Rodrigo Valdés Alé

Mientras se agilizan gestiones para evitar el desalojo de la megatoma de San Antonio, el abogado Rodrigo Valdés, representante de una organización que agrupa a más de 300 familias dentro del terreno, criticó el fundamento jurídico con el que se pretende justificar la acción.

Las medidas han sido transmitidas por TV y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se ha convertido en ejemplo para otros ediles. Pero, desde el derecho urbanístico, se cuestiona la arbitrariedad para definir qué viviendas caerán, pues técnicamente las demoliciones nada tienen que ver con el narcotráfico. Esto, en un contexto en que por ninguna otra causa los edificios ilegales de inmobiliarias enfrentan la dinamita.

Tras sostener una reunión con personeros del Municipio, los litigantes que buscan establecer límites de construcción manifestaron estar en alerta por la postura legal que podría sostener la alcaldía. Solicitaron que no se dé lugar a interpretaciones de lo decidido por la Corte de Apelaciones.

A fines de diciembre del año pasado, la respuesta de la Dirección de Desarrollo Urbano -dependiente del Ministerio de Vivienda- a una consulta de una empresa derivó en una delicada trama legal que ya ha sido analizada por la CChC para sentar un precedente que permita validar edificaciones que han sido cuestionadas por irregularidades.

La Corte de Apelaciones acogió un recurso donde se estableció que el ex alcalde de la comuna eliminó de forma arbitraria un artículo que limitaba la altura de edificios en la modificación del plan regulador comunal, sin informar ni a la comunidad ni al concejo municipal.

Según un recurso interpuesto por un afectado, el director de obras comunal certificó un ensanchamiento no realizado de avenida Lo Ovalle sobre su casa. Además, la inmobiliaria aseguró haber urbanizado una franja de 10 centímetros que luego donó a uso público, por lo que el terreno administrativamente ya no deslinda con las casas afectadas.

En tiempos de pandemia y cambios constitucionales, La influencia de las pandemias en el Derecho Urbanístico chileno. Del movimiento higienista al desarrollo sustentable aparece como una oportunidad para analizar la relación entre la propagación del Covid-19, las condiciones de vida urbana y la presencia de la corriente higienista en la legislación nacional. INTERFERENCIA adelanta en exclusiva el prólogo y la introducción del libro publicado recientemente.

Pese a que la iniciativa había sido aprobada en marzo por el actual director de obras del municipio -quien viene de la administración anterior- la alcaldesa Emilia Ríos optó por solicitar la invalidación de un anteproyecto de la Inmobiliaria Buenaventura, del cuñado del cuestionado ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba, que pretendía acogerse al concepto de vivienda económica para construir más pisos de lo permitido por el plan regulador de la comuna.

El experto en derecho urbanístico Rodrigo Valdés, quien recientemente consiguió un fallo favorable para que el SII informe los criterios inmobiliarios que justificaran el alza en las contribuciones, explica cómo políticas gubernamentales de los últimos años han favorecido la especulación inmobiliaria y afectado a los vecinos históricos de algunos sectores. Más ahora, en pandemia.

Este abogado experto en derecho urbanístico profundiza en los orígenes de la normativa en construcción en Chile, la cual se basa en criterios de higiene, seguridad y asoleamiento. Los mismos que se han olvidado en los últimos años con la densificación urbana extrema, en edificaciones como los ‘guetos verticales’, y que quedan en evidencia en el riesgo que provoca el hacinamiento en contextos como el del Covid-19.

Este jurista experto en derecho urbanístico -quien asesora desde hace tres años a la organización ciudadana Adoquines de Ñuñoa y quien aboga por derechos de propiedad de los vecinos frente a las inmobiliarias- se refirió a la situación de tener que demoler edificios construidos y habitados, por ser ilegales desde su origen. Como es el caso del edificio de Desarrollo Inmobiliario Bellavista, al frente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile.