El 5 de abril de este año una estudiante de la London School of Economics envió al Banco Central una solicitud de información. Pidió una lista de los bonos y activos adquiridos por el ente emisor a partir de marzo de 2020 a través del mercado secundario.

La respuesta, al cabo de 10 días, fue la siguiente: “es del caso indicar que el Banco se encuentra impedido de divulgar información desagregada o nominada como la que se solicita, por tratarse de operaciones efectuadas en virtud del artículo 34 de la Ley Orgánica Constitucional que lo rige, las que se encuentran sujetas a la obligación de reserva contemplada en el artículo 66 de la misma ley”.

Todo indica que la autonomía del Banco Central fue uno de los capítulos de la Constitución pinochetista que la dictadura jamás aplicó. Ni Sergio de Castro ni Hernán Büchi -ex ministros de Hacienda del régimen- mostraron el menor apuro en despachar la Ley Orgánica que hiciera realidad la autonomía consagrada en la carta magna de Jaime Guzmán.

Todo lo contrario, el Banco Central fue utilizado por Büchi como extensión de Hacienda para financiar el déficit fiscal de los años 1984, 1985 y 1986.

A la hora de hablarle al país, los consejeros se parecen a los obispos medievales, celebrando misas en latín. La metáfora no es arbitraria, las actas de la reunión de política monetaria se publican con diez años de desface. 

Es cierto, no había otra opción, pero lo de 1988 fue derechamente infame. 

Para que el dictador Augusto Pinochet tuviese alguna chance de ganar el plebiscito de ese año, el Banco Central simplemente comenzó a imprimir billetes. De república bananera. 

Como no resultó, recién ahí la dictadura se apuró en sacar la Ley Orgánica. De esta manera el nuevo gobierno no pudo hacer lo que Pinochet y sus ministros hicieron. 

Gracias a esta ley los chilenos no podemos saber qué bonos compra o vende el Banco Central, pese a que sí sabemos qué bonos compran o venden las AFP. 

En su sección Transparencia Activa, el instituto emisor publica sus mecanismos de participación ciudadana: no los hay. No existen antecedentes de que se haya llamado nunca a la ciudadanía a pronunciarse sobre alguna modificación reglamentaria, como sí lo hacen (escuetamente) la Superintendencia de Pensiones y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Lo mismo ocurre en la sección Actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. La sección lleva a un PDF sin información. 

En su sección de prensa, el Banco Central muestra las actividades públicas de sus consejeros. Seminario en ICARE, Larraín Vial Asset Management, Cámara Chilena de la Construcción. Hablarle a trabajadores, sindicatos, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil no forma parte de sus prioridades, más allá de la bonita foto de su presidente Mario Marcel recibiendo a un grupo de escolares.

A la hora de hablarle al país, los consejeros se parecen a los obispos medievales, celebrando misas en latín. La metáfora no es arbitraria, las actas de la reunión de política monetaria se publican con diez años de desface. Nada que envidiarle al Vaticano.  

Hace menos de cuatro años comenzaron a subirse las declaraciones de intereses de los consejeros. Gracias a eso sabemos cuánto ganan y qué bienes muebles e inmuebles poseen. 

Sin embargo, en los años previos se naturalizó la puerta giratoria entre los consejeros del Banco Central y el mercado financiero. Es decir, las empresas cuyos bonos son comprados y vendidos por el Central. ¿Vittorio Corbo es el papa? 

Cuando se hacen estas observaciones, la respuesta de los partidarios del status quo suele ser: un consejo sin puerta giratoria solo tendría sillas vacías.

La falacia se autoexplica a sí misma.