Han pasado casi cuatro años desde que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló contra los ejecutivos de Nova Austral por fraude de subvenciones en junio de 2020, tras detectar que la salmonera recibió casi $60.000 millones de pesos, entre 2016 y 2019, como beneficio tributario contemplado en la Ley Navarino, a través de la entrega de información falsa.

A pesar de que, a la vista de los antecedentes, se esperaba que la acción judicial concluyera con una sanción ejemplificadora, el pasado 19 de marzo el Ministerio Público, representado por el fiscal Sebastián González Morales, presentó una propuesta de salida alternativa y suspensión condicional del procedimiento en beneficio de Nova Austral, la que evitaría el pago de gran parte de la deuda tributaria.

Por ello, once organizaciones ambientales presentaron una declaración pública acusando la preparación de un “perdonazo de miles de millones a Nova Austral, la salmonera con mayor prontuario ambiental de Chile”. Además solicitaron al CDE impugnar la propuesta para “buscar las máximas sanciones para una empresa insigne de la vulneración de las leyes chilenas”.

El acuerdo alternativo va “en detrimento de los recursos públicos del país, el cual consiste en que Nova Austral pague una parte de sus deudas tributarias", con bonificaciones estatales obtenidas por Ley Navarino.

La declaración fue firmada por Centro Ballena Azul, Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, Fundación Patagonia Azul, Fundación Terram, Greenpeace Chile, Mission Blue, MODATIMA Punta Arenas, Oceana, ONG FIMA, Rewilding Chile y SCAC Magallanes. (Lee la declaración completa al final de este artículo).

Sobre cómo se está preparando el cierre del caso, las organizaciones señalan que el acuerdo alternativo va “en detrimento de los recursos públicos del país, el cual consiste en que Nova Austral pague una parte de sus deudas tributarias, por un monto de $30.229 millones de pesos".  De este total, $9.130 millones se financiarán con bonificaciones estatales obtenidas por Ley Navarino que se encuentran retenidas como medida cautelar ($6.953 millones) y pendientes de pago ($2.177 millones). 

Según la propuesta de acuerdo, el resto de la deuda de Nova Austral se pagará con 23 cuotas mensuales de $843 millones y la entrega de un terreno cuyo avalúo comercial asciende a $1.711 millones. 

El cálculo de las organizaciones apunta a que esta salida alternativa dejaría un saldo negativo para las arcas fiscales por $3.537 millones, tomando como base un certificado de deuda emitido por la Tesorería General de la República (TGR) en enero de 2024.

“De esta manera, el Estado estaría financiando cerca de un 38% del total de la deuda tributaria que mantiene la empresa y con los mismos recursos obtenidos fraudulentamente que dieron origen a la causa”, concluye el comunicado.

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Además de la falsificación de información, un reportaje de Terram reveló que Nova Austral también infringió el límite de producción autorizado en sus centros de cultivo en 24 oportunidades sin ser sancionado por la SMA. 

Cabe señalar que las organizaciones ambientalistas no son las únicas extrañadas con el acuerdo propuesto por el Ministerio Público. Según constató el Diario Financiero, los ex gerentes de Nova Austral, querellados por el CDE, defienden una visión distinta de los hechos. 

En esta línea, Alejandro Espinoza, abogado del ex gerente general de la salmonera, Nicos Nicolaides, criticó el acuerdo acusando que “el CDE y la Fiscalía negociaron con la empresa, llegando a un acuerdo, sin que los abogados del resto de los intervinientes pudieran participar, ni menos ser parte de dicho acuerdo. En este caso, se le da a la compañía un trato y condiciones que no se le ofrecen a los demás”.

Además, el abogado declaró que les "llama la atención que la investigación y el juicio se dirijan exclusivamente contra ex ejecutivos, sin haber investigado a los directores y controladores de la compañía".

Con esto, Espinoza apuntó a los propietarios noruegos de Nova Austral ligados a fondos de inversión extranjeros que, en medio del proceso de reorganización judicial, preparan su salida para dejar en la propiedad a los acreedores de la salmonera.

Sobreproducción y operación en áreas protegidas

Además del eventual perdonazo, la declaración apunta a que 19 de las 28 concesiones salmoneras que operan dentro de parques nacionales pertenecen a Nova Austral.

“Tras cometer este fraude, Nova Austral ha continuado recibiendo subsidios vía Ley Navarino por un total de $27.510 millones de pesos sólo entre 2020 y 2022”.

Para las organizaciones, con la salida alternativa se “extiende la operación de salmones dentro de parques nacionales, contraviniendo las palabras enunciadas por el presidente Gabriel Boric”, cuando señaló que “industrias como las de la salmonicultura deben salir de áreas protegidas”. 

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Además de la falsificación de información, un reportaje de Terram reveló que Nova Austral también infringió el límite de producción autorizado en sus centros de cultivo en 24 oportunidades sin ser sancionado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a lo que se suman otros 7 casos con procedimientos sancionatorios terminados y en curso. 

Con ello, Nova Austral pudo cosechar más de 40 mil toneladas de salmones de forma ilícita entre 2001 y 2022, inflando el monto de los subsidios recibidos vía Ley Navarino.

Al respecto, la declaratoria asegura que “tras cometer este fraude, Nova Austral ha continuado recibiendo subsidios vía Ley Navarino por un total de $27.510 millones de pesos sólo entre 2020 y 2022”.