Recientemente, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión -organismo con estructura operativa propia y con independencia funcional, que opera dentro del marco jurídico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- publicó su informe anual correspondiente a 2020, donde se da cuenta de la situación de libertad de expresión en el continente.
La organización, que tiene como mandato general la realización de actividades de protección y promoción del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, recopiló una serie de eventos y antecedentes que tienen relación con su campo de acción. Para el caso chileno, la Relatoría dedicó el capítulo más extenso y con mayor número de incidentes de todos los países considerados en el listado.
Lo anterior se da en el contexto de una reciente misiva redactada ayer lunes 19 de abril dirigida precisamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría para la Libertad de Expresión, para que realice una visita en terreno al país. Todo esto a raíz de los constantes ataques y hostigamientos a la prensa, que tuvieron un nuevo episodio este domingo con las quejas públicas de las FF.AA. -respaldadas por el gobierno- al canal de televisión La Red por la emisión de contenidos que parodiaban al Ejército.
“Se conocieron presuntas reuniones secretas entre directivos de medios con funcionarios de gobierno, incluido el presidente Piñera y ministros, en las que se llegó a acuerdos sobre cómo cubrir las manifestaciones. A los periodistas les tenían prohibido decir ‘Plaza Dignidad’”, consigna el informe.
De vuelta al informe, se registra cómo la Relatoría agrupó el panorama del ejercicio periodístico y la libertad de expresión en el país en distintas categorías. En primer lugar, dio a conocer algunos ‘Avances’, entre los que se consideran el rechazo de la Corte Suprema a una acción de amparo presentada en contra de Chilevisión tras el reportaje periodístico “La historia de un secuestro en dictadura”, emitido el 14 de abril de 2019, que daba cuenta de una serie de presuntas adopciones irregulares que se habrían realizado en las décadas de 1970 y 1980. Junto a ello, la Oficina encuentra positivo la elaboración del informe “Bases para una comunicación de calidad en tiempos de pandemia” que la Universidad de Chile entregó a la Mesa Social, liderada por el Ministerio del Interior. El documento, realizado por periodistas y académicos, parte de la base de la necesidad de la ciudadanía de información veraz y precisa, y establece criterios y medidas para los distintos actores como autoridades, organismos públicos y privados, medios de comunicación y ciudadanía.
En el apartado de ‘Ataques, amenazas e intimidaciones contra periodistas y medios de comunicación’, la Relatoría recopila una serie de casos ocurridos durante 2020, entre los que se cuentan el ataque que sufrió El Mercurio de Antofagasta en enero, las amenazas y hostigamientos a algunos periodistas, los ataques informáticos que habían sufrido algunos sitios web periodísticos y los diferentes tipos de obstáculos para el trabajo de la prensa independiente durante la cobertura del Plebiscito Nacional del 25 de octubre.
En el subtítulo ‘Protesta social’, la organización dedica su recopilatorio más extenso en el caso de Chile, registrando casi 30 casos de abusos hacia la prensa y limitación de la libertad de expresión. Entre ellos, se menciona el ataque que sufrieron distintos camarógrafos y fotoperiodistas, que vieron comprometida su integridad y sus equipos de trabajo, incluyendo profesionales que terminaron con heridas oculares. También se hace referencia a la detención arbitraria de periodistas, fotógrafos y camarógrafos por parte de Carabineros, incluso contando con salvoconductos para poder realizar su labor. Entre ellos, explícita el informe, se cuentan representantes de medios internacionales como Agence France Presse (AFP), Associated Press (AP) y Reuters.
También se hace mención a las declaraciones del Subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien habría justificado en Radio Cooperativa la actuación de Carabineros durante las manifestaciones del 1 de mayo en contra de la prensa. El funcionario habría dicho “si la prensa no cumple con las normas de orden público, se procede”. Por estas afirmaciones el Colegio de Periodistas de Chile envió una carta el 8 de mayo a la ministra vocera del gobierno en la que le exigía aclarar “cuál es la postura del ejecutivo frente al rol y el ejercicio de la prensa”.
En cuanto a ‘Responsabilidades ulteriores’, el texto apunta que “La Relatoría Especial recibió con preocupación la información sobre el proceso penal iniciado en contra del grupo artístico LasTesis, que podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión”. También hace referencia a una demanda al director de Radio Bío Bío, Tomás Mosciatti Olivieri, quien fue demandado tras la publicación de un artículo periodístico que daría cuenta de una presunta red de influencias que estaría teniendo lugar ante la próxima nominación de un nuevo Ministro de la Corte Suprema.
