente civil de ANI con más de seis años de servicio, quien pidió no ser identificado porque no tiene permitido comentar información considerada clasificada con la prensa.

Más allá del ánimo de develar estrategias del Estado, lo que motiva a esta fuente es la necesidad de que se sepa que un personaje “tan cuestionado como oscuro en la historia de las policías esté haciendo trabajo de inteligencia para el Estado”, concluye la fuente de la ANI.

Misma información que llegó a oídos de Esteban Infante, que debió presentar su retiro anticipado de la institución, teniendo una hoja de vida intachable, debido a lo que califica como un “montaje ilegal” de parte de Alveal.

En pleno debate sobre la modernización de Carabineros, de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia nacional, el hecho de que un ex policía tan cuestionado, quien inculso estuvo formalizado por la fiscalía, hoy trabaje activamente en la agencia de inteligencia sólo viene a confirmar la necesidad de reformas profundas en este ámbito.

 “Es una pésima señal ver a Alveal realizando labores de operaciones especiales porque es un ex carabinero que ha estado envuelto en escándalos, tanto de corrupción como de malas prácticas, escuchas ilegales, denuncias de amenazas y apremios ilegítimos que se consignan en querellas y denuncias internas", señala la fuente de la ANI. "Llama poderosamente la atención la fuerza que cobra dentro de la ANI con ese pasado”.

Según señala otra fuente de la agencia de inteligencia, desde fines de 2017, cuando Alveal llegó a la ANI como asesor externo para susbsanar temas específicos, el ex Carabinero ha ido tomando un rol cada vez más trascendente, hasta llegar hoy a ser parte del departamente de elite que son las operaciones especiales de inteligencia.

Su llegada a la ANI ocurrió sólo meses después de que Alveal desistiera de demandar al Estado por 300 millones de pesos, causa iniciada el 6 de marzo de 2017, y en la cual el ex mayor de Carabineros señaló que: “No se respetó la presunta inocencia en la investigación” provocando “daño a su persona y menoscavo”, pues se encontraba en primera línea de antigüedad para convertirse en general de Carabineros cuando se le exige el retiro forzado para no empañar a la institución por las denuncias en su contra debido al caso de escuchas telefónicas.

Sólo un mes después de presentada la querella en el 22º juzgado de Santiago, y teniendo el deber de recalificarla para seguir adelante; Alveal desistió de hacerlo pese a que se truncó su carrera en Carabineros.

Teléfonos pinchados

Entre mayo y julio de 2010 el entonces jefe de asuntos internos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), Gonzalo Alveal Antonucci, ordenó la interceptación telefónica de dos números celulares de otros funcionarios de Carabineros vinculados, según señaló, a una situación de tráfico de drogas en la cárcel de Colina. En un oficio dirigido al Ministerio Público, el Departamento II de Contrainteligencia de Dipolcar metió el número del cabo Luis Parra y del suboficial mayor Esteban Infante entre otros tantos, con la finalidad de conseguir una autorización judicial que permitiera intervenir sus llamadas a través del procedimiento establecido en la Ley de Drogas.

En esa fecha, Parra trabajaba en la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 19 Comisaría de Providencia y junto a su superior, el suboficial Infante, había participado en varios procedimientos que atestaron golpes a bandas organizadas en el sector oriente de la capital vinculadas a la trata de blancas, particularmente una red de mucho renombre y altos vínculos.

Y es que a raíz del trabajo policial realizado por Infante y su equipo, la institución tuvo que dar de baja al cabo Robinson Medina Vidal, quien “entregaba información al proxeneta Alejandro González para evitar que lo tomaran detenido”, señaló el suboficial.

De acuerdo a algunas pistas de su investigación, Infante recuerda hoy: que “el cabo Medina trasladaba mujeres y se las llevaba a los Generales de Carabineros a Providencia. Esto se lo informé al Comandante (Sergio) Ocares y a Dipolcar”. Y agrega: “El hermano del expulsado cabo Medina Vidal había trabajado como chofer del general Bruno Villalobos, jefe directo de Alveal en la Dipolcar”.

