La Moneda amanece vacía este 11 de septiembre. Kast lo había anticipado semanas atrás, en una entrevista radial: no habrá ningún acto especial en el Palacio, solo las rutinas de siempre. Es, de hecho, el primer mandatario desde el retorno a la democracia que reivindica la dictadura de Pinochet, y enfrenta esta primera conmemoración con múltiples cuestionamientos a su política de derechos humanos.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, defendió este jueves la decisión: dijo que buscan que las diferencias políticas no los lleven a "los extremos del pasado" y que el foco está en las prioridades de las personas, mirando hacia adelante.

La oposición no ha dejado de presionar por una señal que no llega: parlamentarios de distintos partidos exigen que el Gobierno se pronuncie en defensa de los derechos humanos y advierten sobre un eventual retroceso en materia de memoria. La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, pidió explícitamente un pronunciamiento del ministro de Justicia, Fernando Rabat, mientras otros en su bancada lamentaron que Kast no dijera, como sí hizo en su momento Sebastián Piñera, "dictadura cívico-militar" y "nunca más". La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, fue directa: le recordó a Kast que, más allá de sus definiciones políticas, "también es el presidente" de las familias que siguen buscando a sus desaparecidos.

La Fundación Salvador Allende y los partidos opositores encabezan este viernes la conmemoración central del país en el Cementerio General, con homenaje en el mausoleo del ex presidente, caminata por Morandé 80 y una ofrenda floral en la Plaza de la Constitución, además de una ceremonia en la explanada del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, estará a cargo del despliegue de Carabineros y PDI en los puntos considerados críticos —Villa Francia en Estación Central, Bajos de Mena en Puente Alto, y el sector de Avenida Colón con Padre Hurtado en San Bernardo—, ante convocatorias que podrían derivar en hechos de violencia. "Estamos preparadísimos", dijo, y aclaró que las manifestaciones pacíficas con los permisos correspondientes podrán realizarse, incluso con cortes de tránsito, mientras se respeten las normas.

Dentro de la coalición de Gobierno hay respaldo abierto a la decisión de Kast: el diputado UDI Eduardo Cretton dijo que demuestra que quiere ser el presidente de todos los chilenos, y el vicepresidente de RN, Diego Schalper, llamó a darle a la fecha "un sentido menos vinculado a la polarización y más al futuro". Por su parte, el diputado Pier Karlezi (PNL) adelantó que él sí celebrará la fecha.

En paralelo, y en otro frente, esa misma semana Kast ratificó ante parlamentarios republicanos y del Partido Nacional Libertario, en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, su compromiso de avanzar en indultos para ex uniformados condenados por hechos del estallido social, aunque sin fecha comprometida.

Johannes Kaiser, timonel del PNL, reclamó este jueves una disposición más clara del Ejecutivo, no solo con los indultos particulares sino con el proyecto de ley de indulto general que impulsa su partido. La presión viene de antes: el senador Ignacio Urrutia lamentó que el 11 de septiembre no fuera la fecha simbólica escogida para los primeros indultos, y la senadora Vanessa Kaiser cuestionó en CNN la falta de decisión del Presidente. Amnistía Internacional Chile, por su parte, insiste en que ninguno de los 14 uniformados condenados por violaciones graves a los derechos humanos durante el estallido está preso "por servir": según cifras de la Fiscalía entregadas en 2025, de 11.506 denuncias por violaciones de derechos humanos en ese período, solo 575 tuvieron término judicial.

Detrás del silencio de este viernes hay algo más concreto que un gesto ausente. El 31 de marzo, a menos de dos semanas de asumir, el Ministerio de Justicia desvinculó a las tres jefaturas técnicas del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, el programa creado en 2023 durante el Gobierno de Boric para liderar por primera vez desde el Estado la búsqueda del más de un millar de víctimas que aún permanecen desaparecidas. El equipo removido había logrado identificar una posible fosa clandestina en un antiguo vertedero de Macul, reconocer la desaparición forzada de Luis Pino Soto, un estudiante secundario de 15 años de Arica, e iniciar una acción penal por la inhumación y exhumación ilegal de 110 detenidos desaparecidos en la Cuesta Barriga. A los despidos se sumó un recorte presupuestario cercano al millón de dólares y el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos de la Contraloría General de la República.

Familiares de víctimas y organismos de derechos humanos leen esto como un giro hacia el olvido: la presidenta de la Agrupación de Familiares de Colonia Dignidad, Margarita Romero, habló de un "proceso de desmantelamiento progresivo" ya en los primeros dos meses de gobierno. El Ejecutivo, en tanto, ha pedido a la Fiscalía que no se oponga en tribunales a solicitudes de beneficios carcelarios para condenados por crímenes de lesa humanidad.

El heredero, antes de La Moneda

La ausencia de gesto no es una novedad en la biografía de Kast: es una constante. A los 22 años apareció en la franja del "Sí" del plebiscito de 1988, llamando a votar por la continuidad de Pinochet. En 2018, escribió una columna que describió el período como una mezcla de una dimensión "gloriosa" y otra "horrorosa". Ese mismo año, en redes sociales, planteó que el 11 de septiembre de 1973 Chile había escogido la libertad, gracias a quienes se alzaron para impedir una revolución marxista. Nada de eso ha sido corregido: en agosto pasado, Kast dijo que su postura es conocida y que se trata de una mirada que no oculta.

El entorno más cercano no ayuda a disolver la etiqueta, la confirma. Fernando Rabat, ministro de Justicia y Derechos Humanos —el mismo a quien la oposición exige un pronunciamiento este viernes—, integró el estudio jurídico de Pablo Rodríguez Grez, el fallecido líder de la organización paramilitar Patria y Libertad, y defendió a Pinochet en el caso de fondos ilícitos Riggs. El ministro de Defensa, Fernando Barros, fue un vocal defensor de Pinochet tras su arresto en Londres en 1998 y trabajó para liberarlo. Organizaciones de derechos humanos calificaron ambos nombramientos de "provocación" y "retroceso".

El resultado es un 11 de septiembre sin ceremonia y sin condena, pero no sin gestos: mientras el Ejecutivo evita nombrar la dictadura, desarma en silencio la búsqueda de sus víctimas y negocia en privado los términos para beneficiar a quienes reprimieron hace apenas seis años. El silencio, en este caso, no es neutral.