El traspaso de 2.397 millones a un gremio vinculado a un empresario asesor del ex gobernador, la estrecha amistad de la fiscal del caso con dicho hombre de negocios, una asesoría del esposo de la fiscal regional con la misma organización privada, son parte del iceberg de esta historia. 

Durante marzo está abierto el concurso para todos sus sucriptores vigentes. Se trata de las recientes publicaciones de Mario Amorós y Maxililiano Alarcón.

En junio de 2023 una funcionaria denunció irregularidades en uno de los cuatro convenios de Irade con el Gore Biobío –que en total ascienden a $2.397 millones–. Cinco meses después, el funcionario del Consejo de Defensa del Estado y esposo de la fiscal Marcela Cartagena, Álvaro Sepúlveda, prestó servicios a la corporación cuestionada.

En Concepción nunca se abrió una investigación sobre ese caso y Paul Esquerré, es dueño de una consultora implicada y miembro de una de las familias más influyentes de esa ciudad. La persecutora asegura que se inhabilitó de causas vinculadas a esa familia, pero un correo da cuenta que solicitó datos relacionados al personaje.

Aunque se declara feminista, apoyó a un candidato denunciado por violencia intrafamiliar y una candidata que estaba en contra del aborto libre.  Ha recibido críticas por falta de transparencia y nepotismo cuando fue presidenta de Poder Ciudadano. Su pasado ligado a Bajos de Mena y sus orígenes de esfuerzo, sin embargo, se sostienen.