Cuando parecía que el ministro Chadwick no tenía salida porque la oposición estaba unida pidiendo su renuncia, con el mar de fondo de una posible acusación constitucional, la Democracia Cristiana planteó que no la patrocinaría sin estudiarla plenamente. Con esto, al resto de partidos no les quedó otra que plegarse, o de lo contrario correrían el riesgo de realizar una acusación fallida, sin los votos de la Falange. 

Como resultado, Chadwick salió del rincón, y fue ratificado por el presidente Sebastián Piñera, con lo que arrecieron las críticas a la DC, pues por un lado clamaba la renuncia del ministro, pero por otro, mermaba la principal herramienta que la oposición tenía para forzarla. 

¿Cómo puede entenderse la postura de la DC, que parece que apunta a objetivos contradictorios?

Esto parte del supuesto de que nosotros somos socios de alguien. No somos socios del gobierno, somos su oposición, pero somos una oposición que no solo critica y fiscaliza, sino que también es capaz de proponer, de dialogar y de llegar a acuerdos.

Pero eso no significa que estemos para blindajes políticos cuando se equivoquen, sino que para avanzar en la solución de los temas que nosotros creemos que son urgencias del país, como los temas de pensión, de seguridad ciudadana, salud pública, descentralización. o reforma tributaria. Ahí siempre vamos a estar nosotros para poder aportar nuestras ideas y propuestas.

Con el resto de la oposición tampoco somos socios. Compartimos un espacio, pero no estamos en una coalición política. No le vamos a pedir permiso a nadie, ni un acuerdo a nadie para poder actuar. Vamos a dialogar con todos y en algunos aspectos vamos a estar de acuerdo y en otros vamos a tener diferencias. Creo que todavía cuesta mucho entender que la DC va a actuar con total y absoluta autonomía e independencia desde la oposición, jugando un rol desde sus convicciones.

La verdad es que nosotros no vamos a renunciar a hacer política. A algunos les gustaría que la DC juegue al monito mayor; haciendo uno, lo que todos hacen. No creo que eso sea bueno para la DC ni para la oposición porque tenemos que tener un abanico de oposiciones con estilos y estrategias distintas. 

Pero en concreto ¿Cómo explica que no se sumen a la acusación constitucional si el propósito es que el ministro renuncie?

Hay que ser muy serios. No estamos en un régimen parlamentario, donde el Congreso tiene la posibilidad de censurar a un ministro y que se vaya. Aquí estamos en un régimen presidencial donde la Cámara de Diputados tiene una herramienta que es la acusación constitucional, en la que hay que invocar causales específicas que están en la Constitución Política que no aplican porque no hay una imputación de carácter penal. También está la causal de haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, que es difícil de configurar en este caso.

la verdad es que cuesta darle fundamento a una acusación constitucional en el marco de las causales que están establecidas en la carta fundamental.

Por eso, a mí me parece que fue una buena decisión la que tomó, no solo la DC sino que la oposición en su conjunto: radicar esto en un análisis técnico jurídico en su mérito para tomar la decisión política de presentarla o no. Hay que cuidar la herramienta de fiscalización porque cuando tu presentas acusaciones sin fundamentos después ya sabemos el resultado: naufragan. Esto pasa porque es evidente que una acusación que no está bien planteada, termina sin tener los apoyos necesarios y eso al final termina siendo una derrota para la oposición, fortaleciendo al gobierno y sobre todo, deslegitimando la acusación constitucional como una herramienta única de fiscalización política. Es por eso que a mí me parece que hay que ser cuidadosos. 

Van a estar hasta fines de enero estudiando la acusación y después viene la pausa legislativa, por lo que recién en marzo se podría presentarla ¿Cómo se mantiene el ánimo en caso de que esta comisión diga que se puede acusar constitucionalmente? ¿Cómo se impulsa políticamente cuándo el tema esté -quizá- olvidado?

