Era una fría noche de 25 de mayo. Santiago era una ciudad oscurecida por el smog y una densa neblina. Antes de subirse a su automóvil para dirigirse a la comuna de La Reina, se despidió de su esposa y sus dos hijos. Al encender el motor puso la radio a todo volumen; de los parlantes salía uno de los hits de ese año 1977: Lust for life. La música de Iggy Pop retumbando en sus oídos aumentaba los efectos del flujo de adrenalina en su sangre: el joven economista podía sentir como sus fosas nasales se expandían y los latidos de su corazón se aceleraban. 

Con apenas 28 años, su cuerpo y su mente estaban dominados por la excitación de haber sido convocado a una reunión vip en la que se decidirían los destinos del país. Mientras aceleraba a fondo bajó la ventana del piloto y con su perfecto inglés -característico de su condición de hijo de diplomático- cantaba a todo pulmón: “I’m worth a million in prizes”.

Al llegar al número 1.300 de la calle Carlos Silva, José Piñera estacionó su auto. Subió corriendo las escaleras hasta el tercer piso del edificio, ansioso por desplegar su batería de argumentos ante su jefe y mentor, Manuel Cruzat, cabeza del todopoderoso grupo económico Cruzat-Larraín.

Tocó la puerta del departamento 31 y le abrió el dueño de casa y anfitrión de la velada: Jaime Guzmán Errázuriz. El joven Piñera -quien al igual que su mentor escogió doctorarse en Harvard y no en Chicago- respondió la bienvenida de Guzmán con una sonrisa de oreja a oreja y luego saludó a los invitados. Además de Guzmán y Cruzat, esa noche estaban presentes Sergio Fernández (ministro del Interior), Hernán Cubillos (ministro de Relaciones Exteriores y ex ejecutivo del grupo Edwards), y Sergio de Castro (ministro de Hacienda y también ex ejecutivo del grupo Edwards).

Este grupo de seis comensales constituía el núcleo de la coalición de civiles que había alcanzado la cúspide de la dictadura. Representaba la alianza de gremialistas y economistas neoliberales que había logrado la síntesis magistral de la doctrina católica sobre el estado subsidiario con la ideología de libre mercado de Chicago. Asediados por amenazas de boicot internacional y por la resistencia que aún oponían los militares corporativistas a la creación de las AFP, esa noche se reunieron para pasar a la ofensiva.

José Piñera, el joven ejecutivo de la industria financiera

“En diciembre de 1974 regresa a Chile [luego de terminar su PhD en Harvard] para luchar por una revolución liberal en lo económico, social y político”, señala el perfil profesional de José Piñera publicado en su sitio web. Y luego continúa: “En diciembre de 1978 asume como ministro del Trabajo”.

Sus actividades profesionales entre 1975 y 1978 es un capítulo que Piñera omite persistentemente en su biografía. Pero sus ocupaciones durante esos años son cruciales para entender el rol que jugó como ministro.

Reclutado por Manuel Cruzat, José Piñera tuvo como misión principal ejecutar el plan El Ladrillo ideado por su nuevo jefe, siendo una de las piezas clave las AFP.

El relato del cónclave en la casa de Jaime Guzmán -desclasificado por el mismo Piñera en 1996, en el número 78 de su revista Economía y Sociedad- nos entrega pistas. 

¿Cómo explicamos que, siendo aún una joven promesa, Piñera estuviera codeándose con los ministros más poderosos de la dictadura? 

La respuesta está en el hecho de que Piñera asiste a esa selecta convocatoria en su calidad de ejecutivo de confianza de Manuel Cruzat. Luego de regresar desde Boston, Piñera fue reclutado por Cruzat para liderar el departamento de estudios de su conglomerado.

Reconocido como un mago de las finanzas, Cruzat fue uno de los redactores de El Ladrillo -el programa económico diseñado en los meses previos al golpe de Estado de 1973- en donde se expone por primera vez el proyecto de reemplazar el sistema de reparto por un esquema de capitalización individual. Piñera era así -nada más, nada menos- el joven ejecutivo encargado de ejecutar el plan maestro de su jefe.

Para Cruzat la creación de las AFP era un paso fundamental en la expansión de su imperio centrado en la industria financiera. Administrando los ahorros previsionales, sus compañías de seguro podrían vender rentas vitalicias y seguros de sobrevivencia a los afiliados al nuevo sistema; sus bancos podrían vender instrumentos de deuda (bonos y depósitos a plazo) a las AFP para así financiarse a una tasa de interés baja (3-5%), para luego prestar ese mismo dinero a sus propietarios originales (los afiliados al sistema de AFP) vía créditos de consumo a tasas de interés cinco, ocho veces más alta (20-40%); y finalmente sus empresas recibirían liquidez proveniente de los fondos de pensiones.

