La entidad tras la exitosa organización de los Juegos Panamericanos, dirigida en su minuto por el ahora precandidato presidencial Harold Mayne-Nicholls, ha recibido cientos de demandas laborales. Una buena parte corresponde a personas que tenían un vínculo con la corporación a partir de boletas de honorarios, y que reclaman cobros de prestaciones, despidos injustificados y que se reconozca su relación laboral. 

Mediante un comunicado, Gianna Cunazza informó su “renuncia voluntaria, la que se hará efectiva a partir del martes 6 de junio”. A solo cuatro meses del inicio de la cita deportiva, la funcionaria sale tras millonario bloqueo de recursos para el evento; y acusaciones de 'amiguismo' y despidos de trabajadores que denuncian acoso.

Trabajadores denuncian que la directora ejecutiva de los Panamericanos habría contratado a cercanos para cargos donde no están capacitados, incluida el área legal, que ha perdido demandas en tribunales por no presentarse a tiempo.

El tribunal acogió la acción del ex jefe de reclutamiento por despido injustificado, apuntando a que, a pesar de prestar servicio a honorarios, cumplía con un régimen de contrato. La corporación ahora adeuda $17 millones entre cotizaciones pendientes y el sueldo por los meses que no justificó el despido. A esto se suman siete demandas que "esperamos que se acojan”, dijo el abogado Pedro Peña.

Con las principales faenas adjudicadas, solo resta esperar que lleguen a tiempo. El rediseño parcial de las nuevas autoridades a partir de marzo de sería un factor en el creciente retraso.

El presupuesto para el centro pasó de $13 mil millones a $32 mil millones con la apertura de la licitación en agosto de este año. Hoy, a menos de un año para la cita y con el proceso cerrado, el único oferente pide $50 mil millones a adjudicarse en diciembre. Desde el Mindep señalan que lo trascendental es contar con esta obra.

Acusan al IND de asignar recursos fiscales al Comité Olímpico de Chile y a la Corporación del Alto Rendimiento –ambas corporaciones de derecho privado– que le corresponden a la federación. Desde IND y COCH aseguran que distribución es legal y busca evitar que “atletas se vean afectados por problemas administrativos de las federaciones”.