La exministra del Deporte dejó el cargo tras 156 días, en medio de cuestionamientos por el uso de un vehículo institucional. El subsecretario Andrés Otero también fue removido, en medio de una relación quebrada con Ducó.

La entidad tras la exitosa organización de los Juegos Panamericanos, dirigida en su minuto por el ahora precandidato presidencial Harold Mayne-Nicholls, ha recibido cientos de demandas laborales. Una buena parte corresponde a personas que tenían un vínculo con la corporación a partir de boletas de honorarios, y que reclaman cobros de prestaciones, despidos injustificados y que se reconozca su relación laboral. 

Mediante un comunicado, Gianna Cunazza informó su “renuncia voluntaria, la que se hará efectiva a partir del martes 6 de junio”. A solo cuatro meses del inicio de la cita deportiva, la funcionaria sale tras millonario bloqueo de recursos para el evento; y acusaciones de 'amiguismo' y despidos de trabajadores que denuncian acoso.

Trabajadores denuncian que la directora ejecutiva de los Panamericanos habría contratado a cercanos para cargos donde no están capacitados, incluida el área legal, que ha perdido demandas en tribunales por no presentarse a tiempo.

El tribunal acogió la acción del ex jefe de reclutamiento por despido injustificado, apuntando a que, a pesar de prestar servicio a honorarios, cumplía con un régimen de contrato. La corporación ahora adeuda $17 millones entre cotizaciones pendientes y el sueldo por los meses que no justificó el despido. A esto se suman siete demandas que "esperamos que se acojan”, dijo el abogado Pedro Peña.

Con las principales faenas adjudicadas, solo resta esperar que lleguen a tiempo. El rediseño parcial de las nuevas autoridades a partir de marzo de sería un factor en el creciente retraso.

El presupuesto para el centro pasó de $13 mil millones a $32 mil millones con la apertura de la licitación en agosto de este año. Hoy, a menos de un año para la cita y con el proceso cerrado, el único oferente pide $50 mil millones a adjudicarse en diciembre. Desde el Mindep señalan que lo trascendental es contar con esta obra.

Acusan al IND de asignar recursos fiscales al Comité Olímpico de Chile y a la Corporación del Alto Rendimiento –ambas corporaciones de derecho privado– que le corresponden a la federación. Desde IND y COCH aseguran que distribución es legal y busca evitar que “atletas se vean afectados por problemas administrativos de las federaciones”.