La Corte de Apelaciones de Santiago anuló íntegramente lo obrado desde el año 2015 en un extenso proceso judicial vinculado al control de la Empresa Ferroviaria Oriental S.A. de Bolivia. Diez años completos de tramitación sin efecto, “no por una irregularidad marginal, sino por un vicio de origen”, aseguran desde el entorno del empresario. Algo que podría sentar un precedente en el Caso Curauma.

“El problema no ha sido mercado versus Estado, sino la degradación del marco regulatorio. Un Estado fuerte no es el que gestiona la economía, sino el que se contiene, fija reglas claras y las aplica sin excepciones”.

Desde el grupo representado por el empresario Manuel Cruzat Infante han mostrado resquemores por un nuevo intento de rematar un inmueble correspondiente a suelo urbano con vocación directa para desarrollo habitacional, para el que el tribunal ha fijado un mínimo de 80.000 UF, es decir, apenas el 7% de la tasación pericial y cerca del 8% de su valor comercial conservador.

Este tribunal ha sido objetado por su actuar en el Caso Curauma, en el cual el empresario Manuel Cruzat acusa un "despojo orquestado" por parte del síndico nombrado por dicha instancia judicial, quien trasladó inopinadamente US $500 millones a la cuenta de Euroamérica. Cruzat acusa un "sabotaje informático" en la asignación de causas de quiebras al 2° Juzgado. A estas sospechas se suman los casos de insolvencia transfronteriza de LATAM y la quiebra de la Inmobiliaria Don Balta S.A.

Una carta de la Corporación del Poder Judicial busca aclarar, debido a una solicitud de transparencia, los criterios de asignación de causas civiles. Si se aplicaba el tercer criterio, el Caso Curauma debía ir al 6° Juzgado y no al 2°. Manuel Cruzat denuncia designaciones “a dedo”.

Los empresarios acusan manipulación del sistema informático que asignó sus respectivas quiebras al mismo juzgado, pues según sus cálculos son altamente improbables, en términos estadísticos, los resultados de sorteos que terminaron perjudicándolos. Los datos los está analizando Cibercrimen de la PDI.

A media página del Cuerpo B, el empresario aprovechó la necesidad de avisar el 16° intento de remate de su proyecto inmobiliario fracasado para denunciar “un gravísimo caso de corrupción” en el sistema informático. Algo que supuestamente lo habría perjudicado con la selección del tribunal, los abogados y el síndico.