La convencional Manuela Royo, licenciada en Historia y abogada de profesión, miembro de Modatima Wallamapu, defensora de presos políticos de la revuelta y de dirigentes mapuches encarcelados en emblemáticos casos, conversó con INTERFERENCIA este miércoles sobre la reestructuración del Poder Judicial en el proceso constituyente.
La abogada nació en Santiago pero hace años vive en el Wallmapu, desde donde ha dedicado parte importante de su vida profesional a defender a perseguidos mapuche que han sido encarcelados.
Mientras era funcionaria de la Defensoría Penal Pública de Temuco representó a los imputados por el caso Luchsinger-Mackay, entre ellos a la machi Francisca Linconao, y logró la absolución de los hermanos Catrilaf. Sin embargo, Royo fue desvinculada de la institución luego de que grabara un video llamando a realizar una marcha en contra del fiscal a cargo de la causa, Alberto Chiffelle.
Poco después, Royo asumió la defensa de Martín Curiche en el caso Huracán, y en 2018 -cuando era parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos de la Araucanía- tomó la declaración del menor de edad que acompañaba a Camilo Catrillanca en el momento que fue asesinado por Carabineros.
Durante el estallido, asumió la defensa de jóvenes en prisión preventiva por supuestos crímenes cometidos en el marco de las protestas, logrando la revocación de la medida cautelar de todos sus representados.
En mayo de este año fue electa como representante independiente de Distrito 23 (Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Toltén, Villarrica) por la Lista Apruebo Dignidad con un cupo del Partido Igualdad. Antes de iniciada la Convención, Royo se integró a la Vocería de los Pueblos y actualmente es parte de Movimientos Sociales Constituyentes, espacio compuesto por 13 convencionales que tienen como factor común el feminismo, la defensa del medioambiente y un férreo vínculo con organizaciones territoriales.
Una vez iniciada la Convención, Manuela Royo fue electa como una de las coordinadoras de la Comisión de Derechos Humanos, espacio que recibió 300 audiencias públicas. La última exposición, realizada por el juez del Séptimo Juzgado de Garantía, Daniel Urrutia, despertó grandes reacciones en el exterior del espacio constituyente producto de sus críticas hacia el Poder Judicial.
La abogada, por su lado, dice compartir la evaluación de Urrutia. Para ella es fundamental una reestructuración del Poder Judicial que tiene una matriz colonial, patriarcal y racista. En ese mismo sentido, plantea que hay figuras y prácticas del sistema que deben ser eliminadas en estos tiempos refundacionales y democráticos, como el Tribunal Constitucional o la forma de integración y el nombramiento de los jueces.
- ¿Qué es lo que más destaca de la exposición de Daniel Urrutia? Tanto en su contenido como en el aspecto simbólico.
Bueno, a mi me parece super importante cuestionar todos los cimientos, las bases, el fundamento de lo que ha sido la institucionalidad actual, especialmente es una institución que durante mucho tiempo ha sido muy pétrea, muy rígida en la administración de justicia. Y creo que el aporte del magistrado Daniel Urrutia fue muy significativo en levantar una crítica respecto de cómo funciona el sistema de justicia en Chile.
Evidentemente hay normas del Convenio 169 de la OIT, el artículo 9 o 10, que habla de la importancia del reconocimiento de los sistemas de los pueblos originarios, también del reconocimiento de las sanciones propias que establecen que cuando son personas indígenas deben preferirse otras medidas que no sean las privativas de libertad. Y nada de eso se aplica hoy en día. En ese contexto me parece muy acertada la crítica respecto a la dimensión colonial que ha tenido la justicia en Chile durante mucho tiempo.
"Creo que todo el problema que vivimos hoy de violencia intrafamiliar habla de la incapacidad del sistema de justicia y de la institucionalidad de abordar la problemática patriarcal que hoy día tenemos".
Chile fue condenado en 2014 por la utilización de términos discriminatorios en la sentencia del Caso Norín Catrimán y ahí se sanciona al Poder Judicial, porque en definitiva es una sentencia que contempla términos discriminatorios. Por otro lado, precisamente la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de Chile fue el caso de Daniel Urrutia vs Chile.
