Jorge Abbott
Desde el destape del caso Hermosilla, pasando por el caso Monsalve, hasta la divulgación de los chats entre Cariola y Hassler, Fiscalía mantiene 22 sumarios en investigación por filtraciones en sus filas. De los 36 sumarios iniciados desde 2017, sólo 13 han sido resueltos, con 6 con sobreseimientos, 3 con la suspensión del cargo y 2 con multas, así como de 2 remociones, incluyendo la desestimada contra el exfiscal Arias.
A principios de octubre, la editorial Penguin Random House lanzó el libro Chile Narco, obra del periodista Jorge Molina Sanhueza. A días de su publicación, Interferencia comparte el capítulo La Amenaza, donde el autor relata cómo el asesinato del fiscal paraguayo experto en crimen organizado, Marcelo Pecci, impactó en el Ministerio Público de Chile y encendió las alertas sobre la seguridad de los fiscales que investigan casos complejos y de alto riesgo.
El documento presenta a Herrera, nominada por La Moneda para ser la próxima Fiscal Nacional, no sólo cómo mujer de confianza de Abbott, sino que entrega antecedentes que mostrarían cómo ha contribuido a acallar investigaciones internas, entre éstas varios maltratos a mujeres. “Si llegara a ser ratificada, sería un desastre”, afirma un directivo gremial.
“Lo único que te digo es que pienses en el bien de la institución y de don Jorge (Abbott)”, le dijo Mansilla al fiscal Sergio Moya, pocas horas antes de acusar a su jefe Emiliano Arias por corrupción, acusaciones descartadas por la justicia. Además, la fiscal de Ñuble dio luz verde a una infructuosa y costosa investigación por el robo de seis cápsulas de café dentro de dependencias del Ministerio Público.
Aunque es experta en anticorrupción, el Ministerio Público en el que ha trabajado por largos años en cargos administrativos tiene pocos logros que mostrar en la materia. Como jefa de la Unidad de Asesoría Jurídica, y a petición de Abbott, Herrera habría sido parte de los intentos por sacar al fiscal Emiliano Arias -quien investigaba delitos de platas políticas- de la institución. Ese intento naufragó en la Corte Suprema en 2022.
En conversaciones informales entre ambos poderes del Estado, los senadores comunicaron que verían con buenos ojos candidatos no ligados a Jorge Abbott, y que ojalá enfaticen una persecución penal más eficiente y sean ajenos a la institución, aunque conocedores del sistema penal. El criterio de género, si es mujer u hombre, no es relevante para el Senado.
En caso de que el proyecto constitucional sea aprobado, el mismo texto debe definir los plazos para la aplicación de la nueva normativa y establecer los protocolos para una transición ordenada al nuevo régimen político, legislativo y judicial. Para tal fin, Normas Transitorias está deliberando el articulado que pondrá fin a viejas instituciones, transicionará de unas a otras y dará fecha de comienzo a los nuevos órganos.
Un video desde el frontis de la fábrica donde se escuchan tres disparos, una pistola desaparecida, testigos que si declaran pueden pasar a ser imputados y un avaluó de pérdidas de la empresa por $14 mil millones con seguros comprometidos suman antecedentes a un caso que no se resuelve.
Juan Domingo Acosta indicó que las condiciones del contrato de compraventa de Dominga ya estaban en la carpeta que manejó el fiscal Manuel Guerra.
En 2017 el fiscal Manuel Guerra pidió sobreseer a Sebastián Piñera, y afirmó que no había ninguna relación entre la cancelación del proyecto Barrancones y Minera Dominga. Esto, aunque era conocido por Fiscalía que solo uno de los dos proyectos podía realizarse en el lugar y a que parte de la venta de los Piñera a Délano estaba condicionada a que la zona no fuera reserva natural.
Un policía antidrogas tuvo hasta diciembre una automotora que usaba los mismos proveedores y la misma logística del negocio de autos del traficante y ex informante Alex Cuevas, asesinado en 2015. Hasta hoy, el alto mando de la policía no ha investigado a este y otros agentes acusados de formar una camarilla dedicada a la extorsión.
Al Presidente y su gobierno no les agrada la prensa crítica, sea chilena o extranjera. Pero otra cosa es ignorar por completo cientos de denuncias de agresiones, detenciones, amenazas y espionajes a periodistas.
