“En línea con las mejores prácticas de la industria a nivel internacional y las recomendaciones del Banco Mundial, según las cuales debe existir una clara separación entre la actividad de aprovisionamiento y la actividad de distribución del gas natural, el Directorio aprobó por unanimidad la división de Metrogas en dos sociedades, separando el negocio de aprovisionamiento del de la distribución de gas natural”.

Estas son las palabras con las que Metrogas describe en su Memoria Anual de 2016 la maniobra realizada en mayo de ese año en una Junta Extraordinaria de Accionistas, cuando Metrogas se dividió en dos sociedades, lo cual según un reciente informe de la Fiscalía Nacional Económica, le ha permitido a Metrogas cobrar precios a los consumidores de gas natural del orden de un 20% superiores a los que se cobraría en caso de no existir este esquema vertical de sociedades. 

Fue durante la administración del segundo gobierno de Michelle Bachelet, con Máximo Pacheco como ministro de Energía, cuando comenzó a instalarse en la agenda pública la discusión sobre la rentabilidad y los precios excesivos que cobraban por sus servicios las empresas de gas. Un informe encargado por Pacheco a la Comisión Nacional de Energía en 2014, sostuvo que Metrogas había obtenido rentabilidades por cifras que excedían el máximo legal de 11% (hasta 16% en años anteriores). 

La discusión inaugurada por Pacheco y Bachelet en 2014, terminó siendo ley en enero de 2017, la cual estableció sanciones para aquellas empresas del área que superaran ciertos máximos legales de rentabilidad. Pero algunos meses atrás, en mayo de 2016, el directorio de Metrogas tuvo la mencionada Junta Extraordinaria de Accionistas en la que decidió dividir a Metrogas en dos sociedades: Metrogas S.A. por un lado, y Aprovisionadora Global de Energía S.A. (Agesa) por otro..

“Esta separación implica que Metrogas S.A. es responsable de la distribución de gas natural a clientes residenciales, comerciales e industriales; mientras que la nueva sociedad Aprovisionadora Global de Energía S.A. [Agesa], se encarga del aprovisionamiento del energético (...) Ambas sociedades presentan la misma composición accionaria, esto es: Gas Natural Chile S.A., 51,84%; Empresas Copec S.A., 39,83%; y Gas Natural Fenosa Chile SpA 8,33%”, señala la memoria anual de 2016, de manera que el gas que antes Metrogas compraba directamente a un proveedor, ahora se lo compraría al mismo proveedor pero a través de un intermediario: Agesa, empresa desregulada y de propiedad de los mismos dueños de Metrogas, la cual comenzó a percibir las rentabilidades que para Metrogas eran ilegales.

Luego cuando la ley que comenzó a regular el mercado del gas fue promulgada en 2017, contenía un misterioso artículo transitorio, el cual permitía eludir la ley a aquellas compañías que tuvieran un contrato de aprovisionamiento de gas con otras sociedades del mismo grupo.

Luego, cuando la ley que comenzó a regular el mercado del gas fue promulgada en 2017, contenía un misterioso artículo transitorio, el cual permitía eludir la ley a aquellas compañías que tuvieran un contrato de aprovisionamiento de gas con otras sociedades del mismo grupo. Es decir, una norma hecha a la medida de Metrogas y su esquema de maximización de rentabilidad a costa de los precios pagados por los consumidores finales de gas.

Al respecto, un dato sobre el que no se ha puesto la mirada, es a propósito de las asesorías jurídicas y técnicas que recibió Metrogas y también otras compañías del rubro aglutinadas en la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), en 2014 y años posteriores. Aquellos años en que comenzó la discusión que desembocó en la ley, y que exigieron que Metrogas y otras empresas tuvieran que echar mano a los mejores abogados y economistas del mercado para asesorarse y así contrarrestar la ofensiva del gobierno. ¿Quiénes eran?

Abogados y economistas de Metrogas

En septiembre de 2014, el ministro Máximo Pacheco decía en entrevista con La Tercera que “la regulación que tenemos en Chile en materia de distribución de gas es muy precaria e insuficiente. Es una ley de 1935, reformada en 1989, y que limita a 11% la rentabilidad de las empresas distribuidoras de gas. Los números que tenemos hoy nos permiten validar que, efectivamente, Metrogas en el año 2013 excedió esa tasa significativamente”.

En octubre del mismo año, viendo la avanzada de las intenciones del gobierno de regular el mercado y eventualmente afectar la rentabilidad de su negocio, Metrogas y el gremio de empresas del gas contrataron a un grupo de selectos asesores. 

El nombre del abogado Felipe Bulnes Serrano (RN) probablemente fue el que más ruido generó, considerando que en la época era el ex ministro de Justicia y de Educación del primer gobierno de Sebastián Piñera.

El nombre del abogado Felipe Bulnes Serrano (RN) probablemente fue el que más ruido generó, considerando que en la época era el ex ministro de Justicia y de Educación del primer gobierno de Sebastián Piñera, además de haber sido uno de los representantes del Estado de Chile en el pleito marítimo que enfrentó contra Perú en la Corte Internacional de la Haya. 