- Fallo que la semana pasada cumplió un año...
Exacto. Y en esta también se critica al Poder Judicial. Entonces me parece que lo que plantea Daniel Urrutia es correcto y no tan solo respecto al contenido, porque efectivamente es un sistema colonial. Los pueblos indígenas tienen sus propias formas de resolver sus conflictos y se les impone una justicia que tiene una matriz occidental y colonial. Eso es evidente.
Pero también ha sido una justicia discriminatoria y patriarcal. Creo que todo el problema que vivimos hoy de violencia intrafamiliar habla precisamente de eso. De la incapacidad del sistema de justicia y de la institucionalidad de abordar la problemática patriarcal que hoy día tenemos. El hecho por ejemplo de que el aborto sea un delito no solo es un asunto del poder legislativo, sino que también son practicas del Poder Judicial.
Entonces creo que es muy acertada la postura de Urrutia y creo que independientemente del fondo, que estoy de acuerdo, también creo que cada persona que viene a exponer a la Convención tiene todo el derecho de exponer lo que plantea y no por eso puede ser sancionado. Cómo vamos a sancionar a las personas que vienen a entregar su posición en pos de una construcción y de la superación de un modelo de justicia.
- ¿Cómo interpreta la reacción de varios ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que buscaron sancionar a Urrutia? ¿Cree que hay temor entre algunos por las discusiones que se están levantando respecto al Poder Judicial?
Sí, yo creo que no solo hay temor en el Poder Judicial, sino que hay un temor en todas aquellas instituciones que han sido parte de cómo se ha estructurado el poder en Chile. Creo que hay instituciones que se mantienen en el sistema judicial que son absolutamente descriteriadas.
Como por ejemplo la existencia de jueces y ministros integrantes que un día son abogados del gobierno y al otro día son ministros de la Corte, o que son abogados de empresas y al otro día son ministros de la Corte. También durante mucho tiempo se mantuvieron jueces y juezas que fueron parte de la dictadura y que siguieron operando.
Entonces acá hay muchas deudas. A mí me parece que hubo mucha complicidad del Poder Judicial durante la dictadura y es algo que no se puede callar. En ese sentido yo apoyo totalmente lo que propone Daniel Urrutia.
- ¿Cree que el respaldo que hicieron 54 convencionales al magistrado resonó entre los ministros de la Corte a la hora de rechazar la idea de sumariar a Urrutia?
Sí, creo que es importante también. Porque finalmente los ministros de la Corte son personas que saben de derecho y saben que el poder ya constituido no puede imponerse por sobre este poder que se está originando y que está construyendo una nueva Constitución.
Creo también que existe una consciencia importante respecto de lo que significaría una violación a la libertad de expresión de la magnitud de lo que se está proponiendo. De hecho, eso ya generaría responsabilidades internacionales nuevamente por parte del Estado. Yo creo que este apoyo que salió de la Convención hacia el juez Urrutia fue un factor para que finalmente no fuera sancionado y no ganara esa moción.
- En su experiencia litigando en temas de derechos humanos y medioambientales ¿Cuáles son las principales críticas que hace al actual sistema judicial?
En los años 70 había un profesor de derecho penal que se llamaba Eduardo Novoa Monreal que escribió un artículo titulado Justicia de Clase. En ese artículo, él explicaba cómo la justicia se aplica de manera distinta a las personas ricas y a las personas pobres. Y cómo también las cárceles están llenas de personas pobres y no hay personas ricas en las cárceles. Eso es algo que se sigue replicando hasta nuestros días.
Creo que evidentemente existe un componente de discriminación muy fuerte no solamente en el contenido de la sentencia o en la composición del Poder Judicial, si no también en cómo se accede a la justicia.
Y es una discriminación estructural, porque por ejemplo si tú en Chile cometes un delito tienes derecho a un defensor público, lo que me parece bien. Pero si alguien contamina tu río o corta tu bosque o te roba el agua, no tienes derecho a un abogado que te defienda o te represente ante un Tribunal. Tenes que pagar por eso.