Sobre ‘Libertad de expresión y COVID-19’, el informe sostiene que “La Relatoría Especial ha registrado con preocupación los diferentes efectos que la contingencia generada por el nuevo virus COVID-19 ha tenido en la libertad de expresión en Chile. De acuerdo con la información disponible, los medios se habrían visto afectados a nivel económico – se registraron despidos masivos, el cierre de ediciones impresas -, así como obstáculos al momento de cubrir temas generales o de la pandemia específicamente. Debido a restricciones de movilización tomadas por las autoridades como medidas de contingencia ante la crisis sanitaria, por ejemplo, se han presentado casos en los que periodistas son detenidos por presuntamente violar esta disposición a pesar de ser eximidos de esta. Los periodistas también han manifestado mayor dificultad para acceder a información pública respecto de la pandemia, así como para hacer preguntas en ruedas de prensa”.
“La Relatoría Especial recibió con preocupación la información sobre el proceso penal iniciado en contra del grupo artístico LasTesis, que podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas y de protesta amparadas por el derecho a la libertad de expresión”.
Asimismo, según informa la Relatoría, se observan denuncias de hostigamiento y procedimientos de control desproporcionados para la circulación de periodistas en el contexto de la pandemia. “El 15 de junio comenzó a regir el llamado Permiso Único Colectivo; para empresas de utilidad pública, seguridad y prensa; que generó afectaciones entre los periodistas especialmente aquellos que trabajan de manera independiente”, expresa el texto.
El organismo también pone especial énfasis en las denuncias sobre falta de acceso a la información sobre el manejo de la pandemia y las posibilidades de acceder a ella vía Ley de Transparencia.
Sobre el ítem ‘Censura’, se menciona el caso sufrido por Radio Bío Bío, quienes fueron ordenados por la Corte Suprema retirar de su sitio y de cualquier otro lugar donde hubiera publicado la grabación de una conversación entre una jueza y un operador político al considerar que se había publicado de manera ilegal. También el de Delight Lab, quienes el 19 de mayo, mientras proyectaban la palabra “Humanidad” apareció un camión con focos blancos, y que estaría protegido por Carabineros, que iluminó el lugar donde estaba la palabra para evitar que se hiciera visible.
Respecto a ‘Internet y libertad de expresión’, se mencionan los casos del proyecto Aurora de la ONG Amaranta, que dio a conocer un informe que daba cuenta que el 73 por ciento de las 531 mujeres entrevistadas (cisgénero, transgénero y no binarias) habrían sufrido algún tipo de violencia en internet. Asimismo, según la información disponible, el 17 de mayo la cuenta de Instagram del grupo artístico Delight Lab fue hackeada y posteriormente eliminada. El 18 de mayo, después de proyectar la palabra “Hambre” al hacer referencia a la gente afectada por la crisis del COVID-19, recibieron emails, mensajes personales, insultos a través de redes sociales y cuentas personales. Algunos usuarios subieron fotos de los integrantes del grupo así como datos personales que incluían las direcciones de residencia.
Finalmente, en ‘Otras situaciones relevantes’, la Relatoría advierte de episodios como que “un año después del estallido social se conocieron presuntas reuniones secretas entre directivos de medios con funcionarios de Gobierno, incluido el presidente Piñera y Ministros, en las que supuestamente se llegó a acuerdos sobre cómo cubrir las manifestaciones de 2019. A los periodistas presuntamente se les había retirado de las calles y tenían prohibido decir “Plaza Dignidad”, entre otras disposiciones. También en octubre denunciaron al menos cinco reuniones a puerta cerrada entre directivos de canales de televisión y medios impresos con el general director de Carabineros, Mario Rozas Córdova, que habrían tenido lugar en julio de 2020”.
El organismo finaliza su reporte con una serie de recomendaciones “a partir de lo observado en Chile durante 2020, que incluye, entre otros hechos, ataques, intimidaciones y amenazas a periodistas y medios de comunicación, restricciones a la protesta social, decisiones judiciales y prácticas estatales que avalan la censura, y la utilización de mecanismos penales contra expresiones críticas”.
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