Este martes, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería por unanimidad y avanzó al Senado para su segundo trámite.

Con 142 votos a favor, la iniciativa fue aprobada en general y amplia las causales de expulsión para personas extranjeras que hayan delinquido, revoca permisos residencias para quienes hayan cometido faltas reiteras a la convivencia y aumenta los requisitos para acceder a la nacionalidad chilena. 

Sin embargo, pese a ser aprobada de forma unánime, la iniciativa ha concentrado críticas debido a las restricciones que se podrían generar en contra de niños, niñas y adolescentes, como también, por el desincentivo a la regulación de la situación migratoria de trabajadores que se encuentren en situación irregular. 

La ministra del Interior, Carolina Tohá, que representó al Ejecutivo en Sala, si bien destacó la transversalidad de la votación advirtió que "el proyecto incorporó una indicación en la cual se penaliza a las personas que contraten trabajadores que están en condición de irregularidad, se entiende el mensaje, pero es la típica norma que termina teniendo el efecto contrario". 

"Lo que va a hacer esa norma es promover el trabajo ilegal, inhibir que los empleadores faciliten procesos de regularización de sus trabajadores, impulsar que no se paguen cotizaciones y derechos sociales básicos cargando de nuevo los sistemas de salud, los sistemas de educación porque no se pagan los derechos sociales como se debe. Significaría una norma de este tipo gatillar una crisis en sectores muy importantes de nuestra economía, en el agro, en la construcción, donde esta realidad existe", agregó. 

Por otra parte, respecto a las diferencias o prioridades que podrían suscitarse en términos educativos para los estudiantes migrantes con los nacionales, la secretaria de Estado apuntó que "se logró un acuerdo transversal muy importante respecto a cómo se organiza el acceso a los sistemas educacionales respetando nuestra constitución, respetando los convenios internacionales porque los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a educarse y nuestra constitución así lo mandata". 

"Sin embargo, la forma en que a veces se ha regulado el acceso a los servicios de educación consideraban la irregularidad migratoria como un elemento adicional de vulnerabilidad y eso provocaba que dos familias que estuvieran en la misma condición social si había una irregularidad migratoria esa familia podía tener privilegio, eso lo resuelve este proyecto", añadió Tohá. 

Pero, la titular de Interior explicó que "lamentablemente dentro de la redacción del artículo se agregó un inciso que contradice este principio general en el que hay acuerdo al establecer que se pueden hacer diferencias o tener prioridades". Sobre ello, Tohá sostuvo que dicho cambio tiene un problema de constitucionalidad y es contradictorio con el inciso anterior, pero que espera resolverlo en la tramitación si no, el Ejecutivo tendrá por obligación llevar la norma hasta el Tribunal Constitucional para que se refiera sobre el punto. 

Con todo, la iniciativa establece nuevas prohibiciones de ingreso al país como la condena por violencia intrafamiliar, asimismo, quienes hayan sido condenados en el extranjero en los últimos diez años por acciones que en la legislación nacional sean considerados como crimen o en los últimos cinco años por actos que sean simple delito. 

Además, se consideran medidas para incorporar el registro de datos biométricos de quienes se encuentren en situación irregular. Por otra parte, se modifica el Código Penal para aumentar las penas a quienes promuevan la entrada ilegal a personas con prohibición de ingresos para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas. 

En tanto, el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el diputado Rubén Oyarzo (Ind), destacó que "se amplió de 5 a 10 años la nacionalización" y señaló "espero que el gobierno le ponga la urgencia en el Senado porque esta es la prioridad número uno para los chilenos y chilenas, porque lamentablemente la migración ilegal está vinculada al crimen organizado, al narcotráfico y a la delincuencia".

Por otra parte, la diputada Danisa Astudillo (PS), señaló que "para proteger a nuestras comunidades debemos tener más instrumentos para separar aquellos migrantes que vienen a aportar -que son la gran mayoría-, frente a quienes vienen a delinquir o alterar nuestra paz y convivencia. Una situación que tiene particular relevancia en regiones fronterizas del Norte Grande, como mi región de Tarapacá".

"Hay algunos temas que no estábamos del todo acuerdo, por ejemplo, con el tema de la priorización en temas de salud y educación. Particularmente respecto de niños y niñas, que nos parece una discriminación arbitraria, y creemos que en el Tribunal Constitucional esto va a tener algún cambio en relación a como se aprobó el proyecto", dijo la diputada Carolina Tello (FA). 

En adición, el diputado Cristián Araya (Republicanos), indicó a esta redacción que "una buena noticia para Chile y mala noticia para el Gobierno que se ha opuesto a todas las modificaciones que endurecen la norma contra la inmigración ilegal. Desde el Partido Republicano nos hubiese gustado una legislación aún más severa". 

Desde otra perspectiva, la diputada Carolina Tello (FA), afirmó que "hay algunos temas que no estábamos del todo acuerdo, por ejemplo, con el tema de la priorización en temas de salud y educación. Particularmente respecto de niños y niñas, que nos parece una discriminación arbitraria, y creemos que en el Tribunal Constitucional esto va a tener algún cambio en relación a como se aprobó el proyecto".

Asimismo, el diputado Sebastián Videla (Ind.) señaló a Interferencia sobre el acceso a la educación que "la ley tiene que ser pareja, es por eso que tanto un migrante como un chileno tiene que tener las mismas condiciones y por eso es importante avanzar en una ley que establezca eso de manera clara". 

Asimismo, añadió sobre la preocupación del Ejecutivo sobre el incentivo al trabajo irregular que "las leyes se deben fiscalizar, por tanto, no corresponde que una persona contrate a un trabajador que este de manera irregular y es positivo avanzar en ese tipo de normativas".