"También creo que evidentemente la jurisdicción constitucional tiene que ser modificada. Tiene que eliminarse el Tribunal Constitucional porque hoy día si uno analiza sus fallos, claramente tiene una tendencia a la protección de la propiedad privada".
Eso afecta el derecho a la justicia. Y lo mismo pasa en materia de familia, donde los sistemas de asistencia judicial gratuitos son de los estudiantes en práctica y eso no corresponde.
Entonces claro, creo que la justicia opera de acuerdo a estándares muy decimonónicos. El sistema civil también sigue manteniendo estándares muy poco modernos y eso también impide el acceso a la justicia. Creo que se siguen replicando muchos parámetros de discriminación, en especial con temas ambientales, de violencia intrafamiliar y también en la aplicación de normas penales.
Creo que si hoy día no hemos sido capaces de tener justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en dictadura hace 40 años atrás, o que todavía no hay respuesta ante situaciones como las que se vivieron durante el estallido social, es porque el sistema judicial tiene un problema. Y eso no es menor y hay que hacerlo valer.
- ¿Piensa que el Poder Judicial va a ser una de las instituciones que más se verá afectada tal como la conocemos con la nueva Constitución?
Sí, al menos eso espero yo. O sea tiene que haber modificaciones que sean trascendentes. Por ejemplo, hay temas poco tratados pero que son centrales. Hoy día existe el artículo 19 de la Constitución del 1980, que establece todo aquello que son considerados como derechos en la Constitución. El artículo 20, que propone recursos de protección, que es la forma de garantizar los derechos, solamente reconoce algunos. No todos.
Creo que esa es una norma inconstitucional. Porque no son exigibles todos los derechos de la Constitución, porque el artículo 20 los redirige. Además, los recursos de protección son solo acciones declarativas, donde se reconoce que se vulneró un derecho y se tienen que tomar estas medidas, pero no permiten finalmente lograr una justicia efectiva. En ese contexto, yo creo que es super importante pensar en acciones de tutela que tienen que ser efectivas.
Por otro lado, también creo que evidentemente la jurisdicción constitucional tiene que ser modificada. Tiene que eliminarse el Tribunal Constitucional porque hoy día si uno analiza sus fallos, claramente tiene una tendencia a la protección de la propiedad privada. Y a mi juicio ya son militantes con respecto a algunos temas como lo son con la ley de aborto o eso de que la educación es responsabilidad de los padres. En definitiva, la composición del TC es muy poco democrática. Y eso pasa en muchas instituciones del Estado que están vinculadas con la justicia.
Hay muchas cosas que hay que cambiar y hay que pensar en otras formas de hacer justicia. También creo que hay muchas cosas que si bien la jurisdicción es parte de los deberes del Estado, igual tenemos que pensar en otros mecanismos de hacer justicia, pensar en forma comunitaria, en otras formas que no sean punitivistas al momento de resolver conflictos. Y creo que en eso tenemos que pensar, en una reestructuración muy importante del modelo de justicia.
- Tomando en cuenta lo hecho por la Corte de Santiago con Daniel Urrutia ¿Cree que el Poder Judicial intentará torpedear el trabajo constituyente? ¿Cómo se plantará la Convención en un eventual choque de poderes con el poder constituido?
Evidentemente el Poder Constituyente es el que va a determinar cómo será la próxima arquitectura de justicia, cómo se va a administrar o funcionar, porque son materias constitucionales. Creo que eso va a pasar con todos los aspectos y ámbitos del poder constituído, donde hay sectores muy conservadores y siempre van a haber cuestionamientos.
O sea, ya lo vimos cuando planteamos la reestructuración y refundación de los Carabineros, fueron los primeros en saltar. Cuando hablamos de crear nuevas instituciones, siempre el que ya está en el poder constituido y también quienes quieren conservar sus estructuras de funcionamiento, levantan cuestionamientos.
Me imagino que también va a pasar en el Poder Judicial. De hecho, hay ministros que se pronunciaron no solo en contra de la exposición del juez Urrutia sino que también en contra de que la Convención lo escuche.
