El sector empresarial celebró una medida que fue promovida por el Gobierno y respaldada por los parlamentarios de derecha. La nueva ley promete bajar los tiempos de espera de aprobación de proyectos hasta en un 70%. Pero grupos ambientalistas y diputados reclamaron contra la regulación, acusando que se favorecen políticas que van contra el medio ambiente mientras evalúan llevar la iniciativa al TC.

Desde 2022 que la Dirección General de Aguas de la Quinta Región está a cargo de Camilo Mansilla Quiñones, geógrafo y ex dirigente del movimiento de defensa del agua Modatima. En todo este tiempo han multado a distintas empresas y personas por extracción irregular de aguas. Mansilla dice que han roto récords de multa: “el año 2023 nosotros multamos por $2.600 millones”.

Hasta este lunes el Apruebo totalizaba $137 millones en aportes, en su mayoría provenientes de Revolución Democrática. Esta cifra fue duplicada con un único aporte individual de $164 millones ingresado por el PS. Al cuadro también se sumaron los ex convencionales, Salinas y Vilches con donaciones para la Asamblea Maule Sur y Modatima.

Después de la experiencia en la Convención, los sectores independientes que venían de los colectivos de la sociedad civil han mantenido el trabajo en conjunto en el Comando Nacional de Movimientos Sociales, proyectando una campaña descentralizada tal como hicieron para el plebiscito de 2020.

La Convención Constituyente ya ingresó su primera propuesta de norma respecto al derecho humano al agua, con lo que se abrirá una larga discusión respecto a su prevalencia por sobre los derechos de propiedad de las industrias intensivas en el recurso. Esto, en un contexto de crisis hídrica que afecta a 155 comunas y a más de 7 millones de habitantes del país.

A propósito de la presión del Poder Judicial contra el juez Daniel Urrutia por sus críticas en el marco de la Convención, INTERFERENCIA entrevistó a Manuela Royo, historiadora y jurista que se ha enfrentado ese poder del Estado por su trabajo en defensa de mapuche.  

Se concretó el divorcio definitivo entre La Lista de Pueblo y los Convencionales del Pueblo. En paralelo, estos últimos iniciaron una coordinación con Movimientos Sociales Constituyentes, para levantar una agenda común en materia medioambiental.

Una cláusula en el contrato estipula que la sanitaria puede cancelar el acuerdo si la central hidroeléctrica no estaba terminada en 2019. A fines del año pasado se prorrogó el contrato a cambio de un pago de US$ 10 millones a Aguas Andinas, pero éste vence en las próximas semanas.

A partir de las palabras de Andrés Allamand, todo indica que Chile no firmará el tratado medioambiental, lo que deja al país en el mismo grupo que Cuba, Venezuela y Dominica, entre otros. Desde distintas organizaciones locales criticaron la señal dada por el ministro de Relaciones Exteriores.

Los trabajadores dicen que el convenio está lesionando la confianza de los intervenientes hacia el servicio. Esto se da en medio de distintas formas de apoyo del SEA a proyectos de Anglo American y Copec.

El dirigente de Modatima, premiado a nivel internacional por su defensa del agua, comenta en extenso con INTERFERENCIA la decisión de no proteger a los líderes sociales, sindicales y de derechos humanos vigilados por Carabineros. Para Mundaca la justicia chilena "no garantiza nuestra seguridad" y evalúa acciones legales a nivel internacional.

Documentos filtrados muestran la preocupación de Carabineros por potenciales desórdenes relacionados a la  muerte de Camilo Catrillanca y la desaparición de José Huenante.

Entre los documentos hackeados se encuentran archivos que informan sobre actividades de movimientos sociales y sindicales, como huelgas legales de empresas, el proceso de negociación colectiva de la ANEF y la llegada a Chile del activista medioambiental Rodrigo Mundaca.

En entrevista con INTERFERENCIA, el dirigente de la Junta de Vecinos de Chada, Gerardo Cabezas, repasa el conflicto que enfrentan las comunidades de La Turbina, Chada, Culitrín y Cardonal Bajo con la Hacienda Chada y la Viña Pérez Cruz en la comuna de Paine. Denuncia que las empresas agroindustriales están desviando las aguas del río Peuco y que están secando las napas subterráneas.