El entonces fiscal jefe de la fiscalía metropolitana Sur, Raúl Guzmán, quien llevó la causa posterior en la que se investigó a Alveal Antonucci por estas escuchas ilegales, aseguró que "éstas diligencias no estaban encaminadas a esclarecer los hechos investigados, en la indagatoria para la que se solicitó la autorización", por lo que formalizó al uniformado en retiro por el delito de obtención de grabaciones privadas sin la autorización de un tribunal. La investigación en contra de Alveal duró cuatro años.

La razón de esta investigación radicaba en un hecho específico: en el oficio de solicitud para pinchar los teléfonos, no se incluyó el número del cabo Parra.

Al ser interrogado, Alveal aseguró que “no recibí ninguna instrucción del Fiscal acerca de cómo redactar el Oficio Nº 89 de Dipolcar, especialmente sobre omitir en su redacción el nombre del Cabo Parra. Tampoco hubo una instrucción específica de parte de la institución al respecto”.

Una versión diferente aportaría tres años después el ex suboficial mayor de Dipolcar, Jorge Toledo Gallardo, involucrado en la confección del cuestionado documento. Alveal – según declaró Toledo en el expediente que pasó a manos de la Justicia Militar – le había hecho una curiosa visita en la que admitía la presunta participación que le competía al general Bruno Villalobos en el caso de espionaje.

La discusión quedó registrada, precisó en su momento El Ciudadano, en las cámaras del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde había conseguido trabajo.

Alveal le manifestó, según Toledo, que el general Villalobos “había ordenado al Jefe del Departamento, que en esa época era el Teniente Coronel Hugo Insulza, que en el Oficio Nº 89 se debía omitir la individualización del dueño o usuario del teléfono celular 984XXXXX, que correspondía al Cabo 1º Parra”.

Toledo recordó además, según el reportaje de El Ciudadano, que cuando había confeccionado el documento “yo individualicé en éste al Cabo 1º Parra y cuando regresó de revisión, que era efectuada por Alveal, éste me manifestó que debía borrar los datos del Cabo 1º, que tan sólo debía colocar su número telefónico, lo cual hice”.

De esta forma y con esos antecedentes en la mano, el fiscal Raúl  Guzmán, que hoy es secretario del Senado, se convenció de la culpabilidad de Alveal y lo formalizó.

Sin embargo, a poco andar, el proceso en su contra terminó por desestimarse, pese a que los testimonios y pruebas eran bastante sólidos. Acción que hoy Infante acusa de “manipulación” y por la cual está presentando antecedentes en estos días, junto a sus abogados, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Pieza clave en “Paco Gate”

Esta no es la única causa en la cual, el mayor Alveal Antonucci ha sido cuestionado en los últimos años mientras trabajaba en Dipolcar.

En 2011 la Unidad de Análisis Financiero, dependiente del Ministerio de Hacienda, recibió antecedentes sobre el millonario fraude en Carabineros, el llamado Paco Gate. Sin embargo, la información fue desechada en esa ocasión debido a un informe firmado por el jefe de Finanzas de la institución, el general Flavio Echeverría.

En ese entonces, Ciper informó que la Unidad de Análisis Financiero entregó los antecedentes al Ministerio Público sobre los sospechosos depósitos que había recibido el coronel Arnoldo Riveros, en menos de un año 48 millones, considerando que su sueldo era poco más de un millón de pesos.

El mencionado Informe fue enviado al Ministerio Público por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipolcar), órgano que estuvo a cargo de esa “indagación interna” y que en 2011 era dirigida por el ex General Director Bruno Villalobos.

El fiscal José Morales, que investigó los antecedentes, descartó la investigación, luego de un informe elaborado por el Departamento III de Tesorería y Remuneraciones, donde trabajaba Riveros y dependiente de la Dirección de Tesorería y Finanzas de Carabineros, a cargo del general Echeverría.

El informe que sirvió para desestimar la investigación del ministerio público lo desarrolló el propio Gonzalo Alveal Antonucci, quien solicitó al General Flavio Echeverría informes sobre las transacciones realizadas por Riveros en 2008 y 2009 para su elaboración.

