En el marco del certamen Chile Day en Londres, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, irrumpió con un diagnóstico que sacudió los pasillos financieros de Sanhattan y el comité político de La Moneda. En entrevista con Diario Financiero, el jefe de las finanzas públicas sentenció de manera tajante que el país atraviesa una "gran recesión minera" que se mantendrá durante todo el año 2026, proyectando una caída acumulada del 7% en la producción del metal rojo. La afirmación del secretario de Estado llegó tras conocerse las cifras del Índice de Actividad Económica de julio, donde el sector minero sufrió una severa contracción del 9,3%, arrastrando al Imacec general a números rojos con una caída del 1,5% interanual.

Para desactivar los cuestionamientos hacia la conducción económica del Gobierno, Quiroz se apresuró en recalcar que esta crisis no se vincula a las políticas fiscales ni a la gestión gubernamental, calificando el fenómeno como un problema estrictamente exógeno y productivo. 

Según la tesis de Hacienda, el estancamiento responde al envejecimiento natural de los yacimientos, la caída en la ley del mineral y la postergación de inversiones estructurales por parte de grandes operaciones privadas y estatales, como Codelco o El Teniente. Sin embargo, el concepto utilizado por el ministro generó inmediatas discrepancias en el propio gremio privado. Dirigentes como Manuel Viera, de la Cámara Minera de Chile, llegaron a calificar las palabras de Quiroz como una "caricatura financiera", recordando que mientras los volúmenes de producción caen por razones técnicas, el precio internacional del cobre se mantiene en máximos históricos impulsado por la demanda de inteligencia artificial y la electrificación global.

Este complejo escenario coincide con el diseño de dos decisiones estratégicas en las oficinas de Teatinos 120. Por un lado, la cartera prepara la presentación de un paquete de dinamización económica previo al ingreso de la Ley de Presupuestos, enfocado en destrabar licitaciones públicas para garantizar una ejecución expedita en 2027, anticipar recursos de infraestructura regional y saldar compromisos pendientes con proveedores del Estado. Por otro lado, la elaboración del Erario Fiscal para el próximo ejercicio contempla una estricta contención del gasto, cuya expansión no excederá el 1%, focalizando las prioridades en el combate a la delincuencia, obras viales e iniciativas dirigidas a la infancia vulnerable.

Frente a las voces que sugieren una rebaja apresurada en las tasas de interés para reactivar la actividad —postura respaldada por analistas y por la propia conducción del Banco Central—, Quiroz descartó de plano dicha alternativa. El titular de Hacienda argumentó que el impacto de esa flexibilización tarda semestres en materializarse, enfatizando que los presupuestos oficiales apuestan a un repunte de la formación bruta de capital fijo cercano al 8,1% hacia 2026, cifra compartida por el ente rector.

Al debe

El amargo sinceramiento del equipo económico contrasta bruscamente con la narrativa de bonanza y disciplina presupuestaria que la administración de José Antonio Kast prometió durante la campaña presidencial. Las promesas de un vertiginoso “shock de confianza” empresarial y un pronto retorno al balance de las cuentas públicas se han ido desintegrando con el pasar de los meses. 

Ya a inicios de junio, el propio ministro Quiroz debió enterrar el pilar central del programa de gobierno al admitir la imposibilidad de alcanzar el equilibrio fiscal durante el mandato, postergando la meta hasta el año 2030 y solicitando al Congreso una autorización extraordinaria para elevar el techo de endeudamiento en 6.200 millones de dólares. Esta maniobra amenaza con empujar la deuda pública por sobre el límite crítico del 44% del Producto Interno Bruto.

El deterioro del motor extractivo tampoco ocurre de forma aislada, sino que se inserta en un cuadro macroeconómico complejo que golpea directamente el presupuesto de los hogares. Los datos más recientes del Banco Central y del Instituto Nacional de Estadísticas revelaron un Índice de Precios al Consumidor que en agosto anotó un alza del 0,6%, duplicando las expectativas del mercado y reubicando la inflación anualizada por sobre la barrera del 4%. 

El descongelamiento de las tarifas eléctricas, sumado a los incrementos en los combustibles y el costo de los alimentos, ha evaporado los márgenes de maniobra para eventuales recortes en la Tasa de Política Monetaria, forzando al instituto emisor a mantener una postura restrictiva que encarece el crédito y frena el consumo.

Paralelamente, la crisis del mercado laboral continúa acentuándose sin dar espacio al optimismo. Con una tasa de desocupación nacional estancada entre el 8,7% y el 9%, y con la creación de empleo formal completamente paralizada, diversos analistas señalan que la economía chilena no da muestras de reactivación real. 

Los informes del Banco Central han desmentido la visión optimista de La Moneda, advirtiendo que los recientes incrementos en los costos de contratación y los mayores gastos operacionales han llevado a las empresas a postergar planes de expansión e inversión, acelerando en su lugar procesos de automatización que eliminan plazas laborales de menor calificación.

Este sombrío panorama macroeconómico ha cobrado una dura factura política en la valoración ciudadana del Mandatario. Tras el fracaso del plan inicial "Desafío 90" —marcado por erráticas vocerías y controversias internas—, la aprobación pública de José Antonio Kast cayó al 38%, mientras que su desaprobación se disparó al 58% según las mediciones de Plaza Pública Cadem. 

Ante la incapacidad de dinamizar la economía y mitigar el alza en el costo de la vida, el Ejecutivo ha reorientado apresuradamente su agenda hacia un libreto de mano dura en seguridad pública y un cambio relámpago de gabinete, intentando contener un descontento social que se alimenta, día a día, del evidente divorcio entre las promesas electorales y la dura realidad económica.