El sector empresarial celebró una medida que fue promovida por el Gobierno y respaldada por los parlamentarios de derecha. La nueva ley promete bajar los tiempos de espera de aprobación de proyectos hasta en un 70%. Pero grupos ambientalistas y diputados reclamaron contra la regulación, acusando que se favorecen políticas que van contra el medio ambiente mientras evalúan llevar la iniciativa al TC.

El pasado 7 de enero, durante la discusión del proyecto, el titular de Energía argumentó con un artículo periodístico del año 2019 que los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) ya habían alertado que se detendría la inversión con los cambios impulsados por la entonces ministra Susana Jiménez, sin mencionar que al día siguiente la titular de cartera fue sustituida por Juan Carlos Jobet, quien finalmente destrabó la discusión manteniendo la inversión del sector. 

Los conceptos ya son uno de los ejes centrales de las conversaciones por el Pacto Fiscal, los que se han usado para acusar que la acción pública burocrática -muchas veces asociada a los mecanismos de protección ambiental- significa un freno a la inversión. 

Pese a encuestas que muestran que el gobierno está fallando en cumplir con las expectativas de mejores tiempos económicos, el Presidente realiza un ajuste ministerial cosmético que no se hace cargo de la situación actual.

La medida propuesta por la ministra Susana Jiménez podría poner fin a la ‘primavera’ de energías renovables de los últimos años. ¿Los beneficiados? Los gigantes del sector.