Apremios y falta de evidencia

Otro de los escándalos en el que estuvo involucrado el mayor Alveal Antonucci fue el ocurrido en el conocido caso de prostitución infantil llamado caso Spiniak.

En 2003 en la rotonda Lo Curro cayó preso el dueño del gimnasio Go Fitness & Spa, Claudio Spiniak junto a Patricio Egaña, quien proveía drogas al empresario para sus bacanales privados con menores de edad.

Pero la investigación fue tomando un vuelco mediático cuando se vinculó a Egaña con una red de venta ilegal de vehículos de alta gama que involucró a un sobrino del empresario chatarrero Edgardo Batich y un ex capitán participante de la estafa de la “cutufa” y, por otro lado, comenzó a circular testimonios y rumores que involucraban a políticos y altas autoridades en las fiestas del empresario pedófilo.

Fue esa misma operación la que llevó a Infante, por orden de la magistrado Eleonora Domínguez, a subirse a un vehículo Daewoo blanco, a 400 metros de distancia de la 21 Comisaría de Estación Central, cuando escuchó algo que no debía. Sólo recuerda que su colega dejó encendido el equipo de escuchas telefónicas – un notebook y una antena parabólica de origen alemán – antes de digitar el número correspondiente al celular de un sospechoso carabinero que les habían ordenado pinchar y salir a fumar un cigarrillo mientras la máquina procesaba otros llamados. “¿Aló, presidente?”, escuchó repentinamente por el auricular. No podía creerlo. Era José Miguel Insulza.

¿Por qué el teléfono del ministro del Interior aparecía registrado en el computador? ¿Estaba siendo objeto de una investigación extraoficial del OS7? ¿Qué había en las conversaciones de Insulza que fuera de interés para la inteligencia policial o para una persecución de narcotráfico? Infante no lo pudo averiguar. Le quitaron los equipos y nunca respondieron a sus denuncias posteriores.

En la ocasión, Alveal jugó un rol fundamental en el proceso investigativo en el cual se le acusa de haber presionado a testigos. De hecho, la psicóloga Rina Montt Marchant, jefa de la División de Crisis del Sename en 2004, fue una de ellas.

Montt ha comentado en reiteradas ocasiones que le parece curioso que el escurridizo Alveal no haya sido tocado por la justicia cuando lo denunció por apremios ilegítimos durante un interrogatorio. También lo acusó de alterar una declaración que sirvió para condenarla por “ejercicio ilegal de la profesión” tras ser sindicada por la UDI como la supuesta artífice de un montaje destinado a manchar la honra del senador Jovino Novoa en el caso Spiniak.

La psicóloga plasmó todo eso en un documento que llegó al escritorio del presidente de la Corte Suprema de aquel entonces, Sergio Muñoz, pero jamás tuvo respuesta.

Personas que intervinieron en la causa del empresario comentaron en esa época a los medios El Ciudadano y Plan B que cerca de 20 cintas VHS incautadas a Claudio Spiniak Vilensky nunca volvieron a aparecer. Se acusó al cabo Mauricio Madrigal de no entregar la colección de orgías al tribunal, pero otro funcionario que llegó a tomar contacto con las grabaciones fue Alveal Antonucci.

Esteban Infante también conoció algo de eso pues la magistrado Eleonora Domínguez le solicitó que revisara el material audiovisual del caso en busca de un uniformado.

Infante recuerda que “cuando yo llegué a mirar las cintas que necesitaba ver –que no eran todas- me di cuenta que junto a mi estaba Alveal observando otras cintas que, decían los compañeros, eran más fuertes y tenían imágenes de personas conocidas. Luego me enteré de que ese material desapareció”.

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Comentarios

Comentarios

Esta bien la libertad de prensa en Chile, me parece bien escuchar y leer muchas opiniones, lo cual se enmarca dentro de la democracia y la libertad de prensa, pero al ver su pasquín mediocre, falto de veracidad en muchas noticias, o noticias que ya dejaron de ser noticias, o falsas acusaciones, siempre con el ánimo de envenenar el alma del chileno y desvirtuar la realidad y destruir más al pais,......eso no tiene nombre señores. Son una basura, lamentable calidad de periodistas y desprestigio para el gremio. Un asco sus noticias.

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