Era hacerse la América a costa de los ahorros previsionales de los trabajadores.

Cruzat usó toda la artillería que tenía a su disposición para fustigar el sistema de reparto y promover el modelo bosquejado en El Ladrillo. Piñera era su hombre de confianza mandatado para cumplir tal misión. 

El primer medio utilizado para hacer viral la narrativa de la supuesta quiebra del sistema de reparto fue el Informe Económico de la Colocadora Nacional de Valores, el banco de inversión del grupo Cruzat-Larraín. Editado por Piñera, el boletín que la Colocadora hacía circular entre sus clientes contenía notas cargadas de excesos y cifras sacadas de la chistera (muchas veces no es posible corroborar los estudios citados). “El Estado tiene que restar más de 300 millones de dólares a otros programas sociales, para evitar la quiebra de un sistema que ha sufrido enormes pérdidas”, señalaba por ejemplo en octubre de 1976 refiriéndose al sistema de reparto.

Escasos meses más tarde, Piñera contaría con medios de prensa adicionales para hacer viral la falsa narrativa (ver La gran fake news de José Piñera para vencer la resistencia contra las AFP en 1980). El Mercurio también se sumaría a la campaña de desacreditación, y el grupo Cruzat-Larraín adquiría las revistas Ercilla y Vea. Hasta 1978 (año en que asumió como ministro del Trabajo), Piñera sería columnista regular de Ercilla. También en 1976 Cruzat-Larraín tomaría el control de Radio Minería, y con ella otra vía para viralizar la narrativa.

Profundizar el modelo

En apenas dos años -entre abril de 1975 y mayo de 1977- los Chicago Boys ya habían logrado transformar radicalmente la economía del país implementando políticas de libre mercado. Ya se habían desmantelado las regulaciones de precios y las protecciones arancelarias, y el aparato del Estado había sido reducido drásticamente, entre otras modificaciones.

Durante la velada en la casa de Jaime Guzmán, sin embargo, el grupo de seis prohombres allí reunidos se juramentó “redoblar esfuerzos por profundizar el modelo económico”.

¿Qué significaba entonces “profundizar el modelo económico”? Para los neoliberales radicales significaba privatizar prácticamente cada una de las actividades económicas de la población. Este objetivo se realizaría mediante transformaciones institucionales llamadas las “modernizaciones”. La modernización clave fue la creación del sistema de AFP.

La lista de asistentes al encuentro en el domicilio de Jaime Guzmán expresa nítidamente cuán lejos habían llegado los grupos financieros en el logro de sus objetivos. Ya tenían a ex ejecutivos a cargo de los ministerios más poderosos del gabinete, y su principal líder -Manuel Cruzat- tenía acceso exclusivo y excluyente a la toma de decisiones.

En un libro seminal que tuvo pocas reverberaciones en Chile por constituir una crítica temprana a la Concertación, el politólogo Eduardo Silva entrega antecedentes que confirman lo anterior. Publicado en 1996, The State and Capital in Chile ofrece una descripción acabada de la forma en que se tomaban las decisiones de política económica. Distintas fuentes avalan la participación directa y activa que tenía Manuel Cruzat en la toma de decisiones durante los primeros años de la dictadura. Invitado por sus amigos Chicago Boys, participaba en el debate y de paso obtenía información privilegiada que le permitió tomar decisiones de inversión anticipándose al resto de los agentes del mercado.

Este grupo de neoliberales ya tenían a ex ejecutivos a cargo de los ministerios más poderosos del gabinete, y su principal líder -Manuel Cruzat- tenía acceso exclusivo y excluyente a la toma de decisiones, lo que les permitió sacar ventaja en el incipiente nuevo mercado financiero.

A pesar de la oposición explícita de los Chicago Boys socialcristianos (especialmente de Juan Villarzú, director de Presupuesto hasta 1975), Sergio de Castro y compañía continuaron facilitándole acceso directo e información privilegiada a Cruzat y los otros grupos financieros como Vial y Edwards.

En este sentido, la creación de las financieras en mayo de 1974 ilustra muy bien lo señalado, constituyendo además un prolegómeno exacto de lo que siete años más tarde -en 1980- sería la creación de las AFP. La medida se enmarcaba en los intentos por crear un mercado de capitales más robusto e impulsar el crédito interno. Antes que se hiciera público el anuncio, los ejecutivos de los grupos Cruzat-Larraín y Vial ya trabajaban en ello.