Preocupación en organizaciones sociales

Pese al espíritu constructivo por parte del Ejecutivo al actualizar la normativa, las organizaciones que trabajan con migrantes han cuestionado detalles del proyecto por encontrar una serie de políticas que incluso estarían al margen de estándares internacionales. 

Interferencia consultó a Claudio Quiroga, abogado de JuicioChile, quien primero explicó que "este proyecto de ley introduce cambios significativos en la legislación migratoria chilena, marcando un giro hacia un enfoque más restrictivo. El aumento del plazo de residencia para optar a la nacionalidad chilena, de cinco a siete años de residencia definitiva, es uno de los cambios más relevantes. Se añade un examen de conocimiento cultural e histórico como requisito adicional para la nacionalidad. La ley amplía considerablemente las causales de revocación o rechazo de permisos migratorios, incluyendo infracciones menores al derecho penal, lo que podría afectar a un gran número de personas.  Se endurecen las condiciones para la regularización, especialmente para quienes están en situación irregular, y se establecen nuevas regulaciones sobre el ingreso de niños no acompañados. En resumen, el proyecto busca una mayor regulación y control de los flujos migratorios, con un enfoque en la seguridad y la priorización de los derechos de los ciudadanos chilenos", apuntó.

Sobre qué aspectos pretende cambiar o modificar el proyecto respecto de la legislación vigente, el jurista señaló que busca endurecer significativamente los requisitos para la obtención de la nacionalidad chilena, tanto en el tiempo de residencia como en la incorporación de nuevas exigencias.  

"Amplía considerablemente las causales de expulsión y revocación de permisos, incluyendo infracciones menores al derecho penal. Esta mayor rigurosidad en la evaluación de las solicitudes se justifica con la necesidad de resguardar la seguridad y el orden público.  Se busca mejorar el control de la inmigración irregular mediante un sistema de registro y control de extranjeros en situación irregular, aunque sin una propuesta clara de regularización para esta población. También se modifican las regulaciones sobre el ingreso de menores no acompañados. En esencia, el proyecto busca modificar la legislación vigente para controlar los flujos migratorios, priorizando la seguridad nacional", manifestó el profesional que también participa del estudio de abogados Migración Chile.

"No obstante, es importante considerar las preocupaciones planteadas por grupos de migrantes, quienes argumentan que estas modificaciones profundizan la vulnerabilidad de los migrantes y contradicen los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos y reunificación familiar", destacó Quiroga.

Consultado por los puntos a los que deberían ponerle especial atención las personas migrantes que estén en vías de regularizar su situación migratoria en Chile si esta legislación llega a ser aprobada, a partir de su experiencia profesional el abogado describió que en ese escenario "las personas migrantes en proceso de regularización deben prestar especial atención a varios aspectos. El alargamiento del periodo de residencia para la nacionalidad requiere una planificación a largo plazo. El nuevo examen de conocimiento cultural, el endurecimiento de los requisitos para la obtención de la residencia y la nacionalización, la ampliación de las causas de expulsión (incluyendo incluso faltas menores), aumentan los riesgos para quienes incumplan las normas".  

"Es importante considerar las preocupaciones planteadas por grupos de migrantes, quienes argumentan que estas modificaciones profundizan la vulnerabilidad de los migrantes y contradicen los principios del derecho internacional en materia de derechos humanos y reunificación familiar", destacó el abogado especialista en migración, Claudio Quiroga.

En ese sentido, para el experto es importante "mantenerse totalmente al día con todos los requisitos legales y evitar cualquier tipo de infracción, por mínima que sea, resulta crucial. Presentar las solicitudes antes de la entrada en vigor de la nueva ley, si se cumplen los requisitos actuales, podría ser una estrategia a considerar. La búsqueda de asesoramiento legal especializado es fundamental para asegurar el cumplimiento de todos los requisitos".

"Además, es importante que los migrantes sean conscientes de la crítica expresada por las organizaciones que defienden sus derechos, quienes consideran que la nueva ley es excesivamente restrictiva y podría profundizar la vulnerabilidad de las personas migrantes. Es vital estar bien informado y preparado para afrontar los desafíos que esta nueva legislación podría implicar", cerró el jurista. 

Para el vocero del Movimiento de Acción Migrante, Eduardo Cardoza, “es absolutamente errado lo que se está haciendo, se sigue con la misma lógica que viene desde 2018 y que está cambiando el perfil de las políticas migratorias del Estado”. 

Así lo manifestó en entrevista con Radio Universidad de Chile, donde tildó el proyecto de “regresivo” y “racista”, a tal punto que es anterior, incluso, a la ley de 1975: “Volvemos a la ley de la dictadura, que condenaba el delito, por ejemplo, de ingreso irregular cuando las formas de gestión y de control de eso, debieran establecerse de otra manera. Creo que se está optando por una serie de políticas al margen de los estándares internacionales y se sigue con el discurso de una migración ordenada, segura y regular, cuando en los hechos ni se ha ratificado el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que genera estándares que son otros de los que evidentemente se están adoptando acá”, sostuvo. 

“Se está haciendo un daño a la sociedad, porque esto no es un problema de la población migrante exclusivamente, esto es un problema de la sociedad en su conjunto, porque cuando se empiezan con esas lógicas, en las que hay personas que tienen menos derechos que otros o que pueden haber derechos diferenciados, empezamos a ver que la igualdad ante la ley y la no discriminación se va poquito a poquito tirando a la basura. Entonces, estamos generando una sociedad que evidentemente no es una comunidad que promueva la inclusión, la paz y la tranquilidad“, subrayó.