La Contraloría General de la República (CGR) inició un procedimiento sancionatorio en contra de la Diputada Natalia Romero (independiente, cupo UDI), por incumplir la actualización de su declaración de intereses y patrimonio, cuando fungía como jefa de relaciones laborales en el Servicio de Salud de la Región de O’Higgins (SSHO).

La información consta en una resolución adoptada por el organismo fiscalizador fechada el 12 de julio pasado, a la que accedió Interferencia.

De acuerdo al documento, la entidad sanitaria fue apercibida para la entrega de los datos, en el marco de un sumario administrativo que realiza la CGR.

De acuerdo a la ley, Romero podría enfrentar una multa que llega a las 50 UTM (casi $3 millones 300 mil).

La actual parlamentaria por el distrito 15, según la entidad de control, no cumplió su obligación pese a que la legislación se lo ordena cuando ejercía como funcionaria pública durante 2021.

De acuerdo a la ley, Romero podría enfrentar una multa que llega a las 50 UTM (casi $3 millones 300 mil).

La institución revisora designó a la funcionaria Doris Egana para que actúe como fiscal administrativo.

La asesora

No es el único problema legal que enfrenta la congresista, porque el Ministerio Público investiga a su asesora Claudia Prado por acceso ilegal a fichas clínicas, pese a estar fuera del SSOH.

La indagatoria comenzó a raíz de una querella interpuesta por Salud en su contra, luego de revisar el sistema informático y acreditar que, usando una clave ajena, revisó los documentos sin autorización.

En su oportunidad, la parlamentaria fustigó la indagatoria y la presentación de los antecedentes a la justicia y aseguró que se trataba de una operación política.

Como sea, en la carpeta de investigación consta el testimonio de otro colaborador, quien confirmó la revisión de los historiales médicos para supuestos fines políticos.

Prado, de esta forma también infringió la Ley de Derechos del Paciente.