Cuando los hechos son graves, eso no ocurre, por algo los plazos de la acusación constitucional son de seis meses. Hay espacio suficiente. Lo que quiero decir es que no porque uno tenga una convicción política, se va a faltar a la Constitución, porque ese camino todos sabemos cómo termina. Cuando uno dice "no importa, da lo mismo lo que diga la Constitución", después a propósito de lo que pasa en Venezuela, terminamos como terminamos en ese país. Y eso termina debilitando la democracia, vulnerando los derechos humanos, destruyendo la economía, los empleos, el capital social.

Por eso a mí me parece que no es responsable decir "da lo mismo lo que diga la Constitución, aquí vale la convicción política". Por lo menos para eso la Democracia Cristiana no va a estar. 

Sobre el grupo de constitucionalistas que tienen que ver la viabilidad de la acusación, una vez que determinen algo ¿Los partidos políticos van a tomar una determinación conjunta?

La decisión política la tienen las bancadas, no la tienen los técnicos. Estos, lo que tienen que hacer es analizar si es que hay antecedentes suficientes como para poder darle respaldo a una acusación constitucional y después está la decisión política de presentarla o no. 

¿El partido considera a Chadwick como un interlocutor válido respecto de la seguridad o en términos de cómo ha manejado Carabineros?

El problema es que a mí me parece que hoy día el ministro no está en condiciones de poder iniciar el diálogo porque claramente hay una desconfianza instalada. Es obvio que aquí la principal responsabilidad de todas las mentiras que hemos conocido a lo largo del episodio, a partir del asesinato de Camilo Catrillanca, es de Carabineros. Pero, claramente el gobierno y particularmente el Ministerio del Interior, también tiene una responsabilidad en este conjunto de versiones que se han dado, todas después desmentidas, que han pretendido configurar un contexto absolutamente falso respecto de la muerte de Camilo Catrillanca. 

¿A quién ven como un interlocutor válido?

Ese no es un problema nuestro, es un problema del gobierno. Así como el gobierno toma la decisión de mantenerlo y mantener el problema. Eso es algo que es responsabilidad del Presidente de la República. Los gobiernos están para gobernar, las oposiciones para hacer oposición y para poder proponer y sugerir, pero no para sugerir nombres para ministros, 

¿Cuál debería ser el perfil de un ministro del interior, tomando en cuenta como quedó la situación después del asesinato de Catrillanca?

Un ministro del Interior tiene que ser alguien confiable. De confianza del Presidente de la República pero también confiable por los propios políticos y la ciudadanía. Que tenga manejo político, que tenga buenos vínculos con el mundo parlamentario, y que tenga dos atributos fundamentales, la prudencia y la capacidad de escuchar. 

¿Qué diferencia hay con el caso del intendente Luis Mayol, cuya acusación constitucional sí estaban dispuestos a respaldar? ¿Pactaron un acuerdo del cual no se habló? 

La verdad es que eso no es efectivo. Aquí no hubo ninguna negociación. Muy por el contrario, en el caso de Mayol nosotros, lo que hicimos, fue tomar una decisión política a partir de antecedentes jurídicos que fueron evaluados y de la norma de probidad respecto de la veracidad del asunto, y se tomó una decisión política. A partir de eso el gobierno tomó la decisión de removerlo, pero no hubo ningún tipo de pacto, ni negociación de ninguna naturaleza. 

El día en que la oposición iba a tomar una decisión sobre Mayol, la bancada de la DC se adelantó y anunció la acusación constitucional por las suyas.

No tengo detalles, no soy parlamentario y desconozco si es que había alguna reunión previa o no. Lo que sí le puedo señalar es que a mí se me informó que la bancada creía que habían antecedentes suficientes como para evaluar una acusación constitucional y que iba a ser pública esa posición. Al par de horas, terminó renunciando Luis Mayol. Pero aquí no hubo y lo puedo garantizar, ningún tipo de negociación política ni mucho menos.