En esta segunda entrega, Patricio Sánchez relata cómo fue amedrentado por oficiales de la unidad de antinarcóticos de Arica tras denunciar que en el asesinato de un informante estarían involucrados agentes corruptos. Además, INTERFERENCIA contesta carta de la PDI.
El Ministerio Público había solicitado su sobreseimiento, pero el Juzgado de Garantía de Temuco dio 90 días para realizar nuevas diligencias, entre ellas, citar a declarar al ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, para que se refiera sobre el conocimiento que tenían los fiscales sobre el montaje.
Falsedad, prevaricación administrativa y negociación incompatible son algunas de las acusaciones que recaen sobre quienes vienen llevando adelante urbanizaciones en zona de bosque esclerófilo sobre la cota mil, al nor-oriente de Santiago.
A propósito de la renuncia de Susana Tonda a la dirección del Sename, INTERFERENCIA conversó con este congresista que lideró las primeras investigaciones en torno a las históricas vulneraciones de los derechos de los menores. El diputado acusa que la prioridad del gobierno es engrosar el negocio de las subvenciones a privados, lo que ha probado no servir.
Hoy 3 de febrero el fiscal Arias retomará sus funciones en O'Higgins y si bien no se topará con Moya –quien fue trasladado a la Fiscalía de San Bernardo– sí lo hará con Allendes, una de las que lo confrontó directamente durante el conflicto interno de los fiscales.
La Corte Suprema rechazó ayer la remoción del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, asestando un duro golpe al fiscal nacional Jorge Abbott. Y también a quienes, como el ex fiscal del caso Penta, Carlos Gajardo, que valoraron las acusaciones en su momento.
Un registro de las conversaciones por WhatsApp entre el fiscal Sergio Moya y el jefe del Ministerio Público revela que ambos se coordinaron, hasta cierto punto, para denunciar a Arias en abril de este año. En los diálogos analizan las reacciones del acusado ante los medios, coordinan llamados a otros fiscales y acuerdan qué destino tendría la investigación contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Pablo Gómez, ex líder de las investigaciones por financiamiento irregular de campañas políticas, hoy se encuentra asesorando al Ministerio del Interior en querellas en el marco de las protestas iniciadas el 18 de octubre. En este trabajo, coincide con personajes como Jorge bofill, Gabriel Zaliasnik, Samuel Donoso y Marcelo Sanfeliú, quienes participaron de las defensas de involucrados en los casos Penta y SQM.
Eugenio Campos, a cargo del Pacogate, tuvo un sumario en su contra que recomendó que fuera expulsado del Ministerio Público. Pero el ex fiscal nacional Sabas Chahuán sólo lo amonestó.
El conflicto entre los fiscales Arias y Moya es sólo la punta del iceberg de un profundo quiebre en el Ministerio Público, que se originó con la llegada a la fiscalía nacional de Jorge Abbott. Era el hombre que la Nueva Mayoría impuso a fines de 2015 para tratar de enterrar los escándalos de financiamiento de la política.
Sergio Moya realizó asesorías a los carabineros involucrados en el montaje de la Operación Huracán, lo que llevó a su jefe, el fiscal regional Emiliano Arias, a abrir un sumario. Hasta ese momento, ambos eran casi amigos.
Para el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, víctima del montaje Operación Huracán realizado por Carabineros en 2017, los recientes whatsapp revelados por Ciper muestran que el ex general director de Carabineros articuló el procedimiento que lo inculpó a él y otros siete mapuche con pruebas falsas. Además, apunta al ex subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy.
Los abogados de uno de los mayores (r) formalizados en el PacoGate, recurrieron a esta acción judicial para que se investigue esta millonaria arista que el Ministerio Público se negó a incluir dentro de la causa.
Carabineros ha pagado miles de millones de pesos -muchas veces en exceso e incluso de manera ilegal- a más de un millar de funcionarios y ex funcionarios civiles de la institución. ¿El truco? Una oscura ley de 1988 que homologa sueldos y beneficios entre personal civil y uniformado. Muchos de los favorecidos son familiares de miembros del Alto Mando.
Este jueves 20 de diciembre el máximo tribunal se pronunciará respecto de los recursos de nulidad presentados por las defensas de los condenados por la muerte de Eduardo Lara Tapia, que falleció asfixiado en dependencias del Concejo Municipal de Valparaíso, inmueble incendiado durante las protestas realizadas mientras se desarrollaba el discurso presidencial.
