La Contraloría General de la República (CGR) terminó la auditoría que sustanció en contra de la Municipalidad de Algarrobo y detectó, entre otras irregularidades, más de $1.193 millones sin control que fueron a parar a proveedores, sujetos que nunca trabajaron para la sede comunal, entre otros hechos. En este sentido, destaca el informe que publica Interferencia, hubo un desorden generalizado sin cuidar ni fiscalizar los fondos públicos para la comisión de delitos.

Hay que recordar que existe una investigación penal del Ministerio Público local, en contra del ex alcalde José Luis Yáñez Maldonado (UDI),y su pareja Belén Carrasco formalizados por la malversaron más de $1.000 millones, donde también es parte querellante el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Independiente de lo anterior, lo acreditado por la Contraloría servirá de insumo para el organismo para engrosar los elementos que componen la indagatoria.

Licitación

La CGR también estableció que Santiago Fuentes Yáñez y Juan Pablo Maldonado Aravena, recibieron transferencias bancarias por  $137 millones y $125millones, respectivamente “respectivamente, y sin haber prestado servicios en el municipio”. Ambos, detalla el documento “tienen vínculos familiares en calidad de sobrino y primo del alcalde de la época, don José Luis Yáñez Maldonado”.

La Contraloría también ordenó un sumario, luego de comprobar que el edil presionó a un subalterno para favorecer a la empresa Amisoft, la que “tuvo acceso a información y antecedentes previos al llamado de la licitación pública” para arrendar servicios informáticos.

Las situaciones (...) vulneran el principio de probidad, consagrado en el (...), sobre observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de su cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.

Planillas

A renglón seguido, el organismo fiscalizador apuntó a las planillas de pago de proveedores, vía transferencia electrónica, “cuyo monto ascendió a la suma de $1.193 millones".

La entidad de control, responsabilizó a la “Tesorera Municipal doña Belén Carrasco Serrano (pareja de alcalde y formalizada por estos hechos), al jefe comunal Yañez, como también por los apoderados  María Gutiérrez Berríos, y Cristian Celedón Salazar y  ex Directora de la Dirección de Desarrollo Comunal y ex Director Jurídico, respectivamente, sin que “dichos servidores hayan tomado las medidas de control suficientes para resguardar que tales giros se efectuaran de manera correcta”.

La Contraloría también ordenó un sumario, luego de comprobar que el edil presionó a un subalterno para favorecer a la empresa Amisoft, la que “tuvo acceso a información y antecedentes previos al llamado de la licitación pública” para arrendar servicios informáticos.

Por último, la CGR efectuará el respectivo juicio de cuentas, para que los involucrados devuelvan el dinero.