A días de presentada la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se conoció el informe 238 de Contraloría, el cual -fechado al 12 de julio de este año- da cuenta de varios desórdenes administrativos relativos a la Subsecretaría de Educación, en diversos procesos compras y adquisiciones realizadas por esa entidad en 2018. 

Según se precisa en dicho informe, el objetivo del ente fiscalizador era verificar las operaciones de compra, para comprobar que se ajustaran a los fines que se requirieron, que estén debidamente documentados y con cálculos de contabilidad correctos y así "evaluar los sistemas de control que ha implementado esa Subsecretaría para la ejecución de su proceso de compras".

Tras la investigación -en la que se pesquisaron operaciones de compra equivalentes a 2.531 millones de pesos de un total de 6.566 millones- Contraloría advierte sobre varias situaciones problemáticas en materia de examen de materia auditada y materias de control interno.

Entre los puntos examinados en la auditoría, se menciona la adquisición de un servicio a la Universidad de Chile fuera del sistema de información; la falta de fundamento en la contratación directa de servicios, donde se da como ejemplo tres compras que suman 31 millones de pesos, dos asesorías y una compra de micrófonos; el abandono en bodega de dichos micrófonos; y la inexistencia de documentos que demuestren revisión de servicios contratados.

En este último punto, Contraloría detalla que se aprobaron, sin documentos que evidencien su revisión, material de campañas comunicacionales de admisión escolar y de beneficios para la admisión a la educación superior. Ambas suman 139 millones de pesos.

Según indica el informe, un funcionario del departamento de comunicaciones debía supervisar el material que la empresa contratada, Negocios de Familia S.A., entregó al Mineduc, pero no se encontraron documentos que respalden que este material relacionado a una campaña de admisión escolar haya sido visada por la repartición de Cubillos. Esta campaña costó 54 millones de pesos.

Este servicio fue aprobado en septiembre del año pasado, pero en el informe no se especifica si se relaciona con la campaña comunicacional, encabezada por la misma ministra Cubillos, para que se aprobara el proyecto Admisión Justa, que pretendía reponer la selección de niños en las escuela y que fue rechazado en el Congreso.

Una situación parecida sucedió con la campaña sobre los beneficios económicos para acceder a la educación superior contratada a la empresa Prolam Young & Rubicam S.A., de inversionistas estadounidenses. Este material tampoco constaba de los informes de revisión de los funcionarios de comunicaciones del Mineduc. Esta otra campaña costó 85 millones de pesos.

Ambas firmas son agencias de comunicaciones y de publicidad, proveedoras habituales de servicios gubernamentales. Prolam se adjudicó más de 1.253 millones en contratos en 2018 con el Estado, mientras que Negocios de Familia, en 2017 obtuvo la contratación por más 1.294 millones de pesos.

INTERFERENCIA consultó al Mineduc sobre la respuesta que el Ministerio de Educación entregó a este informe o las medias tomadas, sin obtener respuesta oficial hasta el cierre de esta edición.