Tal como informó la propia compañía en la época, Metrogas contrató los servicios del estudio Bulnes, Urrutia y Bustamante abogados, encabezado por Bulnes -un especialista en litigios- “para asumir cualquier contingencia legal y en particular la representación de la empresa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”.

En la misma información publicada por Metrogas, se da cuenta de que además la compañía contrató los servicios de Avendaño Merino Abogados, firma encabezada en ese entonces por José Miguel Gana, otro especialista en litigios y también en materias de libre competencia. 

Según distintas informaciones, Metrogas también contrató los servicios del -en ese entonces- recientemente creado bufete Cubillos y Evans Abogados, estudio nacido en agosto de 2014 “con la intención de fortalecer las áreas del derecho constitucional, medio ambiente, recursos naturales, urbanismo, inmobiliario y regulatorio”, según mencionan artículos de la época. Gonzalo Cubillos, uno de los fundadores del estudio, señaló en la época que “somos un estudio altamente capacitado, ya que los integrantes de nuestro equipo se han desempeñado como asesores y árbitros en conflictos de alta sensibilidad nacional, como socios de importantes estudios jurídicos, y como fiscales de empresas mineras y eléctricas”.

Cubillos ha representado en numerosas ocasiones a inmobiliarias, una de las cuales hizo polémica hace unos años. Se trata de la sociedad Desarrollo Inmobiliario Spa y su proyecto Chaguay, consistente en 142 parcelas en Lo Barnechea emplazadas en un área de protección ecológica y para el cual no tuvieron autorización. Además, este proyecto contaba con el ex senador UDI Pablo Longueira como uno de sus lobbistas.

Interferencia se comunicó con Eugenio Evans, quien encabeza el bufete dado que Cubillos abandonó el estudio, el cual pasó a llamarse recientemente Grupo Evans. En conversación con nuestro medio señaló que “nosotros nunca hemos prestado asesoría legal a Metrogas en temas relacionados con su organización corporativa”, complementando que “la [asesoría] nuestra fue regulatoria por lo que me acuerdo”, sobre lo cual agregó además que “no sé qué otras oficinas asesoran a Metrogas”. 

Otra persona que asesoró a Metrogas en ese entonces fue la economista, consultora y además ex ministra de Defensa durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, Vivianne Blanlot. La economista de la Universidad Católica, y militante del PPD, se ha especializado en materias energéticas y de minería durante su trayectoria. 

Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue directora ejecutiva de la Corporación Nacional del Medio Ambiente (Conama). Luego en el gobierno de Ricardo Lagos se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y en gobiernos sucesivos fue directora del BancoEstado, consejera del Consejo para la Transparencia, y también ministra de Defensa.

Hoy por hoy Blanlot es uno de los nombres fuertes del grupo Matte, ocupando una silla en el directorio de Colbún, antes de lo cual había estado en el directorio de CMPC. Pero también se encuentra en el directorio de Antofagasta Minerals, empresa del grupo económico más poderoso del país, los Luksic. 

Además de Blanlot y los abogados, otro miembro de este equipo armado por Metrogas fue el consultor Jorge Quiroz, conocido economista y asesor en materias de libre competencia, regulación, negociaciones, fusiones y adquisiciones, y también procesos tarifarios, entre otros. Su consultora fue fundada en 2001 y resalta su experiencia asesorando a numerosos privados y gobiernos.

En 2014 , Quiroz criticó la gestión de Pacheco, señalando que los intentos por regular el mercado del gas iban a desincentivar la inversión en materia energética. “La gente se opone a la inversión, las comunidades y las personas. Aquí basta que se junten cuatro personas, quemen unos neumáticos y se para la inversión… No hay Estado de derecho, no dejaron construir por 6 a 8 meses”, señaló en una entrevista con Radio Duna en 2014.

Quiroz asesoró largamente a Metrogas, incluyendo los años en que ocurrió la polémica división y discusión legislativa. Según distintas informaciones, Quiroz también representó a Metrogas en el Congreso de la República.

Otra información relevante al respecto, corresponde a quién detentaba la gerencia en asuntos jurídicos en Metrogas por esos años. Se trata del abogado de la Universidad Gabriela Mistral, Jorge Beytia Moure, el cual ha trabajado en la compañía desde 1997, cuando llegó como abogado para convertirse en abogado jefe en el año 2000. Finalmente Beytía ascendió en 2015 a fiscal de la empresa, es decir la gerencia encargada de asuntos legales

Interferencia se comunicó a través de correo electrónico con Jorge Beytía, el cual hoy en día se desempeña en Metrogas como gerente de personas y organización. Le consultamos por los bufetes que trabajaban con él y Metrogas entre los años 2014 y 2017, que es el periodo en el cual se comenzó a discutir la reforma legal y además ocurrió la división de Metrogas. También le preguntamos por los asesores que mencionamos en este artículo. 

A pesar de esto, desde Metrogas nos mencionaron que por ahora prefieren no referirse sobre estas consultas. 

Nuestro medio envió mensajes de correo a Felipe Bulnes, pero al cierre de esta edición no había contestado a nuestras preguntas. También intentamos contactar a Vivianne Blanlot a través de Icare, donde ella es vicepresidenta, sin embargo al cierre no pudimos conversar con ella.