El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló en 2020 en contra de la salmonera Nova Austral y cinco ejecutivos por fraude de subvenciones, al recibir 60 mil millones de pesos (US$ 61 millones) como beneficios tributarios utilizando información falsa. Cuatro años después, el Ministerio Público propuso suspender condicionalmente el proceso penal, a cambio de que la empresa pague sus deudas tributarias. Organizaciones ambientales criticaron lo que consideran un “perdonazo” para la empresa y aseguran que es un mal precedente que anima a que “cualquier compañía pueda incumplir libremente la ley, falsear información y luego seguir operando impunemente”. 

Once organizaciones piden al CDE impugnar la propuesta de salida alternativa para Nova Austral en un caso subsidios fraudulentos por $60.000 millones, pues se estaría pagando la deuda tributaria de la salmonera con los mismos recursos que dieron origen a la causa.

De acuerdo con Sernapesca, solo 101 mil de estos peces pudieron ser recapturados. La empresa Nova Austral lidera la lista con 328 mil fugas, las que según explica Greenpeace, provocan “depredación, desplazamiento y nuevas enfermedades en la fauna nativa”, además de la “modificación de condiciones naturales” del medio marino.

En seis meses, multinacionales noruegas y empresas de capitales chilenos reportan seis procedimientos sancionatorios por producir sobre el límite de lo establecido en sus centros de engorda.

Los desastres medioambientales en la industria chilena encajan bien con las aspiraciones sustentables y globales de ese país. ¿El problema? Muchos de estos han tenido a compañías noruegas como protagonistas.