Me parece que es muy importante porque la Convención está sacudiendo aquellas cosas que estaban muy rígidas. Está llevando como a un nivel de debate social temas que durante mucho tiempo fueron acallados. No se si por todo el Poder Judicial, porque creo que igual hay jueces y juezas muy a favor de esto y dispuestos a aportar en este proceso. Creo que también las juezas feministas van a ser un aporte. La Asociación de Magistrados también ha tenido un aporte importante en materia de derechos laborales.
"Creo que hay muchas cosas que se van a generar no como un torpedeo del Poder judicial, sino que también se van a generar tensiones internas dentro de ese espacio, lo que me parece necesario y que me gusta".
Creo que hay muchas cosas que se van a generar no como un torpedeo del Poder judicial, sino que también se van a generar tensiones internas dentro de ese espacio, lo que me parece necesario y que me gusta.
- En ese mismo sentido, en más de una oportunidad los convencionales de Vamos por Chile han dicho que van a recurrir al Tribunal Constitucional (TC) o a la Corte Suprema por temas en los cuales no se encuentran de acuerdo con el resto convencionales ¿Cree que el TC o la Corte Suprema se atrevan a involucrarse e intervenir en la autonomía de la Convención cuando se estén dando las discusiones de fondo?
Tuvimos conocimiento de que se presentó una acción judicial en contra de la Convención por parte del constituyente Rodrigo Logan por la obligación de hacerse PCR, la que fue declarada admisible por la Corte de Apelaciones. Eso es parte del principio de inexcusabilidad, que significa que si se presenta una demanda o un recurso, tienen que conocerla. Entonces, creo que efectivamente el Poder Judicial no va a tener temor en aquello. Pero lo importante es ver también si procede o no a ese tipo de recursos.
Yo espero que sean desestimados, porque espero que el Poder Judicial sea un aporte a este proceso. Ya tenemos el bloqueo de muchos poderes fácticos como para que el Poder Judicial también siga interponiéndose en esta nueva justicia, que en definitiva no es solo lo que queremos los convencionales, sino que también es lo que quiere todo Chile.
- En este mismo sentido refundacional que está teniendo la Convención, el Poder Constituyente tiene las facultades para reformular la institución de Carabineros?
Es evidente que sí se puede. Hoy en la Constitución de 1980, desde el artículo 101 al 105 se regulan las Fuerzas Armadas y del Orden, porque es una materia constitucional y es la Constitución la que tiene que decidir cómo van a estructurarse estas instituciones en nuestro país.
"Es evidente que el Poder Constituyente puede refundar Carabineros".
Nosotras y nosotros hemos recibido audiencias de organizaciones y observatorios de derechos humanos y de académicos expertos en el tema. Consideramos que necesariamente tiene que haber una refundación de Carabineros de Chile en sentidos estructurales. Estamos hablando de que no puede seguir siendo una policía militarizada, que no pueden ser deliberantes y que tiene que estar sujetos bajo un control civil. Y esas no son ideas locas. Eso existe en Suecia, en Finlandia y en otros países donde hay organizaciones del poder civil que supervisan los casos en que las fuerzas del orden han afectado a la ciudadanía.
Entonces, creo que hoy lo que tenemos que pensar no es en una nueva forma de controles entrecruzados entre la sociedad civil y las nuevas fuerzas de orden, sino que Carabineros –o como sea que se llamen– sea una institución que funcione acorde a los estándares de los derechos humanos y que los respete. Que no se sigan viviendo los casos que se han vivido no solo con el estallido social, sino lo que pasó con Camilo Catrillanca o con Alex Lemún o en el Caso Huracán. Y así con muchísimos casos que me ha tocado conocer personalmente por mi trabajo.
Me parece importante superar esas lógicas y si es necesario refundar estas instituciones, entonces hay que hacerlo. No podemos seguir sosteniendo instituciones tan clasistas, donde existen escuelas de oficiales y otra de suboficiales, eso no puede ser. Tenemos que reconstruir aquello, sanar todas las heridas y estas estructuras que se siguen perpetuando como una medida de reparación, pero también como garantía de no repetición de las violaciones a los derechos humanos.
Comentarios
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