Ambos grupos madrugaron al resto de los conglomerados creando financieras que lograron captar una mayor proporción del incipiente mercado. Usando sus contactos con Wall Street y el Citibank, obtuvieron créditos en dólares para ponerlas en funcionamiento; dólares que además fueron convertidos a una tasa de cambio muy favorable.

La creación de las financieras fue un traje a medida para Vial y Cruzat: la banca, aún bajo el control del Estado, tenía congeladas sus tasas de interés de colocación en un 9,6% mensual. A las financieras no se les aplicó esta restricción y se les permitió prestar dinero a un 25%. Este diferencial en las tasas de interés de los créditos significó una inmensa transferencia de fondos desde el Estado hacia los grupos financieros: con altos niveles de desempleo, miles de ciudadanos de a pie sacaron sus escasos ahorros bancarios para depositarlos en las financieras y así poder percibir ese diferencial de un 15% sobre sus depósitos.

Exactamente igual como lo sería la creación de las AFP, la ley de 1974 significó una tremenda inyección de capital financiero para los grupos económicos radicales.

Triunfa el lobby financiero

1979 comenzó con buenos augurios para la industria financiera. Uno de sus hombres, José Piñera, asumía la cartera de Trabajo con el mandato de sacar adelante la reforma.

Bajo la atenta supervisión del ministerio de Hacienda Sergio de Castro, Piñera condujo la reforma con un estricto hermetismo. Sólo funcionarios  de extrema confianza tuvieron acceso a los informes preparados por el Comité Técnico encargado del diseño de la reforma. 

Pese al secretismo, hubo un grupo -en el papel, externo a la cúpula del régimen; en los hechos, en una relación carnal con la estructura institucional de la dictadura- que siempre se mantuvo muy bien informado. Este grupo correspondía a los conglomerados financieros que estuvieron al tanto de cada avance en la tramitación, como lo demuestran sucesivos artículos de la revista Hoy publicados entre octubre y noviembre de 1980.

DESTACADO: Tras apenas siete meses de operación, a fines de diciembre de 1981, la AFP de Manuel Cruzat -para la gente, la de don Francisco- ya administraba una cartera de inversiones que ascendía a 103 millones de dólares.

Un mes antes de que se promulgase el Decreto Ley (DL) 3.500 que crea el sistema de AFP, comenzaron a publicarse en el Diario Oficial una serie de registros de marcas con nombres peculiares: Trust de Previsión Privada, Caja de Empleados de la Educación o Corporación Previsional de Profesionales. La carrera por gestionar los ahorros de los trabajadores había comenzado.

Promulgado el DL 3.500, los grandes grupos económicos de la época procedieron a crear las AFPs concretas. Los grupos financieros crearon no una, sino que dos AFP cada uno. Cruzat fundó Provida y Alameda; Vial inscribió Santa María y San Cristóbal. El grupo Edwards, en tanto, fundó una con un nombre significativo: El Libertador.

Las AFP debutaron oficialmente el 1 de mayo de 1981. Con una campaña publicitaria agresiva y efectiva con don Francisco -Mario Kreutzberger- como rostro, Provida rápidamente se transformó en la más grande del incipiente mercado previsional: en su primer mes de vida logró captar a un 38% de los conversos al nuevo sistema. 

Tras apenas siete meses de operación, a fines de diciembre de 1981, la AFP de Manuel Cruzat -para la gente, la de don Francisco- ya administraba una cartera de inversiones que ascendía a 103 millones de dólares.

Los grupos financieros lograban así el premio mayor: fondos frescos provenientes de los ahorros previsionales -es decir, pasivos de larguísimo plazo- que podían ser transformados en sustanciosos activos para financiar su propia expansión empresarial.

El sueño húmedo de Manuel Cruzat hecho realidad quedaba reflejado nítidamente en la estructura que adquiría su imperio hacia 1981. De acuerdo a lo reportado por Fernando Dahse en El poder de los grandes grupos económicos nacionales (1983), el grupo Cruzat-Larraín controlaba el Banco de Santiago (el buque insigne de su flota), el Banco Hipotecario, y la Colocadora Nacional de Valores, su banco de inversión. Asimismo, en la industria de seguros poseía Consorcio Nacional Seguros, y en el rubro de los fondos mutuos tenía presencia con Impulsa y Cooperativa Vitalicia.

