En el último tiempo, distintos fallos judiciales han determinado la ilegalidad de distintas edificaciones en Santiago, en su mayoría cuestionando el rol que han ejercido las Direcciones de Obras Municipales (DOM) al otorgar permisos de edificación a proyectos que luego fueron considerados ilegales. 

Ante esta situación, y considerando que varias de esas edificaciones ya habían comenzado procesos de obras -e incluso de venta y ocupación por parte de particulares- surge el debate de qué hacer con ellos, en especial en los casos donde se ha decretado una demolición y hay vecinos habitando los edificios.

¿Política de los hechos consumados? 

Para hablar de esto INTERFERENCIA entrevistó a Rodrigo Valdés, abogado, experto en derecho urbanístico y asesor de la organización ciudadana Adoquines de Ñuñoa, con la que ha participado de emblemáticos casos como el del edificio Botero, cuyo anteproyecto y permisos fueron declarados nulos hace años, por lo que aún podría decretarse una orden de demolición. Esto, a propósito de la última resolución judicial de la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó el recurso de casación de Defendamos la Ciudad contra Desarrollo Inmobiliario Bellavista, por las torres edificadas y ocupadas ilegalmente en Recoleta.

“Es una situación que cuesta aceptarla. Si tú haces una obra y por esta ilegalidad tiene que ser demolida, no hay alternativa. Esto ocurrió en España en la época del ‘boom del ladrillo’ como le llaman los españoles y se han demolido urbanizaciones completas”, comenta. 

En esa línea, ejemplificó con que en Benidorm (Alicante, Comunidad Valenciana) se acaba de ordenar la demolición de dos rascacielos de lujo ubicados al lado del mar. “Curiosamente, lo mismo está ocurriendo en México, donde incluso en algunos edificios se tienen que demoler los últimos dos pisos, por ser ilegales. Entonces no es un problema de Chile, sino a nivel global”, señala. 

En el caso de las Torres Bellavista de Recoleta, cuya ilegalidad en los permisos de edificación implicaría su demolición, indicó que “a pesar de que la Municipalidad se allanó a lo propuesto por la Universidad de Chile en cuanto a que el permiso es ilegal, rechazó lo relativo a quién tiene que demoler”. Un problema no menor, pues esto implica costos no claramente asignados.

Ante las dificultades que presenta la eventual demolición, entendiendo los desalojos, indemnizaciones y los costos de las demoliciones que ello significarían, el abogado fue enfático: “Hay dos alternativas; o demueles un edificio o demueles el sistema jurídico y social chileno. Lo que está en juego es el Estado de Derecho. Lo que sucede es realmente grave, Chile debe ser de los países donde menos se respeta la legalidad”. 

Derecho romano

Uno de los temas que Valdés ha logrado instalar jurídicamente tiene que ver con los derechos consagrados a la propiedad, alegando temas relativos al asoleamiento, la privacidad, la ventilación o el derecho al desplazamiento. Una perspectiva distinta, pero complementaria respecto de quienes han defendido a vecinos usando el argumento del valor patrimonial. “A pesar de que hemos apoyado siempre a la gente que pelea por el valor patrimonial, creo el tema de las alturas de los edificios tienen que ver -desde la época del derecho romano- con el asoleamiento, la ventilación y la privacidad”, dice. 

Valdés cree que “a lo mejor muchos de los arquitectos y urbanistas deben haber aprendido que lo más importante es el derecho a edificar. El derecho al asolamiento y la privacidad lo conocen sólo los arquitectos más viejos, esto lo sé porque hemos estado en contacto con profesionales destacados de esta área y todos ellos han concordado en lo que nosotros hemos redescubierto”. 

El abogado menciona parte del trabajo que hizo Karl Brunner -uno de los referentes principales para la arquitectura en Chile- y el rescate que ha hecho de libros y artículos de su autoría, que abordan este tema.

Decreto supremo versus Constitución

Otro de los temas que el jurista abordó en la conversación con INTERFERENCIA fue el Decreto Supremo 56, polémica iniciativa impulsada por el Gobierno hace unos meses que permite a los seremi de Vivienda autorizar proyectos inmobiliarios destinados a inclusión social, saltándose los planos reguladores comunales, si es que destinan 20% de su superficie a viviendas de personas de escasos recursos.

“Yo viví en Bélgica y ese sistema existe, pero cada vez que se construye se deja un 20% que queda para la administración de la comuna y ésta lo administra normalmente arrendando a muy bajo precio. En el caso de Chile la administración de ese 20% no es pública, y no se va a arreglar el tema de la pobreza e integración porque dejaste a cinco personas o diez personas viviendo en un edificio donde se supone que el resto tiene recursos”, describió. 

Además, el abogado dice que el decreto atenta contra la Constitución. “Ellos dicen que van a modificar la capacidad máxima de edificación y la densidad, y resulta que a eso se dedican los planes reguladores. Tenemos un problema, porque los planos reguladores están normados por ley, y las facultades que tiene el municipio están en una ley, y esta ley tiene mayor categoría que un decreto supremo. Eso genera una inconstitucionalidad”, explica. 

A juicio de Valdés, frente a la ilegalidad decretada por la Corte Suprema de los denominados guetos verticales, “todos esos proyectos van a decir que se acogen al Decreto Supremo 56. Eso lo podrían hacer, pero entonces habrá que modificar la ley y la Constitución, porque esos edificios, además, tienen que garantizar algún derecho a los que viven al lado. A esos vecinos no les puedes quitar todo el asoleamiento y la privacidad. Y si bien los derechos por ley se pueden regular, no se pueden anular”.