La semana pasada, la trama que tiene envuelta a la papelera chilena Dimar con el grupo canadiense Copap Training sumó un nuevo capítulo judicial a la investigación que pesa sobre la firma nacional. 

Para entender el quiebre que durante 30 años mantuvieron a las compañías como socias vale remontarse al año 2022, cuando la papelera vinculada a la familia Ariztía (controlada anteriormente por los Matte), dejó de pagar las facturas por grandes órdenes acumulando una deuda que ya llega a los $30.000 millones.

La firma, fundada en 1973, no logró llevar adelante un proceso de reorganización en abril de 2024 y la justicia ordenó la liquidación de la empresa. 

Posteriormente, el 8 de mayo de 2024, comenzaría el primer hito judicial luego de que Copap interpusiera una querella por los delitos de estafa y entrega de información falsa en contra del directorio y su entonces gerente general, Jonathan Morán, acusándolos de generar un perjuicio de $1,649 millones en medio de la quiebra declarada. 

Parte crucial de la relación entre Dimar y Copap se fundó en la entrega de información contable y financiera de la papelera para respaldar la adquisición de insumos de papel, pero en noviembre de 2023 se reveló que la información entregada durante 2022 y 2023 había sido falseada aparentando una solidez económica. 

En ese entonces, el directorio apuntó a Morán como el responsable de los hechos y el gerente de la compañía durante 25 años fue desvinculado de la compañía. 

No obstante, para los querellantes, dicha tesis no es del todo plausible, pues desconfían que el directorio no haya sido capaz de enterarse de los datos falseados por Morán y ampliaron la querella el pasado 10 de febrero a los directores de la papelera. 

Dicha acción, va en línea con las diligencias efectuadas por el Ministerio Público que solicitó la información de los correos electrónicos almacenados en la papelera correspondientes a cuatro de sus directores: Francisco Ariztía Fernández, Francisco Ariztía Reyes, Juan Eduardo Ariztía Reyes y Federico Humberto Silva Pizarro.

Cabe destacar que la figura de Morán suscita interés dentro de la investigación más allá de sus posibles responsabilidades, pues además de haber estado más de 20 años en el cargo y tener acciones por el 5% de la empresa, tras ser despedido de su cargo fue nombrado asesor del directorio de Dimar, lo que genera dudas en los querellantes respecto al conocimiento del directorio sobre las cifras alteradas. 

Interferencia contactó con el abogado de Copap, Matías Balmaceda, del bufete Balmaceda, Cox & Piña, para profundizar en la ampliación de la querella, el rol de Morán en el caso y cómo el caso se enmarca en la nueva ley de delitos económicos. 

-¿En qué argumentos se sustenta la ampliación de la querella hacia el directorio de Dimar?

-Hay evidencia de que el directorio de Dimar tuvo un rol en los maquillajes contables y en la presentación de información falsa que elevó a que la compañía acumulara deudas muchas más altas de las que podía enfrentar. La ampliación de la demanda en específico se refiere a la información presentada en el procedimiento concursal en que claramente fue el directorio el responsable de la entrega de esa información,  

-¿Es plausible que un gerente general como Jonathan Morán haya sido capaz de engañar al directorio de la empresa durante un año? ¿Se podría pensar que está operando como una suerte de chivo expiatorio?

-Es dable pensarlo, si no Morán se quedó para ¿qué? Si el fraude era tan evidente como ellos dicen. No es una historia nueva. Hay muchos casos en la historia de empresas que se organizaron para defraudar y luego traspasaron la responsabilidad a un ejecutivo. Este tipo de acciones es justamente lo que la ley de delitos económicos busca evitar: que los directores se desliguen en caso de una estafa de sus responsabilidades en razón del rol fiduciario que deben cumplir en las empresas. No puede ser que siempre el hilo se corte por lo más delgado.

-En esa misma línea, ¿es posible explicar que a quien se tache como culpable de los delitos sea luego asesor externo de la propia empresa en cuestión tras su salida?

-Eso hace más evidente de que había una relación relevante entre el directorio de Dimar y Morán. Si acusas a alguien de engañar y malversar fondos de la empresa, ¿por qué lo mantienes como asesor? ¿Por qué no fue expulsado de inmediato? ¿En qué tema podía seguir asesorando a cambio de honorarios?

-¿Tiene alguna hipótesis respecto a por qué Dimar dejó de pagar las facturas tras años de haber mantenido una relación comercial con Copap? 

-Es muy probable que el negocio haya ido en una dirección opuesta a la que ellos pensaban. El delito es haber mentido permanentemente a tus socios comerciales y al mercado sobre esa situación, forzando a que las empresas que confiaban en ti cometieran un error ajeno, y siguieran enviando insumos durante varios meses. 

-¿Busca sentar un precedente respecto a la responsabilidad fiduciaria de un directorio y evitar que recaiga sobre solo una persona con este caso?

-Este caso debiera ser un ejemplo de un directorio que busca desligarse de su responsabilidad ante una defraudación, que en este caso supera los 30 millones de dólares, y que la nueva ley de delitos económicos corrige. Puede ser un caso emblemático por eso mismo y creemos que el Ministerio Público así también lo considera al sumar a los directores de Dimar como imputados.  

-¿Qué señal cree que envía el Ministerio Público al ordenar diligencias para obtener la información de los correos electrónicos de los directores de Dimar en el marco de la nueva ley de delitos económicos?

En nuestra visión, con esas diligencias el Ministerio Púbico entiende que la responsabilidad no se concentra solo en el Sr. Morán y que el directorio también tienen responsabilidades en la construcción de este desfalco, por lo que aplica estas medidas que son propias a quienes son imputados.

-Por otra parte, en virtud de las diligencias iniciadas por el Ministerio Público para investigar la información contenida en los correos electrónicos de los directores de Dimar, ¿es posible dilucidar el tipo de evidencia que allí se encontraría?

-Los resultados de esas indagatorias no han sido conocidos todavía durante el curso de esta investigación, sin perjuicio de que el propio Ministerio Público, de acuerdo a los antecedentes de la indagatoria, ha solicitado la incautación de todas las cuentas de correo, tanto de los ejecutivos principales, como de los directores.