A esto se sumaba el control de decenas de sociedades en prácticamente todos los sectores de la economía: pesca (Pesquera Coloso y Guanaye), alimentos (Cachantún, CCU, Watt’s, Viña Santa Carolina), combustibles (Copec y Abastible), rubro forestal (Celulosa Arauco y Forestal S.A.), minería (Minera Lo Prado), transporte aéreo (Ladeco), inmobiliario (Inmobiliaria Parque Peñuelas), y muchas otras.

Las más emblemáticas de estas empresas eran -a su vez- los accionistas controladores de AFP Provida, coronando así pulcramente la arquitectura financiera circular ideada por Cruzat, De Castro y Miguel Kast. A diciembre de 1981, la Superintendencia de AFP informaba que Copec (con un 20% de las acciones de Provida), CCU (20%), Cooperativa Vitalicia (20%), Consorcio (20% en total), Banco de Santiago (10%), y la Colocadora (10%), eran los accionistas de Provida.

Traje a la medida

Al igual como ocurrió en 1974 con la creación de las financieras, las AFP fueron un traje a medida para los grupos Cruzat-Larraín, Vial y Edwards. Estos dos últimos conglomerados replicarían -aunque a menor escala- el andamiaje financiero del grupo Cruzat-Larraín.

Si bien las AFP no podían invertir en un solo tipo de instrumento financiero, ni menos en un emisor, si podían depositar los fondos de sus afiliados en bancos del mismo grupo, o invertir en bonos de empresas relacionadas. Si la ley fijaba un tope a lo que Provida podía depositar en el Banco de Santiago, o las acciones que podía comprar de CCU, Provida se pegaban a este tope. Más aún, no había ninguna provisión que impidiera a una AFP contratar a la compañía de seguro del mismo grupo económico.

Estos vacíos legales tempranamente provocarían los primeros escándalos financieros del sistema. Así ocurrió en 1983 y 1984, cuando Provida contrató el seguro de invalidez y sobrevivencia con la aseguradora del mismo grupo Cruzat-Larraín: Consorcio. Este conglomerado estafó al fondo de pensiones al pagar un sobreprecio a su propia aseguradora por las pólizas del seguro de invalidez.

En la Crónica secreta de la economía chilena, Carlos Tromben reporta otra estafa realizada por Cruzat-Larrain. Los protagonistas eran AFP Provida y Sovin, otra empresa del grupo. El modus operandi era similar al anterior: Sovin le vendía a la AFP instrumentos a precios inflados, o bien le compraba a precios por debajo del mercado. En cualquiera de los dos casos el resultado era siempre el mismo: ganancias para Sovin, y pérdidas netas en el fondo de pensiones administrado por Provida.

Todas estas maniobras para sustraer millones de los fondos de pensiones fueron protagonizadas por ejecutivos del grupo Cruzat-Larraín estrechamente cercanos al presidente Sebastián Piñera, hermano de José. 

Pese a ello, Manuel Cruzat no supo mantener su imperio, el cual se calculaba en un 5% del PIB de Chile, y en sucesivas crisis a partir de 1982 fue incrementando su deuda y perdiendo fuerza como grupo económico, hasta que en 2012 prácticamente desapareció, siendo reemplazado por los Luksic y los Angelini, que adquirieron varios de sus activos, como por ejemplo  la CCU y Copec, respectivamente.

Dos décadas más tarde de lo que narra este reportaje, la historia no se repetiría pero si rimaría con lo sucedido en los ochenta: Carlos Alberto Délano (ex gerente comercial de Provida), Carlos Eugenio Lavín (ex gerente general) y Hugo Bravo (ex gerente de finanzas) reincidirían una vez más, convirtiéndose en los protagonistas de uno de los casos más bullados de financiamiento ilegal de la política.

En 1991, y ya siendo un hombre de 43 años, José Piñera señalaba en su libro-testimonio sobre la reforma previsional: “La libertad es un fuego que templa e invita a la superación (…) El nuevo sistema iba a fundarse en la libre elección, no en los cautiverios previsionales del pasado.” Libertad y libre elección que, como hemos visto, iba a beneficiar principalmente a los grupos económicos y a ex funcionarios de la dictadura como José Piñera.

En efecto, en 1987 el mismo Piñera iba a ser elegido -con votos de las AFP- presidente de la recién privatizada Enersis. Luego, en 1990 y de nuevo gracias a los votos de las AFP en la junta de accionistas, el grupo Enersis -comandado por Piñera junto a su amigo José Yuraszeck- se expandiría tomando el control de Endesa, creando así un monopolio en la industria eléctrica.

(*) Ignacio Schiappacasse es cientista social, PhD University of Oxford e investigador Fundación por la Transparencia.